La 4T ha transformado la vida de millones de familias mexicanas al haber incrementado sus ingresos mediante el aumento al salario mínimo y la transferencia de recursos -que benefician a más de 25 millones de familias- a través de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y madres abandonadas, así como las becas para el bienestar de jóvenes estudiantes de todos los grados escolares. Pero también se ha transformado la vida de cientos de familias que antes vivían en la medianía de la clase trabajadora y ahora tienen vidas de nuevos ricos, debido a los altos sueldos de la burocracia dorada que siguen vigentes como infame legado del PRI y del PAN. Y ni de eso, ni del fuero, ni de la reelección se quieren desprender los herederos del poder, desde los oportunistas más rancios del PRIAN, hasta algunos farsantes que, en su momento, celebraron con bombo y platillo la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos disfrutan sin repelar de los privilegios que no les ha quitado la 4T, porque pues, ¿cómo se van a dar un balazo en el pie? Ellos siguen creyendo que merecen ganar lo que ganan por el hecho de haber llegado a un cargo público, y hay quienes creen que el gobierno les debe dinero y prosperidad individual. Se sienten con el derecho a la suburban, sin más.
Por eso los servidores públicos que ganan sueldos que no son proporcionales a sus responsabilidades se desencajan cuando se les invita al trabajo honrado de la administración pública. No comprenden cómo alguien puede vivir con 15 mil pesos al mes -por encima de la media de lo que ganan los analistas del sector público- y no toleran bajar su nivel de ingreso tan estrepitosamente como subió el día que tomaron protesta del cargo con sueldo desproporcionado. Es alarmante esa falta de empatía con el Pueblo y la incomprensión de un mantra que se ha repetido ad nauseam en las conferencias mañaneras del Presidente: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
La corrupción institucional tiene varias formas: cobrar sin trabajar, ocupar un cargo técnico para el que no se está capacitado, colocar amigos y familiares en posiciones de poder, robar el presupuesto del Pueblo utilizando los mecanismos de adquisición de bienes para desviar recursos -y todas las estrategias para transferir recursos públicos a privados-, así como recibir un sueldo que no es proporcional a las responsabilidades del cargo, entre otras.
Y es que el problema con los sueldos desproporcionados es que hacen que los cargos públicos sean codiciados por ello y no por su carácter transformador, lo que deja fuera de la contienda a la gente honesta que busca servir y permite que los perfiles más corruptos estén a cargo de la administración del dinero del Pueblo. Mientras los cargos públicos sigan siendo atractivos por sus privilegios los corruptos seguirán empeñándose en obtenerlos.
En lo personal, no creo que la justa medianía ronde los cien mil pesos mensuales. Al menos no en mandos medios ni en altos funcionarios de gobiernos locales, porque la inmensa mayoría de los analistas y oficinistas ganan 10 mil pesos mensuales, muchos de ellos sin seguridad social, sin posibilidades de adquirir una vivienda y obligados a viajar en inseguros e incómodos transportes públicos.
No puedo olvidar la vez que se me retorció el estómago al leer en redes sociales una publicación que decía que el dinero honesto no alcanza para nada. ¿Qué puede hacer una persona a la que no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Qué alternativa le queda a toda la banda que tiene hijos y el sueldo no le permite pagar una emergencia médica? ¿La corrupción institucional tiene solución? ¿Los legisladores locales harán algo al respecto o se abstendrán de regular el dispendio porque tienen familiares que disfrutan de ello? ¿Se arreglará algo bajando los sueldos de la burocracia dorada?
Todas esas preguntas deben servir para formular métodos de combate a un problema sistémico, que es la corrupción institucional; aquella que pide sobornos a cambio de la entrega de programas y servicios, que extorsiona ciudadanos que buscan solucionar problemas que afectan su vida cotidiana, que impide que se atienda médicamente a personas que lo requieren y que, en general, afecta el desarrollo de la vida pública.
De lo que estoy bien seguro es que al Pueblo le encabronan esos excesos y que, quienes nacimos en Morena y en el Obradorismo, tenemos la obligación moral de terminar con ellos.
No es un asunto nada más de ahorrar, de abaratar los costos de la nómina; es un asunto de quitar la fastuosidad y la superficialidad a la política y a la administración pública, de que los gobiernos dejen de ser agencias de colocación y sean espacios de transformación de la vida pública nacional. Ya lo dijo el Presidente: arriba los de abajo y abajo los privilegios.
