En versiones públicas se señala que Ricardo Anaya recibió 6 millones 800 mil pesos en sobornos para operar la reforma energética. Fruto de esto y del derrumbe del pacto de silencio que guardaban a nivel individual funcionarios del PAN y PRI, ahora Ricardo Anaya ha decidido huir a Estados Unidos.
Estos señalamientos, que los mismos correligionarios de Anaya le hicieron cuando el ex contendiente presidencial panista maniobró de manera muy ruda para quedarse con la candidatura, son los que ahora dejan patente que los principales actores privatizadores de amplios sectores económicos no tienen miramientos para hacerse pedazos entre ellos cuando se ven en situaciones desesperadas.
Anaya, seguramente en Atlanta desde hace semanas, pudo haber obtenido acceso a la indagatoria de FGR. No se explica su huida sino en función de que él mismo piensa que la investigación está lo suficientemente bien sustentada como para que se comience un proceso legal en donde él estará involucrado.
Veremos si el lanzamiento de vídeos con una costosa producción de sus recorridos en el país (financiados de formas que todavía no conocemos) y su pobre justificación de que es perseguido finalmente derivan en que, como él dijo, “se pruebe [su] inocencia”.
Anaya podrá usar el discurso político para autonombrarse perseguido, siguiendo la leyenda negra de que vamos hacia una “venezuelización” del país y a la persecución de opositores. Probablemente sea fruto de su juventud y formación conservadora, pero dudo mucho que Anaya sepa (o quiera enterarse) de que en este gobierno se han realizado actos de Estado, disculpas públicas y museos que consignan la persecución de sindicalistas, luchadores sociales, guerilleros y estudiantes, que está plenamente documentada.
¿Hay persecución de Anaya? No lo creo. La mejor muestra de que no hay persecución será que el Presidente Obrador no haga nada al respecto y le cumpla el adagio que era el grito de guerra de los conservadores hace algunas semanas: “La ley no se consulta, se aplica”.
