En México, el anhelo por alcanzar la democracia es centenario. Con la estridencia del llamado revolucionario de Francisco I. Madero, este se incrustó en el debate público: se persiguió primero con las armas y después por vías institucionales. Ya bien entrado el siglo XX, fue una de las exigencias más claras de los movimientos de la izquierda mexicana frente a la hegemonía de un grupo político cerrado y dominante.
La llamada transición democrática, como observamos a la luz del tiempo, implicó un cambio de partidos pero no de proyecto económico y, por lo tanto, fue una continuidad de régimen. Comenzó entonces a tomar fuerza la propuesta de consolidar otro tipo de democracia, en cuyo centro no estuviera la alternancia sino la participación de la ciudadanía. A veintiún años de aquella elección del 2000, por primera ocasión en México se llevará a cabo un ejercicio de consulta popular dentro del marco institucional electoral, lo que expresa un paso a la consolidación del anhelo de contar con cauces de participación vinculantes y democráticos; es decir, de ahondar en la tan buscada democracia participativa.
La reglamentación de la consulta popular se dio en el marco de negociaciones cupulares entre los partidos que firmaron el pacto por México, en el año 2014. De ahí que haya quedado como una concesión de tintes democráticos, pero con francos obstáculos para su implementación, siendo los más grandes tanto el número de firmas que se requieren para su realización como el altísimo porcentaje del padrón electoral que debe votar para hacerla vinculante.
Aun así, y en medio de una pandemia global de dimensiones todavía incalculables, la ciudadanía organizada logró franquear el primer obstáculo y alcanzar las firmas requeridas rumbo a la primera consulta, con el objetivo debuscar justicia por los crímenes del pasado. Tanto el tema como el contexto político de México hacen de este ejercicio una expresión participativa, institucional y pacífica en aras de minar a la impunidad, que es uno de los lastres más graves que resultaron como saldo de una estrategia de seguridad fallida.
Ante esta hazaña ciudadana, la oposición conservadora ha mostrado su verdadero cariz antidemocrático buscando deslegitimar el ejercicio y su causa, Argumentan que la justicia no debe consultarse, como si México no tuviera una historia de impunidad fincado en su sistema judicial; también comentan que es un proceso muy costoso, como si la democracia mexicana no fuera una de las más caras del mundo porque, entre otras cosas, el INE ha sido renuente a ajustarse a la austeridad, implementada en la mayoría del sector público.
Aunque la consulta es un instrumento mejorable, es innegable que tiene un potencial enorme para incorporar al pueblo en la toma de decisiones nodales para la vida pública de nuestro país y, al ser la primera vez que se ejerce, marcará un hito histórico en los procesos democráticos de México. El objetivo de obligar a las fiscalías a atender el clamor para que miles de víctimas de los crímenes del pasado obtengan justicia, además, es primario para modificar la estructura de impunidad en la que se sostienen las más graves desigualdades de este país.
Por la profundización de la democracia mexicana y la efectiva participación ciudadana, la Consulta Popular, va.
