La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue dando batalla para detener la reforma judicial, que —recordemos— ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y Congresos locales. A tan solo unos días de que el Senado emita la convocatoria para la elección de los cargos, con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte resolvió que sí podrá analizar la constitucionalidad de la reforma judicial.
El argumento del voto a favor se centró en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que hace referencia: “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”.
Lo anterior admitiendo la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales.
Se suma al conflicto de varios meses esta admisión de la Corte, y debemos poner sobre la mesa que los intereses que conlleva la reforma judicial son muy importantes para el futuro judicial de México. Desde 1994, con la reforma judicial del expresidente Zedillo, este poder no ha sido “tocado” ni reformado. Se trata, entonces, de una exigencia del Pueblo por la corrupción, privilegios y nepotismo que se manejan ahí dentro; del otro lado de la moneda, está la lucha de los titulares de dicho poder por defender sus intereses, labor y carrera judicial.
Esto sentará un precedente para la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, sin embargo, la postura de la nueva Presidenta de la república podría acrecentar o disminuirla, por lo que será clave para el seguimiento. Ella ha dejado muy claro su apoyo a la reforma, así como la protección a los trabajadores del PJF.
Esto podría ser un atentado contra la autonomía del Poder Legislativo o la salvación de un Poder Judicial envuelto en la polémica, otro hecho que queda registrado en este incómodo y complejo proceso para implementar la reforma judicial.
Estaremos a la expectativa de conocer qué sucederá en los próximos días en el Pleno de la Suprema Corte, aunque podemos deducir que será procedente el análisis de la inconstitucionalidad de la reforma… Lo que no podemos garantizar es el congelamiento de la misma por parte de la presidencia de la Corte y, si esto llega a ocurrir, ¿qué lucha le depara al país?
