Es complicado hablar, analizar o escribir sobre un evento cercano en el tiempo, pero creo que en este momento es necesario. La mayoría de las y los lectores saben sobre los acontecimientos en Taxco, la pasada semana santa: el secuestro y posterior feminicidio de la niña Camila, la turba (significado: muchedumbre de gente confusa y desordenada) que produjo otro feminicidio —el de la supuesta plagiaria, Ana N.; supuesta, porque no se llegó ni a procesarla—, y la violencia que sufrieron los dos hombres que estaban con ella en su casa (al parecer sus hijos). Me centraré en la violencia que se generó durante estos acontecimientos.
Poco a poco se profundizará en la información, y quizá podremos observar omisiones, sobre todo de quienes tendrían que ser los primeros respondientes, a nivel municipal, y analizar qué pasa en la entidad y cómo reforzar la urgencia de los tramites jurídicos (en el caso específico, la orden de allanamiento y de arresto de las personas perpetradoras). Sobre todo, es fundamental preguntarnos: ¿qué pasa con la gente? De acuerdo con el investigador Carlos M. Vilas, “El linchamiento sigue siendo una forma de violencia y un tipo de violación brutal a los derechos humanos relativamente difundida en varios países de América Latina […] Consiste en una acción colectiva de carácter privado e ilegal, de gran despliegue de violencia física, que eventualmente culmina con la muerte de la víctima. Es una acción que se emprende en respuesta a actos o conductas reales de la víctima o imputados a ella, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores.” Es exactamente lo que pasó, con el anonimato que da el pertenecer a una masa de gente, algunas personas cubiertas del rostro descargaron frustraciones sociales y personales y cometieron un feminicidio. No fue Fuenteovejuna, sino que se trató de violencia comunitaria al extremo. Hay que recordar lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17, que a la letra dice: “…Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
La madre de Camila, en diversos medios de comunicación, ha comentado que ella quería que Ana N. viviera para verla en la cárcel. Ese también es el clamor de muchas voces que recordamos la pertinencia de los derechos humanos. Habrá que reforzar la formación sobre la construcción de la paz, y la resolución pacífica de los conflictos. Si es posible, apostemos por ello.