Uno de los avances menos visibilizados que ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la cultura como un derecho humano y una herramienta estratégica de emancipación popular. Por décadas, la cultura fue tratada como accesorio, como decoración; una secretaría periférica, programas marginales, museos cerrados, festivales elitistas. Hoy, ese paradigma ha empezado a cambiar y no es cosa menor.
Desde 2011, el artículo 4° constitucional reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia”. Y en 2023, se consolidó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que establece mecanismos para garantizar ese derecho con un enfoque de diversidad, inclusión y participación. Bajo la visión del nuevo gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, este marco legal no es letra muerta, es parte de una estrategia para profundizar la transformación cultural desde abajo.
Pero más allá del marco legal, ha sido la Cuarta Transformación, desde 2018, la que comenzó a darle vida política real a ese mandato. Se amplió el acceso a los programas culturales, se recuperaron espacios públicos para el arte comunitario, se fortalecieron las expresiones locales y se están democratizando fondos que antes sólo beneficiaban a cúpulas del ramo.
La cultura, por primera vez, dejó de ser privilegio de élite para empezar a ser un derecho popular. Y eso también es justicia social.
Como bien lo entendió Antonio Gramsci, la lucha política no se libra únicamente en las urnas: se libra en el sentido común, en los lenguajes, en los símbolos, en las narrativas. Y eso es justamente lo que produce la cultura. Por eso no es lujo, ni ornamento; es poder blando, pero decisivo. Es hegemonía o sumisión. Es autonomía o alienación.
Cuando el Estado apoya la creación artística desde abajo, cuando impulsa bibliotecas, cine comunitario, festivales populares, ferias de lectura, talleres gratuitos, no está haciendo beneficencia, está construyendo ciudadanía crítica y soberanía simbólica.
Raymond Williams decía que “la cultura es un modo de vida”. En esa lógica, la 4T no sólo ha llevado programas culturales a más territorios; ha devuelto al pueblo su derecho a narrarse a sí mismo, a imaginar, a crear y a resistir desde la palabra, la imagen, la música o la escena.
Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Aunque la Constitución y la ley ya reconocen la cultura como derecho, en la práctica sigue siendo un derecho frágil y difícil de exigir legalmente. Es un derecho colectivo y difuso, con escasos mecanismos judiciales para garantizarlo.
Además, persisten desigualdades estructurales en el acceso a la cultura; hay estados sin infraestructura cultural básica, municipios sin bibliotecas, comunidades sin presupuesto para gestionar lo suyo. Y no hay aún un sistema articulado de formación, acompañamiento y protección para creadores comunitarios.
Así como se habla de un Sistema Nacional de Cuidados, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se debe plantear la construcción de un Sistema Nacional de Cultura Popular y Comunitaria. Una red nacional, con presupuesto y estructura, que fortalezca los espacios culturales autogestivos; profesionalice a creadores comunitarios; difunda contenidos desde los territorios, no sólo desde las capitales; democratice el acceso a bienes culturales y la producción simbólica; y reconozca a la cultura como herramienta de paz, cohesión y defensa del territorio.
En un país como México, la cultura es identidad, pero también es resistencia. Es memoria frente al olvido, es voz frente al silencio, es territorio frente al despojo. La Cuarta Transformación ha dado pasos importantes para recuperar la cultura como derecho. Ahora, con Claudia Sheinbaum encabezando el proyecto de nuestro movimiento, el siguiente paso es consolidarla como política de Estado con vocación popular y horizonte emancipador.
Porque si la cultura es un modo de vida, como decía Williams, el proyecto de la 4T no sólo ha cambiado las políticas, ha empezado a transformar el alma colectiva del país.
