Conforme pasan los días pasan van surgiendo acontecimientos en torno al conflicto que deriva de la reforma judicial, lo trascendente es esta desafiante propuesta de resolución que propone el ministro González Alcántara que propone la invalidación parcial de la reforma judicial con algunos planteamientos mezclados entre jurídico y políticos con una redacción que incita a la concordia política, el tema es que aunque haya mucho esmero en la iniciativa de conciliación plasmada en un proyecto de sentencia, no deja de estar incorporada en un instrumento de provocación como lo es una propuesta de sentencia derivada de un juicio improcedente que lo quiere forzar burda e ilegalmente a que sea procedente.
Toda resolución judicial debe de estar estructurada con elementos esenciales como la justificación jurídica para que el órgano resolutor integre debidamente los elementos de procedencia como la competencia y requisitos de procedibilidad de cualquier acción legal emprendida, en el caso de la resolución planteada por el ministro González intenta hacer toda una argumentación que no tiene forma de sostener jurídicamente para hacer procedente lo que no es procedente, y con esos planteamientos erróneos e indebidos que no logran acreditar bajo ningún razonamiento, en un asunto ordinario de reflexión jurídica un juzgador afirmaría que ni siquiera habría que entrar a estudiar el fondo o la sustancia del asunto porque simplemente no reúne los requisitos de procedibilidad.
Por supuesto que la franca provocación pretende generar una crisis constitucional para que los ocho ministros de la Corte avalen el proyecto a sabiendas que de origen es insostenible darle entrada a una Acción de Inconstitucionalidad que al no tener un tercio de una de las cámaras del congreso para promover, lo hacen mediante partidos políticos aun y cuando no sea materia electoral y aún más, cuando no tienen posibilidad de hacer una revisión constitucional a una reforma constitucional, cae en el absurdo y la aberración jurídica pero lo que importa para ellos es formalizar la invitación al pleito político al ejecutivo y al legislativo amenazando hasta con sanciones de destitución desde el poder judicial.
Aunado a esto, con una sincronía mediática sale el exministro Cossío a dar su opinión de que el desacato de autoridades refiriéndose claramente a la Presidenta de la república y a los integrantes del congreso en ambas cámaras que pueden ser sujetos de sanción por desacato consistente en destitución, aun y cuando queda en claro que el juicio de origen es totalmente improcedente, lo importante para ellos seguir aportando insumos para la polémica jurídica y política encaminada a aumentar la polarización.
Posteriormente se vienen las renuncias de los ministros que más allá de la retórica el mensaje de acatar la reforma que al mismo tiempo pretenden invalidar y asumiéndose como mártires pidiendo que su sacrificio sea para salvar a los jueces y magistrados para nutrir más una escena de un espectáculo bélico en el que se quieren proyectar como víctimas ante la opinión pública; aún y con todo esto se está avanzando en los procedimientos de ejecución de la reforma, falta que se profundice el debate a partir de la resolución de la Corte en el que se invalide la reforma y se eleve el discurso amenazante de destitución por desacato de la presidenta y con ello incitando a que se reaccione con juicios políticos a los ministros que están contra la reforma judicial.
Aún faltan varios episodios para el desenlace final de la confrontación por la reforma judicial, es importante tomar en cuenta las voces que hay dentro del poder judicial que están con la intención de seguir impartiendo justicia por vocación y no comparten las formas y pretensiones de la resistencia, si tiene que haber un número importante de jueces y magistrados que deben de seguir en sus funciones para que se aproveche la experiencia y no se convulsione el sistema de impartición de justicia en el país porque es real que hay riesgos de que lleguen juristas que no cubran la idoneidad para ser juzgadores.
