De cada 10 personas presas 4 no han pasado por un juicio y no tienen una sentencia que les declare culpables o inocentes. El caso de las mujeres es peor, porque el 50% de las presas no tiene sentencia. Además, 94.8% de las denuncias en todo el país quedan sin resolver. Por otro lado, Mario Marín, exgobernador de Puebla, procesado por los delitos de tortura contra la periodista Lydia Cacho y por proteger una red de explotación sexual infantil, fue liberado por un juez para continuar su juicio desde la comodidad de su casa. Es decir, que el Poder Judicial no solo es inútil para impartir justicia, sino que está al servicio de criminales. Esas son las pruebas fundamentales de la corrupción e ineficiencia del Poder Judicial, y nuestras principales motivaciones para reformarlo.
Esta propuesta de reforma ha generado muchísimo revuelo y polarización de opiniones: por un lado, tiene el apoyo de una gran y diversa base social que votó por Morena para hacerla realidad y, por el otro, es repudiada por los conservadores beneficiarios del esquema de corrupción y por los propios jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial. Queda claro que a este poder le hace falta una buena sacudida para desempolvarlo y hacerle una limpieza profunda.
Es necesario entender que detrás del repudio a la reforma al Poder Judicial están la corrupción y el clasismo de quienes se sirven del poder y se divorciaron del Pueblo. Prueba de ello es la desmesurada cantidad de excesos al interior del Poder Judicial, que van desde sobresueldos inconstitucionales de magistrados, hasta gastos millonarios de servicio de comedor con bebidas alcohólicas para pistear en horas de trabajo, pasando por prestaciones que ningún alto ejecutivo de ninguna gran empresa privada tiene. El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe detallado sobre ello.
Más allá del dispendio de recursos, la reforma plantea una transformación del Poder Judicial para alcanzar el objetivo fundamental de impartir de justicia, a través de las siguientes acciones:
- Democratizando el Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular a partir de 2025, lo que permitirá conocer sus perfiles y trayectorias.
- Disminuyendo la cantidad de ministros en la Suprema Corte, y haciendo sus periodos más cortos. Sus integrantes pasarán de 11 a 9 y la duración de sus cargos pasará de 15 a 12 años.
- Respetando que su remuneración no sea mayor a la de la Presidenta de la República, en apego al artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
- Eliminando las pensiones vitalicias.
- Eliminando las dos salas de la Suprema Corte para que todas sus sesiones sean en el Pleno, de manera pública. Con ello ya no habrá sesiones secretas.
- Fijando un máximo de seis meses para resolver controversias fiscales y un año para penales, lo que optimizará los órganos judiciales.
Como era de esperarse, todo cambio tiene resistencias. Para los conservadores la constitución es una reliquia arqueológica intocable porque les genera muchísimos beneficios y les funciona como una trinchera para resistir las políticas de austeridad republicana de la 4T.
Si la estructura del Estado no funciona en beneficio del Pueblo, entonces se debe modificar, porque ése es su único objetivo y es justo el espíritu del artículo 39 constitucional:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Por si fuera poco, el nepotismo en el Poder Judicial es incomparable, pues un estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022 arrojó que 455 jueces y magistrados habían contratado a hermanos, esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y suegros; que 7,148 servidores públicos comparten espacio con algún familiar, y que la red familiar con más integrantes trabajando en el Poder Judicial fue de 79 personas en 2020. Una vil agencia de colocaciones.
La reforma no es un asunto de ahorrar nada más. Disminuyendo costos ese dinero irá al fondo de pensiones para los trabajadores, pues hay cerca de 26 fideicomisos que se utilizan de manera discrecional para mantener su esquema de privilegios absurdos y desproporcionados.
A todo lo anterior habría que añadir que el sistema carcelario está sobresaturado, pues los centros penitenciarios estatales y especializados operan al 107% de su capacidad, además de que no existe una legislación que establezca cuántos jueces debe haber de acuerdo con la densidad poblacional, o los límites de duración de juicios, tabulados por materia de derecho -civil, penal, agrario y demás-.
En lo personal, hay puntos de la reforma con los que no estoy de acuerdo, desde la duración de 12 años en el cargo, hasta la falta de una revocación del cargo que no sea por juicio político. ¿Qué justifica que jueces, magistrados y ministros duren en su cargo el doble que la figura Presidencial si de todos modos sirven a intereses políticos? ¿Por qué no se les puede quitar si no hacen bien su trabajo?
Al final sí se creó una polarización al calor de la 4T: la izquierda ocupó limpiamente los poderes Ejecutivo y Legislativo en todos sus niveles, y la derecha se replegó en el Poder Judicial y en los medios de comunicación que devoraron el presupuesto en los oscuros tiempos de la mafia del poder. Es momento de organizarnos para sacarlos de ahí, pues la sed de justicia de este país es impostergable y el momento para actuar políticamente es inmejorable. Así construiremos los cimientos del segundo piso de la Cuarta Transformación.
