En los últimos días ha regresado al debate público el tema del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN). Algunos sectores políticos proponen revivirlo, argumentando que su eliminación dejó al país sin un mecanismo eficaz para atender emergencias. Sin embargo, esa postura ignora una verdad esencial: el FONDEN, tal como existía, no funcionaba correctamente. Fue un instrumento con profundas
fallas estructurales, marcado por la corrupción, el uso político y la falta de transparencia. Antes de idealizarlo, es necesario analizar su historia con sentido crítico y pensar en cómo construir un modelo nuevo, más justo y eficiente. Para entender el problema, primero es importante explicar qué es un fideicomiso público.
En términos sencillos, un fideicomiso es un contrato mediante el cual una entidad, como el gobierno, entrega recursos a una institución fiduciaria (por lo general un banco) para que los administre con un fin determinado. Este mecanismo permite separar ciertos fondos del presupuesto anual, lo que otorga flexibilidad para atender necesidades urgentes o proyectos de largo plazo. En teoría, los fideicomisos
ofrecen rapidez y autonomía operativa. No obstante, cuando la supervisión es débil, se convierten en terreno fértil para la discrecionalidad, la corrupción y la opacidad.
El FONDEN fue creado para atender con prontitud las consecuencias de los desastres naturales: huracanes, sismos, incendios o inundaciones. Mediante este fideicomiso se transferían recursos a estados, municipios o dependencias federales con el fin de reconstruir infraestructura y auxiliar a las personas damnificadas. En el papel representaba una política pública avanzada; en la práctica, fue usado de manera política y clientelar. Declaratorias de emergencia manipuladas, compras infladas, contratos sin licitación y desvíos de fondos se convirtieron en parte de su funcionamiento cotidiano.
Las auditorías oficiales muestran la magnitud del problema. Durante los sismos de 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 7,500 millones de pesos en un año en que el FONDEN manejó más de 33,000 millones. En el sexenio de Felipe Calderón se desviaron más de 1,800 millones de pesos, y en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizaron recursos del
fideicomiso para pagar servicios no vinculados con desastres, adquirir bienes a precios inflados e incluso financiar gastos internos de dependencias. Estos hechos revelan cómo los desastres naturales se convirtieron, en realidad, en oportunidades
de negocio para una élite política y empresarial.
Uno de los casos más señalados fue el de José María Tapia Franco, director del FONDEN durante el gobierno de Peña Nieto, acusado de múltiples irregularidades. Lo preocupante es que pese a esos antecedentes ha buscado mantenerse en la vida pública. Casos así confirman la necesidad ética de la Cuarta Transformación: eliminar las estructuras corruptas no basta si se permite que los mismos actores
intenten ocupar nuevos espacios dentro del proyecto de nación.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en 2020 la eliminación del FONDEN, lo hizo señalando que ese fideicomiso se había convertido en una “caja chica” de funcionarios corruptos. Su diagnóstico fue correcto y respaldado por auditorías y testimonios. En lugar de un fondo manejado con discrecionalidad, se decidió canalizar los recursos para desastres directamente desde el presupuesto
federal, a través de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las Fuerzas Armadas. Según datos oficiales recientes, existen más de 19 mil millones de pesos reservados para emergencias, de los cuales se han ejercido alrededor de tres mil millones. El nuevo modelo busca la entrega directa, sin intermediarios, con mayor control y transparencia.
Esta decisión representó un cambio de paradigma. No se trató de destruir instituciones, sino de romper con una estructura opaca y convertir la respuesta ante emergencias en una política pública integral. Desde la visión de la Cuarta Transformación, la extinción del FONDEN fue una medida necesaria y justa. Sin embargo, el reto no ha terminado: el país necesita seguir fortaleciendo los mecanismos institucionales para responder ante desastres de manera rápida, coordinada y transparente.
El caso de Acapulco tras el huracán Otis en 2023 muestra el nuevo enfoque. Otis impactó como categoría cinco, causando devastación en la ciudad y municipios cercanos. La respuesta del gobierno federal fue inmediata: Servidores de la Nación realizaron un censo casa por casa para identificar daños y entregar apoyos. Más de 212 mil personas recibieron ayuda directa mediante los Programas para el Bienestar. Los recursos se destinaron a limpieza, reparación y reconstrucción de viviendas, en un proceso articulado con los censos y con una visión de justicia social. Aunque existieron críticas por algunos censos incompletos, se abrieron mecanismos para corregir errores y atender a familias rezagadas, demostrando que se trata de un modelo en evolución, no de una estructura rígida y corrupta. El verdadero problema del FONDEN no fue su desaparición, sino la narrativa que pretende presentarlo como un instrumento perfecto. En realidad, fue un mecanismo fallido, capturado por intereses privados y políticos. Su eliminación fue un acto de justicia institucional. Lo que sigue no es revivirlo, sino construir un sistema nuevo con bases éticas sólidas, controles efectivos y voluntad política firme. La honestidad debe ser el principio rector de cualquier política pública.
México enfrenta un reto histórico: edificar un modelo de atención a desastres que combine eficiencia técnica, transparencia y sensibilidad social. La Cuarta Transformación ha demostrado que los recursos pueden llegar de manera directa a quienes más los necesitan, sin intermediarios ni complicidades. El objetivo ahora es consolidar esta nueva etapa, donde la solidaridad no sea un negocio y donde la
tragedia no se utilice con fines políticos. Las emergencias se enfrentan con organización, justicia y rendición de cuentas, no con fideicomisos opacos ni con nostalgia por un pasado que no funcionó. Lo que el país necesita no es resucitar el FONDEN, sino superar de una vez por todas su legado corrupto con un sistema que verdaderamente proteja a la sociedad.
