Durante décadas, en México la democracia fue entendida como un acto episódico que consistía en votar y callar. El pueblo acudía a las urnas, cumplía con su deber cívico y después quedaba al margen de las decisiones públicas. Una vez electos, los gobernantes se volvían intocables, protegidos por un sistema que confundió estabilidad con impunidad. La política se profesionalizó para unos cuantos y la ciudadanía fue reducida a espectadora. En ese contexto, hablar de revocación de mandato parecía una herejía.
Esa lógica comenzó a resquebrajarse con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Desde antes de gobernar, López Obrador sostuvo que el poder debía someterse al escrutinio popular, no solo al inicio, sino durante el ejercicio del mandato. Con la reforma constitucional de 2019, esa idea se convirtió en ley, la revocación de mandato dejó de ser una bandera histórica de la izquierda para transformarse en un derecho ciudadano.
El ejercicio realizado en 2022 marcó un momento inédito en la historia política del país. Por primera vez, un presidente en funciones se sometió voluntariamente a la evaluación directa del pueblo. No fue un acto de debilidad, sino una afirmación democrática el mandato no es un privilegio personal, sino un encargo colectivo. El precedente quedó sentado. El poder presidencial dejó de ser intocable.
Este ejercicio nacional abrió la puerta para que la democracia participativa se pensara también desde lo local. En Oaxaca, el proceso de revocación de mandato impulsado durante el gobierno de Salomón Jara Cruz se inscribe en esa misma lógica transformadora. En un estado con una larga historia de cacicazgos, autoritarismo y gobiernos alejados del pueblo, someter al gobernador al escrutinio ciudadano representa un cambio profundo en la cultura política.
El ejercicio de revocación en Oaxaca no puede entenderse como un simple trámite administrativo. Es un mensaje político claro en la nueva etapa, el gobierno no se coloca por encima de la ciudadanía, sino frente a ella. Salomón Jara retoma así el principio de gobernar obedeciendo y lo aterriza en el ámbito estatal, donde tradicionalmente los gobernadores concentraron poder sin contrapesos reales.
Ambos ejercicios, el federal con López Obrador y el estatal con Salomón Jara, comparten una misma raíz democrática. No buscan castigar, sino evaluar; no pretenden desestabilizar, sino fortalecer la legitimidad del gobierno a través de la participación popular. Son mecanismos que obligan a rendir cuentas, a escuchar y a corregir, algo impensable en el viejo régimen.
Las críticas no han faltado. Desde sectores conservadores se insiste en presentar la revocación como revancha política o como amenaza a la gobernabilidad. Sin embargo, lo que realmente incomoda es la pérdida de control. Un pueblo informado y participativo rompe con la lógica de los acuerdos cupulares y del poder sin vigilancia.
Además, la revocación de mandato cumple una función pedagógica central. Coloca en el debate público conceptos como soberanía, responsabilidad y participación. Invita a la ciudadanía a involucrarse más allá del voto y a entender que la democracia es un ejercicio permanente. En un país marcado por el desencanto político, este aprendizaje colectivo es tan importante como el mecanismo mismo.
La revocación de mandato, ejercida a nivel nacional y replicada a nivel estatal, es una herencia democrática que no pertenece a una persona ni a un sexenio. Es una conquista del pueblo. Nos recuerda que el poder debe rendir cuentas y que la soberanía no se aplaude, se ejerce. Si el pueblo pone, el pueblo también puede quitar. Ahí, justamente ahí, comienza una democracia real.
