La iniciativa reforma constitucional que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 en materia eléctrica, propuesta por el Ejecutivo Federal, tiene como propósito recuperar la generación mayoritaria de energía eléctrica y la rectoría del Estado sobre este sector, además de poner orden y corregir las anomalías restrictivas a la empresa pública de generación, distribución y trasmisión eléctrica —la Comisión Federal de Electricidad, CFE— originadas por la reforma energética vigente, aprobada en el sexenio de Peña Nieto —2013—.
La base sustancial de la reforma implica primordialmente cancelar los permisos de los contratos otorgados para la generación eléctrica a la figura jurídica de “autoabasto”, concedidos “legalmente” en la legislación actual y conferir mayor participación a la CFE en la generación —54%—, mientras que a las empresas particulares del sector eléctrico les corresponde un 46%, y la distribución y trasmisión de energía eléctrica en un 100%.
La propuesta de reforma ha ocasionado controversias y disputas por ser un asunto de seguridad nacional, ya que se constituye como un elemento vital para el desarrollo económico y social del país. Las visiones que se esbozan para conducir la industria eléctrica son contradictorias; por una parte, plantean que este tipo de industria es un monopolio natural, estratégico para la soberanía nacional, que debe ser conducido por el Estado con una orientación de servicio público, negando su carácter lucrativo y promoviendo su operatividad con criterios sociales y de promoción del desarrollo social.
La otra parte plantea un enfoque de negocio lucrativo en la energía eléctrica que debe ser manejado por la iniciativa privada por ser “altamente eficiente” y ser el verdadero “motor del desarrollo nacional”, impidiendo el carácter social que se conquistó en la década de los años 60 del siglo XX con la reforma del presidente López Mateos, donde se estipuló la nacionalización de la industria eléctrica al declararla un bien público nacional. Sin embargo, en el marco normativo vigente predomina el modelo de negocios lucrativo en manos de la iniciativa privada con la mayor participación como proveedor de electricidad al sector industrial —grandes consumidores de energía eléctrica— en el que la energía eléctrica es altamente rentable por la alta demanda que exige el sector. La Comisión Federal de Electricidad acapara obligatoriamente a los consumidores domésticos —hogares particulares— por la restricción legal que le impone la legislación actual, que es estratosféricamente menos rentable que el sector industrial.
Los permisos de autoabasto abren la puerta a la electricidad a muy bajo costo para grandes consumidores que generan la electricidad que consumen. Es decir, una empresa ahora puede invertir en la construcción de una central de generación de electricidad que requiere la demanda de su propia fábrica. Sin embargo, en la realidad no sucede así.
El autoabasto de generación de energía eléctrica sería correcto, si las empresas colocaran la central de generación eléctrica en el espacio físico de su fábrica sin tener que usar ni afectar la red nacional de transmisión eléctrica, pero eso no sucede. Lo que ocurre es que los grandes consumidores (sector industrial y comercial) se asocian con generadoras de energía eléctrica privadas y simulan una sociedad de autoabasto cuando en realidad son clientes directos y proveedores de electricidad.
Las sociedades de autoabasto cuentan con empresas dueñas de centrales de generación eléctrica dispersas por todo el territorio nacional (que no están ubicadas en el área física de las fábricas de las sociedades de autoabasto a las que pertenecen, que debería ser lo correcto) y con empresas que tienen fábricas de alto consumo de energía eléctrica, que también están dispersas a lo largo y ancho de a la república, por lo que tienen que utilizar la red nacional de transmisión eléctrica pagando un precio de trasporte eléctrico mínimo que fija la Comisión Reguladora de Energía, CRE.
La actual reforma energética de Peña Nieto solo permitía 239 sociedades con permiso de autoabasto; sin embargo, existen más de 77,700 usuarios que aprovechan de la generación de electricidad a muy bajo costo y a expensas de la sociedad mexicana, por lo que, aquello de la “libre competencia” es absolutamente falso, ya que nunca se logró el tan prometido libre mercado. En todo caso, se creó un colosal grupo de sociedades privilegiadas en un mercado paralelo con prácticas monopólicas a modo en la generación de electricidad, digamos “un club exclusivo para los grandes consumidores en donde se pagan recibos de electricidad a muy bajo costo” y la CFE no tiene acceso a ese mercado ni a esos clientes por la normatividad de la reforma energética actual.
Por estas razones, la iniciativa privada privilegiada con los permisos de autoabasto montó una campaña de desacreditación y desinformación en contra de la iniciativa de reforma eléctrica con su vocero prodigio, la COPERMEX —la voz de las empresas— en los distintos medios de información a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los partidos de oposición y a fines a la oligarquía empresarial están utilizando todo su capital político en las distintas plataformas en las que tienen acceso para sembrar una idea la ciudadanía que la reforma será contractiva y se mera reflejado en una alta de precios en sus recibos de energía eléctrica, cuando lo que se pretende es absolutamente todo lo contrario, porque lo que en realidad busca el gobierno federal es corregir los atropellos a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer la gran institución que es para el desarrollo nacional y el bienestar social de las y los mexicanos.
