Por: Imelda Castro Castro
Desde mediados del siglo XX, la izquierda política en distintas partes del mundo asumió que la igualdad entre mujeres y hombres era necesaria para la vida democrática. Partidos europeos impulsaron políticas de igualdad laboral desde los años cincuenta; movimientos progresistas en América Latina promovieron reformas civiles y laborales para ampliar derechos de las mujeres; y el feminismo de la segunda ola influyó directamente en programas políticos de la izquierda desde los años sesenta y setenta. En México, esa tradición encontró eco en sectores progresistas que defendieron el sufragio femenino, la igualdad jurídica y posteriormente política contra la discriminación.
En ese marco histórico se inscribe la agenda legislativa que ha impulsado el movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde su llegada a la Presidencia en 2018. Aunque el feminismo mexicano tiene una historia larga y plural, el actual ciclo político ha estado marcado por una serie de reformas que colocan la igualdad sustantiva y la protección de las mujeres como temas centrales en el debate legislativo.
Durante el llamado “primer piso” de la transformación el Congreso aprobó reformas relevantes en varios ámbitos. En materia laboral se avanzó en el reconocimiento pleno de los derechos de las trabajadoras del hogar, incluyendo acceso a seguridad social, jornadas reguladas y prestaciones básicas. También se establecieron obligaciones para que los centros de trabajo cuenten con protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual. Estas medidas respondieron a demandas históricas del movimiento feminista y de organizaciones laborales que durante décadas denunciaron la precariedad y la vulnerabilidad de millones de mujeres en el mercado laboral.
Otro frente central fue la participación política. La consolidación del principio de paridad de género en los tres niveles de gobierno reforzó el camino iniciado años atrás para garantizar que las mujeres ocupen la mitad de los espacios de decisión pública. A ello se sumó la tipificación de la violencia política en razón de género y la llamada “3 de 3 contra la violencia”, que impide que agresores o deudores alimentarios puedan contender por cargos públicos. Estas reformas buscan asegurar que la presencia femenina en la política no se limite a una cuota formal, sino que pueda ejercerse sin intimidación ni discriminación.
La protección frente a distintas formas de violencia también ocupó un lugar central. El marco legal sobre feminicidio fue actualizado para reflejar mejor la gravedad del fenómeno, mientras que se fortalecieron los Centros de Justicia para las Mujeres. Asimismo, se reconocieron nuevas formas de violencia, como la violencia digital y mediática, y se endurecieron sanciones para ataques con ácido u otros agentes corrosivos, delitos que habían evidenciado vacíos importantes en la legislación mexicana.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, esta tendencia no se ha detenido. Por el contrario, el nuevo gobierno ha planteado un “segundo piso” de reformas que busca consolidar la igualdad sustantiva como principio constitucional y como eje de la acción del Estado. Entre los cambios más relevantes se encuentra la reforma constitucional que incorpora explícitamente la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en artículos clave de la Constitución, así como un amplio paquete de modificaciones a leyes secundarias orientadas a combatir la brecha salarial, ampliar el acceso de las mujeres a puestos de alto nivel y mejorar la atención judicial a víctimas de violencia.
También se ha buscado reforzar institucionalmente esta agenda mediante la creación de la Secretaría de las Mujeres, que pretende concentrar la coordinación de políticas públicas en la materia, y mediante iniciativas simbólicas y culturales que reconocen el papel histórico de las mujeres en la vida nacional, como la inclusión de figuras femeninas en conmemoraciones oficiales y el reconocimiento del papel de las mujeres indígenas.
El impacto de estas reformas ya comienza a observarse en algunos ámbitos: mayor presencia de mujeres en cargos públicos, avances en el reconocimiento legal de distintas violencias y una mayor visibilidad institucional de las desigualdades de género. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de su implementación efectiva en los estados, de la asignación de recursos suficientes y de la capacidad de la izquierda de hacer frente a nuevas corrientes conservadoras que buscan reducir a la mujer al ámbito doméstico.
Si la tendencia legislativa se mantiene, México podría consolidar en la próxima década un marco jurídico más robusto para la igualdad de género. La historia de la izquierda demuestra que los derechos conquistados en el papel suelen ser solo el primer paso. El desafío, como siempre, será convertirlos en realidad social y cultural duradera.
@imeldacastromx
Senadora de la República por Sinaloa desde el 2018. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diputada local en el Congreso de Sinaloa en dos ocasiones y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado en las legislaturas LXV y LXVI. Presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
