Durante décadas, el Poder Judicial fue esa habitación oscura donde el Pueblo no tenía llave. Mientras se votaban presidentes, diputados y senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran designados a puerta cerrada, entre acuerdos de élites políticas, recomendaciones diplomáticas y cuotas partidistas. Pero este 2025, la historia cambió. Por primera vez, el Pueblo de México fue convocado a elegir, con boleta en mano, a quienes vestirán la toga más alta de la República.
No es poca cosa. Democratizar el máximo tribunal del país es tocar una de las fibras más profundas del sistema: la justicia. Y aunque el proceso no fue perfecto porque ninguna democracia lo es en su primer intento, el mensaje fue claro: el Pueblo mexicano ya no quiere jueces que no rindan cuentas. Quiere impartidores de justicia que provengan de la lucha, no de los despachos de San Ángel.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de Oaxaca, encabezó la votación con más de cinco millones de sufragios. No es menor que un hombre formado en la defensa de los Pueblos indígenas haya sido el más votado por el país entero. En un México históricamente clasista, racista y centralista, eso representa una sacudida simbólica: el sur profundo llegó a la Corte por la vía del voto, no por la caridad del poder.
Junto a él, figuras como Lenia Batres Guadarrama autoproclamada “ministra del Pueblo” y Yasmín Esquivel Mossa también obtuvieron el respaldo ciudadano. Sus trayectorias han sido polémicas, pero su elección deja una lección importante: ya no serán los notables quienes elijan a los ministros. Ahora es el Pueblo quien decide si alguien es digno de impartir justicia o no. Y como todo acto popular, con sus aciertos y sus contradicciones, esa decisión es soberana.
El resto de las y los ministros Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García representan diversas corrientes jurídicas, todas con una trayectoria marcada por el contacto con la vida pública, con el servicio, con el país real. Algunos vienen del activismo por los derechos humanos, otros de fiscalías, universidades y organizaciones civiles. Ya no son los ministros de la torre de marfil. Son ministros que han caminado el lodo del país.
Los críticos de siempre los mismos que antes negociaban las ternas en lo oscurito han puesto el grito en el cielo por la participación: 13%, dicen, es muy poco. Pero callan el hecho de que más ciudadanos votaron por estos perfiles judiciales que por todos el PAN o PRI o MC en las elecciones federales de 2024. ¿Cuál es la verdadera debilidad entonces: el proceso o quienes no logran convocar ni a sus propios votantes?
Esta elección judicial, imperfecta y perfectible, abre una puerta que durante siglos estuvo cerrada: la puerta de la justicia popular. Por eso, las y los trabajadores deben mirar con atención este momento. Porque los nuevos ministros no llegan a un tribunal sellado al Pueblo, sino a una Corte que por fin fue abierta al voto directo. Las implicaciones son profundas: si esta Corte toma decisiones sobre pensiones, subcontratación, derecho de huelga o protección sindical, ya no lo hará desde la total desconexión con la ciudadanía. Lo hará con el peso de un mandato democrático.
Claro, esto no termina aquí. Democratizar no es solo votar. Es también garantizar procesos transparentes, campañas informativas claras, debates públicos sobre posturas jurídicas y mecanismos accesibles de impugnación. La elección popular de ministros debe venir acompañada de educación cívica y participación organizada. Hay que construir ciudadanía judicial, no solo ritual electoral.
Pero hoy vale la pena celebrarlo: el Pueblo de México eligió a sus jueces. Y eso cambia todo. Porque un país que empieza a elegir a quienes imparten justicia, empieza también a creer que la justicia puede ser algo más que una palabra vacía en los expedientes. Se vuelve esperanza, se vuelve presión social, se vuelve herramienta para defender al débil ante el poderoso.
Por eso, hoy más que nunca, los sindicatos, las centrales obreras, los Pueblos originarios, deben apropiarse de este momento. Deben aprender a leer sentencias, a impugnar resoluciones, a señalar regresiones. Porque ya no se trata solo de exigir justicia en la calle. Se trata también de saber que ahora hay una puerta abierta en la Corte, y que esa puerta fue colocada por el Pueblo.
La democratización del Poder Judicial recién comienza. Pero su acto fundacional ya ocurrió. Fue este 2025, cuando millones de mexicanos dejaron por primera vez la marca de su decisión en las urnas judiciales. Y aunque el sistema aún debe corregirse, simplificarse y perfeccionarse para atraer más participación, el paso fue histórico.
La toga ya no es exclusiva de los elegidos por el presidente. Ahora, la toga por primera vez fue elegida por el Pueblo. Al diablo SUS instituciones.
