Cada vez que Estados Unidos decide intervenir —militar, económica o políticamente— en un país de América Latina, el argumento suele ser el mismo: democracia, derechos humanos, seguridad. Cambian los nombres de los gobiernos, cambian los pretextos, pero el método permanece. Venezuela vuelve a colocarse en el centro de esta lógica intervencionista que la región conoce demasiado bien y que, lejos de resolverse, se ha vuelto más explícita y menos sutil.
Estados Unidos mantiene desde hace años un esquema de sanciones económicas, presión diplomática y aislamiento financiero contra Venezuela, decidido de manera unilateral y al margen de consensos multilaterales amplios. En los hechos, estas medidas han funcionado como un castigo colectivo que afecta mucho más a la población que a las élites gobernantes, debilitando la economía y condicionando la vida cotidiana de millones de personas. La intervención moderna ya no siempre necesita marines desembarcando; hoy adopta formas más sofisticadas, aunque no por ello menos agresivas.
El pasado fin de semana, el mundo conmocionó ante el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación de los Estados Unidos, y su posterior traslado fuera del país. Más allá del debate jurídico que aún continúa, hay un punto político que no admite ambigüedades: si una potencia extranjera ejecuta la detención de un jefe de Estado en territorio soberano, estamos ante una violación grave de la soberanía nacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. Ninguna causa, por legítima que se pretenda, habilita ese precedente.
Con Donald Trump, esta lógica dejó de ser sutil. A las sanciones financieras se sumó una estrategia abierta de intimidación económica mediante incrementos desmedidos de aranceles y amenazas comerciales contra países que no se alinean con los intereses de Washington. Los aranceles dejaron de ser una herramienta comercial para convertirse en un mecanismo de coerción política directa. El mensaje es simple: quien no obedece, paga.
Defender la soberanía, sin embargo, no implica cerrar los ojos ante la realidad interna de los países. Reconocer el déficit democrático que se fue consolidando en Venezuela durante los años del gobierno de Nicolás Maduro no es traicionar la causa de la autodeterminación, es ejercer pensamiento crítico. La concentración del poder, el debilitamiento de contrapesos institucionales y las restricciones a la competencia política han sido ampliamente señaladas. Negar esos problemas no fortalece a la izquierda latinoamericana; por el contrario, la debilita al confundir principios con lealtades acríticas.
Pero señalar esos déficits no implica —ni puede implicar— avalar la intervención extranjera en ningún país. La historia latinoamericana demuestra que las intervenciones nunca han tenido como objetivo real la democratización, sino el control político y económico. Cuando una potencia externa decide castigar, presionar o incluso detener a un gobernante en nombre de la democracia, no la fortalece: la sustituye por imposición. La autodeterminación de los pueblos no es un premio que se concede cuando un gobierno resulta conveniente; es un derecho que se respeta incluso en contextos de crisis interna.
Zygmunt Bauman advertía que “el poder contemporáneo ya no necesita ocupar territorios, le basta con volverlos dependientes” (Modernidad líquida, 2000). Hoy esa dependencia se construye mediante sanciones, bloqueos financieros, castigos comerciales y operaciones que tensan deliberadamente el orden internacional. El objetivo es erosionar la capacidad de los pueblos para decidir su propio destino y forzar alineamientos desde el exterior.
En ese contexto, el discurso intervencionista no se limita a Venezuela. Tras la operación contra el gobierno venezolano, Donald Trump lanzó advertencias explícitas contra varios países, entre ellos Colombia, Cuba y México. En el caso colombiano, descalificó públicamente al presidente Gustavo Petro y, ante la pregunta sobre una posible acción estadounidense, respondió que la idea “le sonaba bien”, dejando entrever una amenaza abierta de intervención. En el caso de México, el mensaje fue igual de revelador: Trump afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum es “una buena persona”, pero sostuvo que no gobierna realmente el país, asegurando que México estaría controlado por el narcotráfico y rematando con la frase: “algo habrá que hacer al respecto”. No se trata de opiniones aisladas, sino de la construcción deliberada de una narrativa que deslegitima a gobiernos democráticamente electos para abrir la puerta a presiones, sanciones o acciones de fuerza bajo el pretexto de seguridad.
El patrón es evidente. Mientras Argentina y Chile han dado giros recientes hacia gobiernos de derecha más cercanos a Washington, las amenazas, sanciones y presiones se concentran en países con gobiernos de izquierda que gozan de alta legitimidad y respaldo popular. Venezuela, Colombia y México comparten algo más que diferencias ideológicas con Estados Unidos: comparten proyectos políticos refrendados en las urnas que cuestionan el viejo esquema de subordinación regional.
Desde México, esta discusión no es ajena. La política exterior basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos no es una consigna retórica, sino una posición histórica. Defender la soberanía venezolana no implica defender a Maduro; implica defender un principio que protege a todos los pueblos, incluidos el colombiano y el mexicano.
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. Se requiere una posición de unidad y defensa común por parte de los pueblos latinoamericanos frente a cualquier forma de intervención, abierta o encubierta. La historia demuestra que cuando la región enfrenta dividida las presiones externas, las consecuencias son más profundas y duraderas.
La soberanía no se negocia, se ejerce. Y la autodeterminación no se concede, se respeta. Incluso —y sobre todo— cuando existen conflictos internos. Porque aceptar la intervención como solución es renunciar, de antemano, a la democracia que se dice defender.
