Tuve la oportunidad de presenciar un acto sin precedentes en la historia de la diplomacia mexicana: la presentación de una demanda civil por parte del gobierno mexicano en contra de 11 empresas productoras de armas de los Estados Unidos.
Desde el “Museo de Memoria y Tolerancia”, en presencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la misma Cámara, Bertha Caraveo, así como el Consultor Jurídico de Cancillería y el abogado que llevará el litigio ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts —lugar donde tienen asiento las empresas mencionadas—, el Secretario Marcelo Ebrard expresó los principales argumentos por los cuales se optó por esta vía jurisdiccional. Sostuvo que los demandados facilitan el tráfico ilícito de armamento hacia México y que los demandados han sido negligentes en el anuncio y distribución de armas rumbo a nuestro país a sabiendas de que son utilizadas para actos criminales. De igual manera, el Canciller sostuvo que el Gobierno Mexicano ha sufrido de daños directos e indirectos por las prácticas de estas empresas que se mueven bajo el lucro antes que por directrices de seguridad.
¿Qué pide el Gobierno Mexicano?
Que las empresas demandadas compensen a México por los daños generados. El monto será determinado en juicio; también se solicita que el órgano judicial obligue a las productoras a desarrollar e implementar estándares suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores. Asimismo, se solicita un cese inmediato de las prácticas negligentes que incentivan el tráfico ilegal de armas. La demanda también exige la incorporación de mecanismos de seguridad para que las armas que fabrican no sean utilizadas por personas no autorizadas, aunado a la implementación de programas, campañas en medios y otros actos que prevengan el tráfico ilícito de sus productos.
Es importante resaltar que el Senador Monreal calificó esta acción como “valiente, urgente e histórica”. El legislador respaldó al Canciller y, por su parte, la Senadora Caraveo felicitó al encargado de nuestras Relaciones Exteriores y anunció que presentó una iniciativa de ley para elevar a rango de amenaza a la seguridad nacional el tráfico ilegal de armamento a suelo patrio.
Me parece que para un país que ha sido agraviado por la dinámica transfronteriza de narcotráfico —en donde nosotros ponemos los muertos mientras que las drogas se van para el país vecino— necesita de acciones contundentes como la que el Gobierno Mexicano ha emprendido. Diariamente, un aproximado de 630 armas cruzan hacia nuestro país poniendo en peligro la vida de millones de familias mexicanas. Ya es hora de poner orden desde los mecanismos diplomáticos y jurídicos con los que el Estado mexicano cuenta para proteger a nuestra población.
En lo personal, como ciudadano mexicano, apoyo esta demanda tan importante para disminuir el poder de fuego de los cárteles mexicanos que tanta sangre han derramado. Como juarense, mientras anunciaban esta demanda, me dije: “Por fin una política basada en la inteligencia y no en los daños colaterales como ocurrió en el Calderonismo”. Porque lo que necesitamos es promover la paz, no la guerra y sobre ese horizonte nuestro Gobierno está llevando a cabo su actuar. Cuidando los más altos intereses de nuestra soberanía.
