Por años, Israel Vallarta fue sinónimo de un escándalo mediático y judicial que marcó a fuego la credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia en México. Su reciente liberación, tras más de 18 años de prisión preventiva, es mucho más que un acto judicial tardío: es una herida abierta en el rostro del sistema penal mexicano. Una herida en la que también figuran nombres clave como Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, dos hombres que durante el sexenio de Felipe Calderón construyeron un aparato de poder, manipulación y violencia amparado en el discurso de la “guerra contra el narco”.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, en un operativo televisado que, con el tiempo, se revelaría como un montaje. Florence Cassez y él fueron presentados como miembros de una presunta banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”. Las cámaras de Televisa y TV Azteca estuvieron presentes en la transmisión del espectáculo, que no fue otra cosa que una puesta en escena orquestada por la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna, y ejecutada por su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino.
El montaje fue tan burdo como efectivo: la opinión pública fue moldeada, la imagen del gobierno federal fortalecida, y el caso se convirtió en un símbolo de éxito en el combate al secuestro. Pero la verdad, como suele pasar en los regímenes donde la justicia se manipula desde el poder, tardó años en emerger. Florence Cassez fue liberada en 2013 por resolución de la Suprema Corte, al considerarse que sus derechos fueron violentados. Israel Vallarta, en cambio, fue condenado a la indiferencia institucional: sin sentencia durante casi dos décadas, torturado, y sin acceso pleno a una defensa adecuada.
La reciente decisión de un juez de liberar a Israel Vallarta, en esencia, un acto de reparación mínima. Pero la justicia sigue incompleta: ningún funcionario de alto nivel ha respondido penalmente por las violaciones flagrantes a los derechos humanos cometidas en su contra. Ni Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso por tortura, ni Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, han enfrentado una acusación directa por el caso Vallarta.
Sin embargo, los vínculos entre estos personajes son claros. Durante años, Cárdenas Palomino fungió como brazo operativo de García Luna. Juntos dirigieron la AFI y luego la Secretaría de Seguridad Pública federal. Durante ese periodo, proliferaron las denuncias por violaciones a derechos humanos, tortura sistemática, y fabricación de culpables. La ONU y organismos internacionales documentaron varios de estos casos, entre ellos el de Vallarta.
En 2021, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Cárdenas Palomino por su participación directa en la tortura de Israel Vallarta. El entonces mando de seguridad fue acusado de ordenar y participar en las agresiones físicas y psicológicas contra Vallarta, con el fin de arrancarle una confesión y sostener la narrativa del montaje. Aunque su detención fue celebrada como un acto de justicia, lo cierto es que su proceso avanza con lentitud y sin el ruido mediático que tuvo su época de poder.
El caso de Israel Vallarta es una muestra clara del uso político y mediático de la justicia penal. En lugar de instituciones al servicio de la ley, tuvimos operadores al servicio del poder, dispuestos a mentir, torturar y manipular para construir “éxitos” que justificaran la mano dura. La guerra contra el crimen fue, en muchos casos, una guerra contra la verdad.
Hoy, Vallarta sale parcialmente libre, pero su historia sigue siendo una advertencia: en México, la presunción de inocencia puede ser pisoteada por una cámara de televisión, una declaración filtrada, o el interés político de una administración. Y mientras no haya justicia real contra quienes fabricaron culpables, no podremos hablar de un verdadero Estado de derecho.
La sentencia de Genaro García Luna en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico ha reactivado la discusión sobre los crímenes cometidos durante el calderonismo. Pero el caso Vallarta revela una dimensión aún más siniestra: la colusión no solo fue con criminales, sino con los métodos del terror institucional. Tortura, fabricación de pruebas, manipulación mediática. ¿Cuántos más están en prisión por crímenes que no cometieron? ¿Cuántos Vallarta siguen olvidados por un sistema que solo actúa cuando el escándalo toca su puerta?
El gobierno de la 4T ha prometido una transformación profunda de las instituciones de justicia. La liberación de Vallarta debería ser un parteaguas: no basta con denunciar el pasado, es necesario castigar a quienes lo construyeron. La historia de Israel no debe ser solo una nota más en la prensa. Debe ser el detonante para limpiar, de raíz, un sistema que permitió que un hombre inocente pasara casi 20 años en prisión sin sentencia.
¡Porque mientras él estuvo encerrado, sus verdugos vivieron con poder, impunidad y aplausos!
