La discriminación ha sido una práctica común para la derecha mexicana. No les gustan las mujeres que protestan e incomodan; tampoco les agradan las personas que forman parte de la diversidad sexual, y lo indígena no solo no les gusta, les molesta. Quizá porque les confronta con sus propios orígenes.
Descalificaron la elección judicial del pasado 1 de junio y siempre mantuvieron su postura en contra. En eso fueron coherentes. A pesar de que pudieron haber construido una reforma -que, desde su postura, habría “mejorado” los perfiles- prefirieron alejarse para no convalidarla. La elección iba a ser jurídicamente procedente y, además, sería reconocida como válida, porque la reforma a la Constitución así lo mandataba.
Esta reforma se planteó desde el inicio como necesaria y urgente. El Poder Judicial ha sido uno de los más conocidos por la corrupción que se practica desde sus entrañas: sí, para no otorgar justicia o para otorgarla al preferido, “Don dinero”. Quienes tienen en sus manos la justicia la estrangulan cada día. Han hecho un mal uso de ella, lo que ha generado aún mayores desigualdades. La discriminación permea al Poder Judicial en sus prácticas, juicios y sentencias.
A poco más de ocho días de las elecciones judiciales, estamos viendo cómo sobreviven las narrativas de discriminación. Parecen irse, pero regresan con más fuerza. Aun cuando se han conformado instancias para prevenirla y, paradójicamente, la medimos, no hemos logrado erradicarla. Esto se refleja en la Encuesta Nacional contra la Discriminación 2022, que nos muestra que el 23.7% de la población nacional, en promedio, declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses; un aumento de 3.5 puntos porcentuales respecto a 2017.[1] El motivo de discriminación más recurrente fue la forma de vestir o el arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse y/o perforaciones): 3 de cada 10 personas se han sentido discriminadas por ello. El 13.1% lo fue por su tono de piel, y el 4.9% por ser persona indígena.[2]
Aunque considero que la encuesta no refleja con exactitud la discriminación hacia las personas indígenas -y que deberíamos analizarla con más profundidad-, lo cierto es que esta elección, que dio por ganador a un indígena que ha expresado su intención de llevar sus galas oaxaqueñas a las sesiones de la Suprema Corte -en lugar de la tradicional toga negra-, ha desatado críticas feroces. Algunos afirman que sería una falta de respeto hacia la institución, ya que la toga es un símbolo que distingue a las magistraturas y otorga autoridad a quienes imparten justicia. Otros opinan sus trajes de gala son una indumentaria cultural y no “profesional”.
Sin embargo, considero que la discusión debería centrarse en el compromiso que el nuevo magistrado ha adquirido con la sociedad mexicana, especialmente en lo que respecta a la eliminación de las injusticias y la discriminación en la impartición de justicia para las mujeres, ya que más del 90% de las denuncias se quedan sin castigo. Se sigue discriminando a las personas de la diversidad sexual, especialmente a las menos favorecidas social y económicamente, y persiste el estigma hacia las personas pertenecientes a grupos indígenas.
La discriminación y la estigmatización son prácticas que dificultan sus procesos judiciales y crea lo que conocemos como violencia institucional. En materia de justicia, los jueces, en la mayoría de los casos, invisibilizan las violencias; por ello, existe desconfianza en el sistema judicial. La impunidad es un problema grave que afecta directamente a las mujeres. Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD),[3] en su informe, cuando se logra sentenciar a feminicidas, violadores y abusadores, las víctimas deben de recorrer un largo camino que inicia desde el momento en que deciden denunciar.
También existen otras críticas hacia el magistrado electo, por haber sido omiso en denuncias a acosadores sexuales y por no otorgar pensión alimenticia a su hijo. Esa es la denuncia que debería ocupar el centro del debate, no un trapo negro llamado toga, que pretende ser “neutral y justiciero”, pero que hasta ahora solo ha representado al poder masculino.
La discriminación se define como un trato desfavorable e injusto hacia una persona o grupo debido a características como su origen étnico, religión, edad, género, orientación sexual, discapacidad, condición de salud u otras diferencias. Este trato desigual afecta directamente la igualdad de derechos y oportunidades.
La discriminación es la manifestación concreta -individual, grupal o colectiva- de la negación del principio de igualdad, y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ello, no basta con contar con instancias que contribuyan a reconocerla, sino que deberíamos estar en la sintonía de erradicarla, bajo cualquier circunstancia.
[1] “Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/
[2] “Discriminación en México”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/discriminacion/
[3] Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C., https://www.imdhd.org/instituto-mexicano-derechos-humanos-democracia/
