Diversos grupos se lo han acuñado, otros lo debaten, y yo planteo en la discusión, quiénes lo interiorizan y actúan en consecuencia.
Suena lógico que la justicia se genera, únicamente, en las cortes y los tribunales, es decir, que es un asunto meramente jurisdiccional; sin embargo, cada entidad pública, un edificio con el escudo nacional o colores del gobierno en turno, está integrado por personas con identidad propia, ideales, valores y energía única, que aportan a este sistema llamado: México.
A lo que pretendo poner énfasis, es a la inevitable relación entre servicio público y persona humana, donde la sociedad siempre exigirá profesionalismo, honestidad, expeditez, y el cumplimiento de cualesquiera principios de la función pública; el detalle, es que hombres y mujeres somos falibles, nuestra formación y conducta inciden absolutamente en ese ejercicio institucional.
Sin embargo, tal dualidad no debe ser pretexto para justificar actos indebidos, desde el servicio público. Robar es tan reprobable como anteponer intereses personales o de grupos de poder sobre los de la colectividad; de ocurrir esto, la justicia social es tan solo un sueño, escrito en las leyes del Estado, pero muy lejos de la praxis.
Esta es una manera de explicar por qué se llega a una reforma judicial en nuestro país. La percepción de impunidad, el aletargamiento de los juicios, un caro acceso a la justicia y la opacidad en uno de los poderes de la unión —que engloba dudas sobre el destino de recursos públicos y la apatía de las personas titulares de los juzgados o tribunales, para involucrarse con los clamores sociales— derivaron, de un modo u otro, en hartazgo social.
Estas exigencias tomaron ruta a través de un gobierno a todas luces transformador, que ponderó con valentía la necesidad de reconfigurar las instituciones que “olían” a podredumbre. Aclaro que esto no tiene que ver con un partido político, pero sí con una ideología humanista, cuya prioridad es mirar las necesidades colectivas y, más aún, aquellas que durante años no solo no se atendieron, sino que se desestimaron para anteponer colectivos empoderados económicamente, intereses de poderes fácticos —o, peor, extranjeros—. Es así, que el 5 de febrero de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una propuesta de reforma constitucional, que trastocaba rotundamente el funcionamiento, estructura y forma de organización del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, una mínima parte de la sociedad se opuso y expresó su sentir a través de distintas herramientas: marchas, reuniones sindicales, foros, redes sociales, paros laborales, gritos, insultos, amenazas —incluso por ir a trabajar a los juzgados— y subidas y bajadas a rines imaginarios (por qué no decirlo).
Con ello, se perdieron amistades, aumentó la hostilidad en todo órgano jurisdiccional federal; se congestionaron miles de chats con pura barbaridad; se comparó a México con “Cubazuela del Norte”; licenciados en Derecho, en ocho semanas, se doctoraron en Economía y explicaron a detalle cómo esta reforma judicial afectaría las finanzas en el mundo y cómo perderíamos inversiones extranjeras. Quizá hasta pasó por su cabeza la reencarnación del “Che” Guevara, para anotarse en alguno de los Comités de selección de las y los nuevos integrantes del PJF.
Mientras ese apocalipsis se construía en las redes sociales de empleados y empleadas de este poder de la Unión, durante más de dos meses, se dejaron de recibir la totalidad de demandas promovidas por abogad@s que dependen de sus litigios para cobrar. Algunos asuntos de familia tuvieron que esperar a ser resueltos, al igual que gente recluida en la cárcel, para tener certeza sobre si su situación era definitiva o no. Esto fue porque no eran parte de asuntos urgentes, desde la perspectiva de las y los titulares, sus diversas asociaciones, y personas integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Desde una perspectiva distinta, otras personas que también nos dedicamos a impartir justicia, reflexionábamos cómo se puede hablar de justicia en un país, cuando se exige, solo para unos cuantos. Y por supuesto que el proyecto de vida de todas esas juezas (ces), magistradas (os), ministras (os) —no más de 2000— tienen mucha valía; por ello, la reforma contenía fórmulas de continuidad; sin embargo, desinformando, estos grupúsculos decidieron anteponer sus intereses personales, al de la colectividad.
Pensar en justicia social, sin convicción ni vocación, desentona con la misión de impartir justicia, con los principios que involucran la labor, lacera a los sectores menos favorecidos de la sociedad, y pone en entredicho el compromiso institucional.
Por mi parte, ¡si hay que elegir entre derecho y justicia, gana justicia!
