Pluma Patriótica

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La nueva comisión de la verdad: una luz ante la guerra sucia

El 6 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.

Este decreto es el resultado de una exigencia histórica del Pueblo mexicano, y fuertemente del estado suriano de Guerrero, por la justicia y la verdad. Es consecuencia de la constante presión de las víctimas directas e indirectas y sobrevivientes de la guerra sucia, al igual que de la voluntad manifiesta de un gobierno por saldar la deuda histórica de justicia con los territorios y pueblos masacrados.

El período establecido por la comisión para el acceso a la justicia contempla hechos de 1965 a 1990, cuando el actuar del Estado mexicano detonó una violación sistemática a los derechos humanos por la denominada estrategia contrainsurgente que asumieron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Durante este lapso hubo desaparición forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales a luchadores sociales y líderes de organizaciones, campesinas, sindicales, estudiantiles y de opositoras al gobierno en turno.

Esta nueva Comisión para el Acceso a la Justicia tiene como objetivo implementar 5 componentes. En primer lugar, se trata de conocer la verdad de los hechos; para ello, se integrará un grupo interdisciplinario de especialistas independientes para trabajar en conjunto con la Administración Pública Federal y garantizar tener acceso a documentos y toda la información necesaria y disponible. Un segundo componente es garantizar la justicia y, en consecuencia, se creará un comité general que acelere los procesos de judicialización para que todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos puedan ser procesados y castigados. El tercero es la búsqueda de personas desparecidas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda para acceder a todos los lugares (tanto del orden civil como del militar) que hasta ahora no han permitido ser investigados. En cuarto sitio está lograr la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, así como la reparación colectiva a los territorios afectados de las practicas denigrantes del estado mexicano. Por último, el quinto componente es garantizar la memoria histórica de los hechos compuesta por el acervo del Archivo General de la Nación y todos archivos de dependencias de seguridad e inteligencia que deberán estar disponibles para su investigación y análisis, con la finalidad de nombrar cada uno de los acontecimientos para no olvidar y así buscar la no repetición de la historia.

No es la primera comisión de la verdad que se crea para esclarecer los hechos ocurridos durante la guerra sucia. Muchos esfuerzos populares de víctimas han obligado al Estado mexicano a crear dichas figuras, pero difícilmente logran tener avances significativos en el esclarecimiento de hechos, castigo a los responsables y reparación del daño por la red de complicidades que existe, donde la simulación de justicia se antepone a la defensa de proteger a las cúpulas del poder.

Uno de los ejemplos más dignos y heroicos de la lucha por la justicia y la verdad en el país es el caso de Rosendo Radilla, quien hace 47 años fue detenido de manera ilegal y posteriormente desparecido por elementos del ejército mexicano en Atoyac de Álvarez, Guerrero durante la guerra sucia. Su hija Tita Radilla llegó en 2009 hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos logrando una sentencia contra el Estado mexicano, el cual hasta la fecha no ha girado ninguna orden de aprehensión contra algún responsable. Es decir, en palabras de Abel Barrera: “Tita ha llegado hasta el cielo de la procuración de justicia” y no ha sido lo suficiente para obligar al Estado mexicano en dar resultados ante la exigencia de justicia y verdad.

Es así como la naciente Comisión para el Acceso a la Verdad es una nueva oportunidad para romper con la inercia histórica de impunidad que ha reinado en este país. Estamos hablando de transformar 50 años de terror para las libertades y derechos humanos por la conquista del derecho a la verdad y la justicia. Es un paso obligado para la reconciliación social, en palabras del Presidente López Obrador: “la paz es producto de la justicia”. Es la posibilidad de materializar el clamor del Pueblo para decir basta a todos agresores históricos de los territorios.

Como Pueblo vamos a acompañar, respaldar y empujar los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad que se estima tenga resultados históricamente contundentes para septiembre del 2024.

Por las resistencias, lucha y dignidad de nuestro Pueblo: juicio sí, impunidad no.

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