En medio de una conversación pública simulada en el fatalismo y notas que intentan sembrar miedo, esta semana nos despertamos con un dato que no debería pasar desapercibido: la desigualdad en México se redujo a su nivel más bajo desde que hay registros, según datos oficiales del INEGI.
Por primera vez desde 1984, la brecha entre los hogares más ricos y los más pobres cayó significativamente: el ingreso del decil más alto era 35 veces superior al del más bajo en 2016; hoy es 14 veces mayor. El coeficiente de Gini —el indicador más utilizado para medir desigualdad— bajó a 0.391, su punto más bajo en 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre los que más ganan y los que menos tienen ha disminuido. Que, por fin, después de décadas de políticas excluyentes, los de abajo empezaron a vivir un poco mejor.
Y no es casualidad. Esto ocurre después de seis años de un gobierno que pone a los pobres al centro, que duplicó el salario mínimo, eliminó privilegios fiscales, amplió los programas sociales y los ha hecho constitucionales, frenó el despilfarro en la cúspide del poder, y apostó por transferencias directas. En lugar de enriquecer a los mismos de siempre, el modelo económico actual ha redistribuido modestamente la riqueza sin intermediarios ni simulaciones.
Pero este logro no cayó del cielo. Ocurre tras décadas en las que la desigualdad no solo fue ignorada, sino profundizada por diseño.
Durante el periodo neoliberal, gobernaron quienes creían que el “derrame” de riqueza llegaría si se empoderaba a los grandes empresarios. En nombre de la “modernización”, regalaron empresas públicas a amigos, desmantelaron derechos laborales, y convirtieron la educación y la salud en privilegios. Pemex, Telmex, ferrocarriles, bancos, carreteras: todo se entregó, malbaratado, a manos privadas.
Mientras la élite acumulaba millones en paraísos fiscales, en casas y autos de lujo, las mayorías sobrevivían con salarios congelados, trabajos informales y sin seguridad social. Y todavía hoy, quienes defendieron ese modelo —algunos desde el PAN, otros desde el PRI, otros desde los medios— se atreven a decir que el combate a la desigualdad es “populismo”. Lo que les molesta no es la pobreza; es que haya menos distancia entre ellos y el pueblo.
Esta semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum no solo celebró la buena noticia, sino que la explicó con claridad: los resultados no se explican sin una nueva visión del Estado, de la economía y del poder. Aumentar salarios, impulsar inversión pública y dar apoyos directos funciona. No es caridad: es justicia. No es dádiva: es redistribución de lo que históricamente se nos negó.
Claro, aún hay mucho por hacer. La desigualdad de ingresos se ha reducido, pero persisten otras desigualdades estructurales: la de género, la territorial, la digital, la étnica, la de cuidados. Una mujer gana en promedio mucho menos que un hombre, incluso con mayor nivel educativo. Una trabajadora del hogar aún está lejos de tener condiciones laborales dignas. Y las juventudes, en especial de las periferias, siguen viendo cómo sus sueños chocan con muros de exclusión. Por eso no basta con celebrarla. Debemos defenderla, profundizarla y protegerla del regreso de quienes ya demostraron a quién sirven. La derecha hoy se burla, minimiza o de plano calla. Prefieren hablar de «Venezuela», «dictadura» o «autoritarismo», pero evitan un dato frío, duro e innegable: este gobierno logró lo que ellos ni siquiera intentaron.
Reducir la desigualdad no es un accidente. Es el resultado de una voluntad política. Y por eso hay que decirlo claro: sí se puede gobernar para los de abajo sin destruir la economía. Sí se puede subir el salario sin generar inflación. Sí se puede invertir en el Pueblo sin endeudar al país. Lo que no se puede ni se debe es regresar al pasado de privilegios, corrupción y abandono.
Hoy, más de 10 millones de personas viven un poco mejor. Que no se nos olvide quién luchó por eso. Y que no permitamos que nos lo arrebaten.
