La Organización de Estados Americanos (OEA) es una asociación regional, con sede en Washington, D.C., creada el 14 de abril de 1890. En esencia y por finalidad, pareciera que dicha organización tiene objetivos positivos en la región de América, pues busca promover la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en el continente.
Lamentablemente, la OEA ha fracasado en todos y cada uno de sus objetivos, pues no promueve la paz; evidencia de esto son las violaciones a derechos humanos en El Salvador con Nayib Bukele, en Argentina con Milei y, peor aún, las recientes decisiones inhumanas tomadas por el gobierno de Trump respecto los inmigrantes en Estados Unidos. Tampoco promueve la seguridad, y mucho menos la democracia, al contrario, emite recomendaciones mermando esta forma de vida, como ocurre en el caso de México.
A pesar de que una de sus funciones principales (de acuerdo con el artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su inciso b) es “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.[1], vemos una organización que hace exactamente lo contrario: no promueve la organización y pero sí busca intervenir en las políticas de los integrantes.
Antes de abordar la débil, enclenque, temeraria recomendación de la OEA respecto la democracia judicial en México, considero importante mencionar dos elementos relevantes de esta organización: quién la preside (o, mejor dicho, quien la presidió) y cómo recibe financiamiento, específicamente, quién es el principal financiador, pues —como decimos en México— para bien o para mal; “el que paga manda”.
Actualmente, el Secretario General de la OEA es Albert Ramchand Ramdin, de Surinam. Realmente su labor está por ser evaluada, pues ocupó el cargo apenas en mayo del 2025. Lo que considero debe tener mayor relevancia es voltear atrás y ver a su predecesor, Luis Almagro —de origen uruguayo—, quien fue duramente criticado por la izquierda regional por sus polémicos posicionamientos de corte conservador al frente a la organización. Recordemos que Almagro tomó principal relevancia como aliado de la oposición en Venezuela, cuestionando las políticas económicas, incluso asegurando la existencia de violación de derechos humanos sin pruebas por parte del gobierno venezolano. Otro ejemplo fue su papel en Bolivia en 2019, pues a través de su informe sugirió que había irregularidades en el proceso electoral, recomendando realizar elecciones de nuevo; generando crisis y cuestionando el triunfo de Luis Arce, incluso criticó el actuar y la salida del expresidente Evo Morales.
Por otro lado, llama la atención el financiamiento de la organización, pues este se adquiere a través de aportaciones por parte de los países integrantes. Lis países que más presupuesto aportan son Estados Unidos y Canadá. Para el 2025 se tiene un proyecto de presupuesto de 101,751 miles de dólares; mayor al de 2024, que fue de 97,344 miles de dólares[2].
Como se mencionó anteriormente, el financiamiento de la OEA es principalmente obtenido a través de los Estados integrantes , de acuerdo con la propuesta de asignación de cuotas para el 2025; EE. UU. aporta el 49.990%; posteriormente Canadá 13.61%; Brasil 12.519% y México 8.57%[3].
Lo anterior toma especial relevancia en un mundo globalizado, donde el capital se vuelve el aceite y el motor que promueve la explotación de los individuos, pero también de los países —y sobre todo de los más pobres—; en el caso de la OEA no hay excepción, pues su actuar en la región ha sido desafortunado, por no decir que malo.
Un ejemplo de lo antes mencionado es cuando la OEA excluyó y suspendió a Cuba, en 1962, generando debates sobre la organización; o sus posturas respecto a Venezuela, cuando emitió resoluciones y declaraciones criticando la política de este país, especialmente desde el 2017.
Ahora también lo hace contra México y contra la democracia mexicana, vulnera sus funciones y facultades al buscar incidir en la política interior de los países, pues recientemente se dio a conocer un informe preliminar de las elecciones al poder judicial que tuvo lugar el pasado 1º de junio, donde salieron casi 13 millones de mexicanos a votar por sus impartidores de justicia.
En dicho informe, sin pruebas, metodología, y mucho menos resultados, decide no recomendar este modelo de selección de jueces en la región. Esto no solamente es un acto temerario por parte de la Organización, sino que es una vulneración flagrante a la soberanía de los países integrantes; y peor aún, su recomendación no tiene el mínimo rigor científico y metodológico, pues no puede calificar un modelo de elección de jueces de bueno o malo, sin tener todos los elementos; tan es así, que los jueces virtualmente ganadores o electos, entrarán en funciones hasta el primero de septiembre del presente año, a esto todavía tendría que darle un periodo considerable, para poder evaluar el desempeño d ellos nuevos impartidores de justicia, agregando que aún faltan dos años para la elección de los impartidoras de justicia restante; es decir, y en palabras de Gramsci, lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer.
Lo anterior no solamente habla una organización desinformada y facciosa, sino de un poder detrás de la OEA, un poder económico y político llamado EE. UU; pues desde un inicio criticó la nueva forma de elegir a los impartidores de justicia de nuestro país. Recordemos aquellas afirmaciones de Ken Salazar[4] al criticar el mecanismo, las que que le costasen la relación con el entonces Presidente López Obrador.
La eficacia o el fracaso de la elección de jueces, magistrados y ministros en México apenas va en la primera etapa de tres. La primera es la elección del 2025, la segunda sería la elección del 2027 y finalmente —aunque no menos importante, sino todo lo contrario— la tercera etapa sería la evaluación y los resultados de las y los nuevos impartidores de justicia. Estos resultados considero que podrán ser medianamente medibles al menos hasta el 2030, pues para entonces ya habrán pasado 5 años desde que tomaron protesta los impartidores de justicia electos en 2025 y 3 años desde quienes lo hicieran en 2027. Toda evaluación o calificación previa a 2030 carece de fundamentación real, simplificándose a una mera especulación digno o digna de una pitonisa.
[1] Carta de la Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/xxxivga/spanish/basic_docs/carta_oea.pdf
[2] Proyecto de presupuesto 2025 Organización de Estados Americanos, página 7. Consúltese en: https://www.oas.org/budget/2025/Propuesta_2025.pdf
[3] Proyecto de presupuesto 2025, Organización de Estados Americanos, página 125.
[4] https://elpais.com/mexico/2024-08-22/ken-salazar-afirma-que-la-eleccion-directa-de-jueces-es-un-riesgo-para-la-democracia-en-mexico.html
