Nuestro país atraviesa un momento crítico. México fue golpeado por lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones que dejaron a su paso un saldo trágico de decenas de personas fallecidas, comunidades enteras incomunicadas, carreteras destruidas y miles de viviendas anegadas. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y el Estado de México enfrentan escenas de devastación que evocan los efectos más duros de huracanes anteriores. Las brigadas de auxilio trabajan sin descanso, la CFE ha desplegado cuadrillas para restablecer el suministro eléctrico y las fuerzas armadas aplican los planes DN-III y Marina. Al mismo tiempo, el gobierno federal ha iniciado un censo de daños casa por casa, mientras la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones evalúa el impacto en puentes y carreteras. Esta es la respuesta inmediata de un Estado que, como subrayó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del lunes, actúa bajo un protocolo actualizado que distingue con claridad las etapas de emergencia, limpieza y reconstrucción, sin depender de fideicomisos ni de mecanismos obsoletos cargados de corrupción.
En medio de esta tragedia y de la urgencia palpable, vuelve a aparecer una tentación en las redes sociales y en ciertos medios, la añoranza de que regrese el FONDEN, ese viejo Fondo de Desastres Naturales que durante años fue presentado como la garantía de una respuesta eficaz del Estado frente a la catástrofe. Pero esa nostalgia es una ilusión conveniente, una manera de disfrazar con romanticismo institucional la ineficacia y la corrupción de un modelo que fracasó. Lo mejor que tuvo el FONDEN fue su nombre, sencillo, sonoro y fácil de recordar. Ese acrónimo generaba la falsa sensación de que existía una estructura sólida y confiable para auxiliar a la población, cuando en realidad escondía un entramado de discrecionalidad, sobreprecios y negligencia burocrática.
En teoría, su diseño permitía liberar recursos sin depender de los tiempos del presupuesto anual. En la práctica, se convirtió en un pozo sin fondo donde se mezclaban la tragedia social y el negocio político. Auditorías de la ASF documentaron irregularidades en todos los sexenios, desde compras simuladas y contratos amañados hasta obras pagadas que nunca se ejecutaron y recursos que simplemente desaparecieron. Uno de los ejemplos más claros de cómo operaba el FONDEN tiene que ver con ese patrón constante de abuso: autorizaciones de compras a precios inflados, sin verificación real de entrega y con poca o nula supervisión sobre el destino final de la ayuda. En varios estados, las auditorías encontraron láminas, despensas y materiales de construcción adquiridos a costos desproporcionados, muchas veces sin que los bienes llegaran a las familias afectadas. La urgencia de la tragedia se convirtió en una oportunidad para hacer negocios con la desgracia. Ese era el verdadero rostro del FONDEN detrás de su aparente eficiencia.
La presidenta Sheinbaum lo dijo con claridad este lunes. El FONDEN no sólo estaba burocratizado, también era un terreno fértil para la corrupción. Requería declaratorias de emergencia para liberar fondos, lo que abría la puerta a la manipulación discrecional. Los recursos se administraban mediante fideicomisos que funcionaban como cajas negras. Por eso el gobierno de López Obrador decidió eliminarlo y sustituirlo por una partida presupuestal específica para emergencias, sujeta a control público y con la posibilidad de ampliarse cuando sea necesario. No se trató de desaparecer el dinero, sino de cambiar la lógica, pasar de un fideicomiso intocable a un mecanismo directo de gasto que obliga a la transparencia.
Esa decisión, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Algunos medios y sectores opositores sostienen que la desaparición del FONDEN generó vacíos de atención, que los recursos ahora tardan más en llegar o que no existe un mecanismo automático para activar la ayuda. Lo que está a prueba no es la existencia de un fideicomiso, sino la eficacia del Estado mexicano para actuar con transparencia, rapidez y coordinación frente a la emergencia.
Por eso resulta tan sospechosa la nostalgia acomodaticia por el FONDEN. No es un recuerdo técnico, sino político. Es útil para quienes pretenden acusar al gobierno actual de abandono sin admitir que el viejo modelo era un festival de discrecionalidad. Hoy, cuando la emergencia exige unidad, hay voces que prefieren resucitar fantasmas.
El debate debería ir en otra dirección. México necesita un sistema moderno con recursos garantizados, protocolos flexibles y mecanismos de control ciudadano que eviten la corrupción sin regresar a los vicios del pasado. Necesitamos coordinación entre niveles de gobierno, rendición de cuentas en tiempo real y sanciones ejemplares para quienes lucren con la tragedia. Las emergencias de hoy son un recordatorio doloroso de que los viejos modelos no sólo fallaron, sino que agravaron el sufrimiento de las víctimas.
El país necesita instituciones vivas y transparentes, no la resurrección de un mecanismo muerto que en su tiempo sirvió más para enriquecer a unos cuantos que para salvar a quienes lo perdieron todo.
