La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, promulgada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos muestra con claridad cómo opera una mayoría calificada. Sin embargo, esta es solo la primera de las veinte reformas que el mandatario ha propuesto como parte de un ambicioso paquete que busca, según sus propias palabras, «regresar el espíritu social» a la Constitución de 1917. Este paquete, presentado el pasado 5 de febrero, tiene como objetivo reencauzar la vida pública del país por la senda de la libertad, la justicia y la democracia. La reforma judicial ha causado controversia, pero el resto de las 19 reformas que restan no serán menos polémicas.
Con esta mayoría en el Congreso, las puertas están abiertas para avanzar en reformas que anteriormente encontraron resistencia. Y no es que las propuestas sean nuevas: la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral, la consolidación de programas sociales como derechos constitucionales, ya han sido discutidas y forman parte de la agenda de la Cuarta Transformación desde hace años.
Aquí un mínimo listado que aspira sólo a enunciarlas para tenerlas presentes;
- Derechos de pueblos indígenas y afromexicanos: Reconocerlos como sujetos de derecho público, promover su bienestar y participación.
- Reforma de bienestar: busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales: jóvenes construyendo futuro, pensión para personas con discapacidad menores de 65 años, que el monto de los recursos de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas a estudiantes sean progresivas, y sobre todo que estos recursos sean transferidos directamente a los beneficiarios.
- Becas para estudiantes: Hacer las becas para estudiantes de familias pobres un derecho constitucional.
- Atención médica gratuita: Ampliar la gratuidad a estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.
- Bienestar animal: Prohibir el maltrato animal y garantizar su protección.
- Medio ambiente: Prohibir el maíz transgénico, la minería a cielo abierto y el fracking.
- Uso del agua: Priorizar el presupuesto para garantizar el acceso al agua y restringir concesiones en zonas con escasez.
- Prohibición de vapeadores y fentanilo: Prohibir la venta y uso de vapeadores y controlar el fentanilo.
- Prisión preventiva: Ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, incluyendo narcomenudeo y extorsión.
- Salario mínimo: Garantizar que nunca esté por debajo de la inflación.
- Apoyo al campo: Apoyar a campesinos con jornales y precios de garantía para productos básicos.
- Trenes de pasajeros: Restablecer el uso de vías ferroviarias para el transporte de pasajeros.
- Reforma eléctrica: Garantizar que el sistema eléctrico sea controlado por el Estado y dar prioridad a la CFE.
- Reforma electoral: Cambiar el INE por el INEC, reducir el número de legisladores y promover el voto electrónico.
- Desaparición de órganos autónomos: Eliminar varios organismos autónomos y fusionar otros con dependencias del gobierno federal a fin de no repetir funciones, hacer eficiente el gasto público y disminuir burocracias doradas.
Las reformas que vienen están en línea con el proyecto de transformación y con la mayoría calificada garantizada, es cuestión de tiempo para que muchas de ellas se hagan realidad. No obstante, la oposición ya ha advertido que orquestarán y sostendrán resistencia a la agenda de transformación del proyecto político que goza de la representación mayoritaria electa democráticamente. En este escenario, la oposición intentará frenar o minimizar el impacto de algunas de estas medidas, pero el gobierno cuenta con la representación suficiente para seguir adelante. Como ha dejado claro López Obrador y Claudia Sheinbaum, las reformas buscan fortalecer el humanismo, la justicia y la democracia en México, pero el proceso será intenso y generará tensiones tanto en la esfera política como en la económica. El camino está trazado. Las reformas se han anunciado, y con la mayoría calificada, se abre una oportunidad sin precedentes para transformar profundamente el país.
La polémica alrededor de esta la reciente reforma judicial no es casual, sino el resultado de su profundidad y su impacto en dos dimensiones fundamentales: la estructura del Estado y la esfera económica. La reforma judicial es solo el primer paso en un proceso que busca redefinir el funcionamiento del Estado mexicano, eliminando privilegios y favoreciendo una mayor eficiencia y accesibilidad.
Al mismo tiempo, esta agenda desafía intereses económicos profundamente arraigados que han sido protegidos por las instituciones del Estado, lo que genera resistencia de aquellos que se benefician de estas estructuras. Este es solo el comienzo de un ciclo de transformaciones que podría extenderse hasta 2027, abriendo la puerta a nuevas reformas constitucionales.
Aun con tanto por explorar, esta reflexión quiere ofrece un marco para seguir profundizando en futuras reflexiones y debates, ya que este tema seguirá evolucionando y ofreciendo oportunidades para un examen más amplio y detallado.
