En los últimos días, el caso de María Amparo Casar ha vuelto a encender el debate político en México. La oposición clama que se trata de una persecución política orquestada por el gobierno actual, un intento de silenciar a una voz crítica que ha denunciado corrupción desde su posición en organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Pero, ¿es realmente así? O, más bien, ¿no estamos ante un ejemplo claro de que nadie, sin importar su influencia o afiliación, debe estar por encima de la ley?
Recordemos los hechos. En octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar, falleció al caer del piso 12 de un edificio de Pemex, donde había ingresado a trabajar apenas cuatro meses antes (129 días, para ser precisos). 2 Las investigaciones iniciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía) determinaron que se trató de un suicidio, no de un accidente laboral. 0 Sin embargo, según denuncias recientes de Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR), el expediente fue manipulado para clasificarlo como un “accidente”, lo que permitió a Casar acceder a una pensión vitalicia de aproximadamente 125,000 pesos mensuales, más un seguro de vida y otros beneficios. En total, se estima que ha recibido más de 31 millones de pesos en pagos indebidos, incluyendo colegiaturas para sus hijos.
La ley es clara: en casos de suicidio, no procede el pago de seguro de vida ni pensión por riesgo de trabajo en Pemex, ya que no se considera un incidente relacionado con las funciones laborales. Además, el corto tiempo de servicio de Márquez no cumplía con los requisitos mínimos para una pensión de esa magnitud. Pemex, bajo la actual administración, revisó el caso y suspendió los pagos en 2024, presentando denuncias para recuperar el dinero. La FGR ha judicializado la investigación contra Casar por presunto “uso ilícito de atribuciones y facultades”, y también contra exfuncionarios de Pemex que facilitaron el trámite en 2004.
La oposición argumenta que esto es venganza política. Figuras como Héctor Aguilar Camín, quien habría ayudado a Casar en el trámite original, y otros intelectuales han salido en su defensa, calificando la acción como un “ataque miserable” desde Palacio Nacional En redes sociales, como X, se multiplican los pronunciamientos solidarios, con miles de likes y retuits de cuentas opositoras que ven en esto un asalto a la libertad de expresión. Incluso se ha publicado un desplegado firmado por personalidades destacadas, exigiendo el cese de la “persecución arbitraria”.
Pero, ¿dónde queda la igualdad ante la ley? Si Casar ha dedicado su carrera a combatir la corrupción, ¿no debería ser la primera en someterse a un escrutinio imparcial? Los defensores ignoran que el caso data de gobiernos anteriores –el de Vicente Fox, donde Casar tenía influencia como coordinadora de asesores de Santiago Creel– y que la revisión actual busca corregir un presunto fraude que costó millones al erario público. Voces críticas en X, como las de analistas y usuarios comunes, destacan la hipocresía: ¿Cómo una anticorrupción cobra una pensión indebida por suicidio disfrazado de accidente?
Al final, el debate sobre si es “política” o no es secundario. Lo esencial es que todos somos iguales ante la ley. Si hay irregularidades –y las evidencias apuntan a ello–, deben investigarse sin distinciones. Permitir privilegios basados en conexiones erosiona la confianza en las instituciones. Este caso no es solo sobre Casar; es un recordatorio de que la verdadera justicia no mira colores partidarios. Que los tribunales decidan, pero sin dobles raseros. México lo merece.
