En recuerdo a Antonio Helguera.
Decidir si se quiere regresar o huir del régimen de antaño es una confrontación donde olvido y memoria discutirán qué les conviene. El debate se reafirma con la consulta popular. Es legal, y democrática; aunque la pregunta de la SCJN también es rebuscada, cumple su objetivo. El ejercicio reconoce el ser ciudadano, su voz, opinión y voto. Muchos de los mexicanos que decidirán si los expresidentes deben de ser juzgados, votaron en los años de las elecciones fraudulentas convocadas por el Estado. Pasar de largo sobre la consulta es validar ese pasado. El IFE, creado en 1990 por el beneficiario del fraude de 1988, dependía del Estado. Hasta 1996, fue independiente y autónomo, en 1997 organiza su primera elección y en 2000 la presidencial. Al INE de 2014 que opera a nivel federal no le tocó la elección presidencial de Estado del IFE en 2012, cuando los electores le dieron otra oportunidad al PRI después de dos sexenios fallidos del PAN.
El ineludible choque entre recuerdo y desmemoria obliga a un repaso de dos sistemas políticos fallidos, abusivos y depredadores para indagar si los mexicanos estarían de acuerdo en regresar o respaldar al nuevo régimen en construcción. Quienes votaron con credencial de cartón de la Comisión Federal Electoral (CFE), dependiente de Gobernación, sabían que las credenciales se duplicaban y que no había control para garantizar pulcritud electoral ni democracia. La herencia de esa dictadura perfecta impidió la participación de los mexicanos en los asuntos de su gobierno. Quiénes desestiman la consulta popular pertenecen a los beneficiarios de aquella dictadura que otros defienden pese a su condición de afectados. La consulta es relevante al afianzar democracia.
Voltear la mirada a los años oscuros y autoritarios del régimen de Estado, de crecimiento y abuso sostenidos, que encarceló y desapareció a mexicanos por reclamar libertades individuales, transita de la dictadura perfecta al modelo económico y sistema político de 1988 de falaz promesa de paraíso neoliberal que tuvo la capacidad de destruir el crecimiento y rebasarlo en pobreza, desigualdad y corrupción.
Los excesos del régimen de Estado le abrieron la puerta al supuesto paraíso que terminó en un infierno de injusticia y desigualdad. El cambio del régimen de Estado a modelo de mercado no tuvo espacio para la democracia y fue inaugurado con un fraude que no alertó a todos los ciudadanos. Venían de la costumbre de un régimen totalitario que moldeó y condicionó a esas generaciones de padres y abuelos para cuestionar poco y tolerar mucho. El ritual del tapado, del dedazo y de las elecciones de Estado condujeron a esta nación a seguir los pasos que les marcaban. No participaban; eran meros testigos. De la transición de régimen totalitario al neoliberalismo impuesto para ser abrazado con más fervor que una religión, las mayorías quedaron excluidas. Carlos Salinas pretendió borrar su fraude con el IFE no independiente.
El neoliberalismo mexicano fue un pernicioso exceso. Destruyó lo que funcionaba y multiplicó los errores de lo que llegó a sustituir. El 2018 es un antes y un después. Dieciocho años después del sexenio perdido, los ciudadanos volvieron a participar. A ellos les envían el mensaje que su opinión en la consulta popular no cuenta ni tiene importancia. ¿Cómo no va a tenerla si cambiaron el mapa político de México?
Los cinco expresidentes puestos en la boleta del juicio ciudadano provienen del régimen neoliberal; no pocos piensan que debieron incluir a Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel de La Madrid, pero la consulta popular abarca solo los treinta años neoliberales. Por primera vez este ejercicio sitúa a los ciudadanos del lado opuesto a la época donde carecían de decisión. Fueron heroicos al votar sabiendo que no existía un sistema democrático. Recurrir ahora a la ley – siempre pisoteada– para minimizar la consulta es regresar al pasado antidemocrático donde la gente estaba excluida. Sin ciudadanos no hay democracia. Los que se oponen no consultaban, imponían. La consulta visibiliza a los electores que catalogaron como desaparecidos.
Antes de 1996, las elecciones en México intentaban ofrecer al mundo una imagen democrática que, hacia el interior del país, nadie creía. Todos sabían que harían trampa. Si bien el PRI estuvo siempre asociado al fraude, en 1988 el PAN le quitó la exclusividad cuando se benefició por apoyar el fraude salinista, lo que lo convirtió en otro obstáculo para la democracia. En 1997, Acción Nacional conocía la ruta y con la negociación del Fobaproa, vio sus frutos en 2000, y después volvió a lucrar con el fraude 2006. Los gobiernos impuestos por el fraude electoral no hacen consultas.
A México le llevaría cincuenta años desligar las elecciones del gobierno, si la cuenta empieza con el IFE. Aunque desde 1996 el Estado dejó de ser quien convocaba, organizaba y calificaba elecciones, no impidió el fraude 2006 ni la elección de Estado de Enrique Pena Nieto en 2012. Quienes pese a los fraudes siempre votaron son constructores de la democracia. La consulta implica a los ciudadanos para decidir el rumbo de su gobierno.
Miguel De la Madrid es el último presidente priista que ejerció el ritual del tapadismo y su dedo elector alcanzó a imponer a Carlos Salinas. Los electores en la democracia ausente se dividían entre abstencionistas del: ¿para qué voto si van a hacer fraude? y quienes con su credencial de la Comisión Federal Electoral (de cartón y sin foto ni certeza) votaron sin condiciones equitativas. En 2018 hubo corte de caja, la esperanza sigue viva y hay que atesorarla.
Hacer caso omiso de la consulta es consentir delitos graves de expresidentes agazapados detrás del cargo como garantía de impunidad. Sus agravios son saldo pendiente ante las víctimas de sus abusos. La ausencia de consecuencias vulnera la justicia. Tolerar al pasado impune es un retroceso que impide a México avanzar hacia la normalización de su vida pública. Resolver esos agravios a través del veredicto ciudadano, permitirá que no vuelvan a ocurrir. Es un aviso de no impunidad para quienes aspiren a sentarse en la silla presidencial.
La consulta es un poderoso mensaje ciudadano que toma en sus manos su derecho a participar, que enfrenta el olvido de un pasado común, para que la memoria mantenga vivo el rechazo a corrupción e impunidad. Es situar a cualquier presidente delincuente ante sus hechos para ser juzgado por los ciudadanos y la historia. La consulta además de valioso ejercicio democrático cierra los ciclos de un doloroso pasado para iniciar a partir de ahí un futuro promisorio y democrático.
