En los últimos años, hemos sido testigos de cómo los poderes judiciales de distintas naciones se han convertido en actores clave dentro del escenario político. No porque actúen en favor de la justicia y el bienestar de los ciudadanos, sino porque han sido manipulados para servir intereses políticos, en un fenómeno conocido como lawfare. El término lawfare se define como «el uso del derecho como un medio de guerra para lograr resultados políticos, militares o económicos» (Dunlap, 2001). En América Latina, hemos visto cómo esta herramienta ha sido utilizada por la derecha para atacar a los gobiernos progresistas y frenar las transformaciones sociales que buscan beneficiar a las mayorías.
Uno de los ejemplos más recientes y relevantes de esta estrategia se ha dado en Guatemala, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho recomendaciones explícitas para frenar la instrumentalización del derecho penal en contra de quienes buscan la justicia y la transparencia. En este país, fiscales y jueces que intentaron combatir la corrupción han sido acosados y criminalizados mediante acusaciones judiciales sin fundamento, con el claro objetivo de desacreditarlos y evitar que continúen con su labor. Esta es una muestra evidente de cómo el lawfare funciona como una herramienta del poder para mantener un statu quo basado en la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
En México, los intentos de la derecha por sabotear los avances de la Cuarta Transformación empleando esta táctica jurídico-política no han sido la excepción. El infructífero arresto del ex Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es un ejemplo ilustrativo de cómo actores reaccionarios de la derecha —en este caso la actual gobernadora panista María Eugenia Campos— echan a andar su control e influencia sobre las instituciones de justicia para sus propios intereses.
Javier Corral, exgobernador de Chihuahua (2016-2021), centró gran parte de su mandato en el combate a la corrupción, con un enfoque particular en lo que denominó la «Operación Justicia para Chihuahua». Este esfuerzo se orientó a investigar y procesar a funcionarios de la administración anterior, encabezada por César Duarte, acusados de malversación de fondos y desvío de recursos públicos. Corral impulsó varias acciones legales para capturar a Duarte, quien huyó del país y fue extraditado de Estados Unidos en 2020. Esto le ha valido el acoso judicial por parte de la Gobernadora Campos, otrora —durante la gubernatura de Duarte— vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso estatal.
Casos equiparables son los que ha señalado la CIDH en sus observaciones preliminares de la visita in loco a Guatemala, que tuvo lugar entre el 22 y 26 de julio de 2024. El objetivo general de la visita fue observar los impactos de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial en el país. Destaco los casos de Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.
Thelma Aldana, antigua fiscal general de Guatemala, encabezó la persecución de varios casos de alto perfil de corrupción, incluyendo la investigación que llevó a la renuncia y arresto del expresidente Otto Pérez Molina. Después de finalizar su mandato en 2018, fue acusada de corrupción y persecución judicial, lo que la obligó a exiliarse. Por su parte, Juan Francisco Sandoval, destacado luchador contra la corrupción, ocupó la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y fue destituido en julio de 2021 por la fiscal general María Consuelo Porras, lo que generó una gran controversia. Tras su destitución, Sandoval huyó del país, alegando que su vida corría peligro debido a su labor anticorrupción.
La reforma al Poder Judicial, impulsada por todos los actores del Movimiento de Regeneración Nacional, no es un ataque a la independencia de los jueces, como pretende hacer creer la derecha. Es, por el contrario, sí el mecanismo para devolverle a los ciudadanos la justicia que les ha sido negada por décadas, pero también un dique de contención para frenar —y eventualmente desarticular— los nodos de poder que ejercen de forma ilegal y facciosa el grupo reaccionario y opositor, como uno de sus últimos mecanismos de incidencia política. No es fortuito que la reforma judicial de México comience a ser un referente para los gobiernos progresistas del mundo. Esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció las bondades de nuestra reforma judicial y expresó su apoyo para aplicarla en aquel país.
Durante demasiado tiempo, el poder judicial ha operado como un espacio donde los intereses de las élites económicas y políticas se anteponen al bienestar del pueblo. Se ha convertido en un terreno fértil para la corrupción, los favoritismos y el influyentismo, donde el acceso a la justicia depende o del poder adquisitivo del demandante o de los intereses del partido gobernante. Reformar este poder del Estado es esencial para desarticular el uso del lawfare en México y evitar que los intereses de la derecha sigan utilizando a los tribunales como trincheras, y a las personas juzgadoras como soldados.
La experiencia en Guatemala nos demuestra que cuando el poder judicial es capturado y utilizado para fines políticos, el camino hacia una justicia verdadera se entorpece, y es el pueblo el que paga las consecuencias. No podemos permitir que en México exista un andamiaje judicial que permita, a través del lawfare, que se detenga la transformación de la vida pública de nuestro país. La reforma es necesaria para garantizar que los jueces y magistrados no estén al servicio de actores reaccionarios, conservadores, anacrónicos o revisionistas. Tenemos la responsabilidad de asegurar que el sistema judicial sea una herramienta de justicia social y de transformación nacional. Puesta ya en marcha, hemos puesto un alto a la manipulación del derecho y hemos dado un paso rumbo a un poder judicial que sea realmente independiente de las fuerzas opositoras que por mucho tiempo han obstaculizado la transformación y el progreso.
Dunlap, C. J. (2001). Lawfare: A Decisive Element of 21st-Century Conflicts? Joint Force Quarterly, 54-61.
