La discusión sobre la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado marcada por una estrategia previsible de la derecha, sembrar miedo antes que debatir el contenido real de la iniciativa. En lugar de explicar con seriedad qué cambia, varios de sus voceros han preferido instalar la idea de que se trata de una reforma “autoritaria” y “regresiva”. Ese encuadre no resiste una revisión cuidadosa. Lo que se ha presentado públicamente apunta, en lo esencial, a modificar la integración del Congreso, reducir costos del sistema electoral, reforzar la fiscalización del dinero en campañas y actualizar reglas frente al uso de tecnologías como la inteligencia artificial y los bots. No estamos ante una cancelación de la democracia, sino ante una disputa por cómo hacerla más representativa, menos costosa y menos capturada por las cúpulas partidistas.
Uno de los argumentos más repetidos por la oposición ha sido que “nadie pidió” esta reforma. También ahí hay manipulación. La propia presidenta sostuvo desde enero que los cambios responderían a reclamos sociales, y los ejes que después fueron anunciados coinciden con demandas ciudadanas que llevan años en la conversación pública: reducir el dinero de los partidos, evitar que las listas cerradas funcionen como refugio de las élites, mejorar la supervisión del financiamiento y facilitar la participación política de la ciudadanía dentro y fuera del país. Más aún, una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio encontró que más del 80% respalda varias de las principales propuestas conocidas de la reforma, entre ellas que diputaciones y senadurías se elijan directamente, que se reduzca el financiamiento público y que se refuerce la fiscalización del dinero de campaña. Decir que nadie la pidió es ignorar o esconder que existe un respaldo social amplio a varios de sus componentes.
Los detalles difundidos, la reforma no elimina la representación proporcional, pero sí modifica la forma en que se asignan espacios para romper con el control cupular de las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes, con 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional bajo nuevas fórmulas; en el Senado se eliminarían los 32 escaños de lista nacional para volver a un esquema de 96 integrantes. La lógica política detrás de estos cambios es clara: que más legisladores tengan que buscar el voto ciudadano y no llegar por decisión exclusiva de las dirigencias partidistas. Se puede debatir el mecanismo, por supuesto, pero caricaturizarlo como un “golpe autoritario” es una exageración interesada. Lo que toca son privilegios internos, no el derecho de la gente a votar.
La iniciativa fue presentada con el objetivo de recortar en 25% el gasto del sistema político-electoral y reducir el financiamiento público a partidos y autoridades electorales. Ese punto conecta con una molestia social real: la percepción de que México sostiene un sistema electoral muy costoso, mientras la ciudadanía enfrenta carencias cotidianas mucho más urgentes. Defender que toda reducción del gasto equivale a debilitar la democracia es una trampa argumentativa. La democracia no se mide por lo caro que resulta sostener aparatos burocráticos, sino por la calidad de la representación, la limpieza de las elecciones y la confianza pública. Si además se fortalecen herramientas de fiscalización y se endurece la revisión del dinero en campañas, lo que se busca no es menos democracia, sino menos derroche y menos opacidad.
También es falso que la reforma se mueva en sentido “regresivo” frente a los desafíos actuales. Al contrario, uno de los elementos novedosos es la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de cuentas falsas o bots en campañas, así como medidas para facilitar el voto de mexicanos en el extranjero. Eso revela una intención de actualizar las reglas a problemas contemporáneos que ya afectan la deliberación pública, desinformación automatizada, manipulación digital y campañas cada vez más opacas en redes. La derecha intenta presentar la reforma como un regreso al pasado, cuando parte de la propuesta precisamente responde a un escenario tecnológico nuevo que las normas vigentes apenas alcanzan a tocar.
Por supuesto, toda reforma electoral merece escrutinio. Nadie serio tendría por qué pedir obediencia ciega. Pero una cosa es revisar críticamente una iniciativa y otra muy distinta es montar una campaña para hacer creer que cualquier cambio al modelo actual equivale a destruir la democracia. La oposición ha apostado por eso porque sabe que defender el statu quo es políticamente incómodo, cuesta mucho justificar listas cerradas, privilegios partidistas, financiamiento elevado y mecanismos que alejan a representantes y representados.
