Desde la reciente aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial se han visibilizado muchas inconformidades (especialmente opositoras), que hacen notar un cambio en el panorama político, marcando el final de un proceso legislativo que afortunadamente ya no puede deshacerse.
Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por petición de distintos jueces, juezas y diferentes colaboradores del PJF, así como algunos partidos opositores, han pedido a la Presidenta Claudia que se “elimine” o se “quite”.
Situación un poco decepcionante, pero a la vez refuerza diversos elementos que han hecho de esta reforma una realidad. Pues es extraño que, siendo abogados o abogadas —en su mayoría—, no sepan que esto es inconstitucional.
Al pasar todos los filtros institucionales, como; la revisión, debate y aprobación en ambas cámaras, la reforma deja de ser una simple propuesta o una posibilidad en discusión; se convierte en ley, siendo esta transición es irrevocable.
Las reglas democráticas son claras: una vez que una reforma se convierte en parte del texto constitucional, no hay vuelta atrás sin recurrir al mismo proceso legislativo y político que lo permitió en primer lugar.
Por lo tanto, lo que corresponde ahora no es mirar hacia atrás ni cuestionar la legitimidad de la reforma, sino aceptar sus implicaciones y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que nos ofrece.
Lo siguiente es un momento decisivo para la renovación del Poder Judicial en México. Esta reforma abre la puerta a un proceso titánico: la democratización de una de las instituciones más poderosas y, hasta ahora, más opacas del país. Y es que la justicia no puede seguir siendo únicamente de élites ni estar secuestrada por estructuras tradicionales que han perpetuado privilegios y desigualdades. El Poder Judicial necesita ser reflejo de la sociedad que pretende servir al Pueblo, y esto solo será posible si abrimos las puertas a la participación activa de las nuevas generaciones.
La llegada de las juventudes al Poder Judicial, nuevos perfiles preparados que no han tenido la oportunidad de poder participar abiertamente en los procesos de selección, no es solo un deseo, sino una necesidad urgente.
Este relevo generacional puede significar, por fin, la entrada de una visión que entienda la justicia no solo desde la técnica jurídica, sino desde la inclusión, la equidad y la lucha por los derechos humanos. Reconociendo y visibilizando también, que las juventudes antes de la 4T, hemos sido un sector históricamente olvidado y desplazado.
Nuestro sector poblacional, debe ocupar esos espacios que les corresponden, no como un favor, sino como un derecho legítimo dentro de un sistema que debe garantizar la participación de todas y todos.
Esta es la verdadera democratización del Poder Judicial, la que abre oportunidades para restablecer la confianza ciudadana en esta institución, escuchando y abriendo las puertas para que comencemos una construcción sólida.
Por eso, con diálogo y paciencia, como lo hemos venido haciendo desde que se trataba únicamente de una propuesta, debemos abrirnos al debate, profundizando y extendiendo el entendimiento, para colaborar en que esta ley, se logre aceptar como una oportunidad única de participación para todas y todos para hacer del Poder Judicial una institución que verdaderamente sirva a la ciudadanía, que sea imparcial, accesible y comprometida con los principios de la democracia.
La reforma es ley, y el siguiente paso es empaparnos del proceso de renovación judicial que se avecina. Si queremos un cambio real, debemos abrazar esta oportunidad y asegurarnos de que las juventudes tengan el papel protagónico que les corresponde. La democratización del Poder Judicial no es una opción, es una necesidad que no puede esperar más, para devolverle al Pueblo el poder y la autoridad que le pertenece.
