Como ciudadano mexicano, y en ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho de participación en los asuntos públicos, no puedo permanecer en silencio frente a conductas públicas atribuibles a una servidora pública federal que, por su gravedad, ponen en entredicho la soberanía nacional, el orden constitucional y los deberes inherentes al cargo que ostenta.
“La Patria es primero” no es una frase decorativa del muro del Senado Mexicano ni una consigna de coyuntura. Es un principio histórico, jurídico y ético, legado por Vicente Guerrero, que obliga de manera reforzada a quienes ejercen funciones públicas. No es optativo. No es relativo. Es un límite.
En el contexto internacional actual —marcado por discursos hostiles, amenazas abiertas y presiones provenientes de actores políticos extranjeros, particularmente Donald Trump— el Estado mexicano ha actuado dentro del marco institucional. México cuenta con un gobierno legal, legítimo y democráticamente electo, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ese hecho no es menor: es la base del orden constitucional vigente.
Por ello, resulta no sólo políticamente preocupante, sino jurídicamente alarmante, que una senadora de la República, María Lilly del Carmen Téllez García, alias “Lilly Téllez”, haya emitido declaraciones públicas —conocidas y documentadas— en las que se promueve, solicita o legitima la intervención de una potencia extranjera en los asuntos internos de México, así como sus continuos llamados a desconocer a un gobierno constitucionalmente establecido.
La libertad de expresión y la crítica política son pilares de la democracia. Pero invocar la intervención extranjera desde un cargo público no es crítica: es una ruptura del deber constitucional. Ese tipo de conductas rebasan los límites del debate legítimo y abren la puerta a responsabilidades en distintos ámbitos.
El propio Código Penal Federal contempla como traición a la patria los actos que tiendan a menoscabar la independencia, la soberanía o la integridad del Estado mexicano, así como aquellos que impliquen auxilio, cooperación o incitación en favor de una potencia extranjera con ese propósito. No se requiere que el daño se consume: la intención, la reiteración y el contexto son jurídicamente relevantes. Y aquí, el contexto es público, reiterado y evidente.
A ello se suma el régimen de responsabilidades administrativas y políticas, que impone a los servidores públicos el deber de conducirse con apego a la Constitución y de salvaguardar los intereses fundamentales de la Nación. Utilizar la investidura parlamentaria para debilitar deliberadamente la soberanía nacional constituye una infracción grave a ese deber.
Conviene recordar que el fuero constitucional no es sinónimo de impunidad: Es una protección procesal temporal. El propio marco jurídico prevé el procedimiento de declaración de procedencia, que incluye la presentación de denuncias, su análisis institucional y, en su caso, el retiro del fuero para que el servidor público responda ante la ley.
Por ello, como ciudadano, considero no sólo legítimo sino necesario que las autoridades competentes analicen y valoren estas conductas, a fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar los procedimientos legales que correspondan, siempre bajo el principio de legalidad y debido proceso. Exigir que se investigue no es persecución política: es defensa del Estado de derecho.
La soberanía nacional no es una herramienta retórica ni un recurso electoral. Es el fundamento mismo del Estado mexicano. Ninguna diferencia ideológica, ambición personal o estrategia partidista justifica llamar a fuerzas extranjeras para intervenir en los asuntos de la Nación.
Quien ejerce un cargo público no se pertenece a sí mismo, pertenece a la Constitución y al pueblo que representa. Traicionar ese mandato —por acción, por palabra o por cálculo— vulnera el orden jurídico y traiciona la memoria histórica de quienes forjaron este país.
México se defiende con la ley, con instituciones y con dignidad.
Pero también se defiende denunciando públicamente lo que amenaza su soberanía.
Y en esa defensa, ayer, hoy y siempre, es importante recordar que “La Patria es primero.”
