La Organización Panamericana de Salud ha afirmado que la salud mental es vital no sólo para la salud, sino también para el bienestar social y económico. Además, sostiene que los problemas de salud mental son tanto causa, como consecuencia de la pobreza, la educación deficiente, la desigualdad en materia de género, los problemas de salud y otros retos a escala mundial. También están relacionados con la mortalidad prematura a causa del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la infección por el VIH/sida, así como con una mayor probabilidad o riesgo de suicidio. A nivel mundial, los trastornos mentales representan una carga sanitaria y social enorme: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), centenas de millones de personas viven con depresión y la ideación suicida y los suicidios continúan siendo causas principales de muerte entre jóvenes. Las estimaciones globales muestran que una fracción importante de la población padece deterioro asociado a trastornos mentales y que el acceso a tratamientos y a servicios efectivos es insuficiente. En términos de mortalidad e impacto extremo, el suicidio continúa siendo un problema público relevante que exige estrategias de prevención dirigidas. Así mismo, las estimaciones de carga de enfermedad (Global Burden of Disease / HealthData) señalan que más del 10–13% de la población mundial experimentó trastornos mentales en 2021 y que una parte importante de esa carga podría mitigarse con intervenciones de salud pública adecuadas.
En México, aproximadamente 3 de cada 10 personas ha padecido al menos un problema de salud mental a lo largo de su vida; de esas personas, más de 60 % no recibe tratamiento alguno. Desde el inicio de su gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum ha planteado un énfasis en la ampliación de la cobertura sanitaria pública y la consolidación de servicios (mediante programas y estrategias como el IMSS-Bienestar, programas de atención comunitaria y acciones de salud pública). En comunicados y planes de salud se ha anunciado la intención de articular servicios más integrales y accesibles, así como programas específicos dirigidos a población vulnerable (personas mayores, ampliación de atención primaria, acciones comunitarias). Estas iniciativas ofrecen una ventana para incorporar de manera decidida la salud mental, en las prioridades sanitarias nacionales. No obstante, la experiencia internacional y la evidencia de la OMS muestran que la voluntad política debe traducirse en recursos sostenibles, formación de personal en atención psicosocial, integración de la salud mental en atención primaria, y sistemas de monitoreo y evaluación. La 4T, con su énfasis en derechos sociales y justicia distributiva, tiene coherencia con esta necesidad, pero el desafío es operacional: presupuesto, formación y descentralización efectiva.
En el México de la Cuarta Transformación se esboza una nueva visión del Estado que busca no sólo la transformación política y económica, sino también la del bienestar social. Dentro de ese horizonte, la salud mental emerge como un derecho humano fundamental que exige ser prioridad nacional, tanto por su impacto sobre la vida cotidiana, como por las brechas que existen en su atención. La convergencia entre la evidencia científica, el marco de derechos y la agenda de la 4T ofrece una oportunidad real para que la salud mental se transforme en una prioridad de Estado. Lo anterior demanda que el gobierno traduzca compromisos retóricos en políticas financiadas, descentralizadas y evaluables: integrar la salud mental en todos los niveles del sistema de salud, proteger el acceso universal y diseñar políticas inclusivas y culturalmente pertinentes. Pese a la complejidad de lograrlo, es necesario recordar que la salud mental no es un costo, es una inversión en capital humano, cohesión social y productividad. Tratarla como derecho y prioridad significa que México deberá medir el éxito no sólo por discursos, sino por reducción de brechas, mortalidad prevenible (incluido el suicidio), disminución del sufrimiento evitable y el aumento de oportunidades para quienes viven con trastornos mentales.
La Cuarta Transformación tiene, en su discurso y en varias acciones recientes, una oportunidad histórica para garantizar que la salud mental deje de ser un tema marginal o subsidiario. Convertirlo en derecho fundamental y prioritario implicaría no sólo reformas legales, sino un cambio profundo en la manera en que la sociedad, el Estado y las instituciones entienden el bienestar humano. Para lograrlo se requiere voluntad política sostenida, visibilidad pública, inversión, coordinación institucional y un enfoque de derechos humanos que incluya a quienes más han sido excluidos. Sólo así se podrá construir un México más justo, donde la salud mental no sea una meta lejana, sino una realidad para todas y todos.
