Las(os) 353 diputadas y diputados que votaron a favor de la iniciativa en materia energética la semana pasada dieron el primer paso, en tiempos de Transformación, para comenzar a desmantelar la reforma entreguista de Peña Nieto.
Esta reforma fue diseñada con el propósito de entregar el sector energético de nuestro país a los intereses extranjeros, por ende, es importante recordar cómo fue este proceso de entreguismo.
Comencemos: la reforma de 2013 fue la estocada final luego de que los gobiernos neoliberales fueron desmembrando, de forma paulatina, las empresas públicas del Estado como Pemex y CFE, las cuales fueron creadas en el gobierno (nacionalista) del general Lázaro Cárdenas del Río.
¿Cómo lo hicieron? En primer lugar, en 1992 se modificó el artículo 27 constitucional para vender 61 plantas petroquímicas y, al mismo tiempo, fragmentaron a Pemex en cuatro órganos: Pemex refinación, Pemex Gas, Pemex PE y Pemex petroquímica. Lo mismo para la CFE.
A la par, a Pemex la fueron estancando en problemas legales, por ejemplo, en 2007 enfrentaba 26 mil juicios laborales, civiles y mercantiles. Y, en 2008, la empresa petrolera enfrentaba diversos juicios fiscales, penales, administrativos que tenían un valor aproximado de 35 mil 484 millones de pesos.
Con la reforma peñista se incorporaron a Pemex y a la CFE a un esquema de competencia limitado en un sistema mercantil que buscó rentabilidad en lugar del bienestar de los mexicanos, por lo que se les impuso la definición: “empresas productivas del estado”.
Asimismo, se abrió a la iniciativa privada zonas estratégicas del territorio mexicano para la explotación y extradición de hidrocarburos que antes sólo eran exclusivas para Pemex por seguridad nacional.
En el caso de la CFE, se vulneró la confiabilidad del sistema eléctrico nacional para favorecer a las empresas privadas que generaban energía intermitente a través de la solar y eólica, las cuales son un gran negocio para unos cuantos.
Además, se crearon órganos reguladores centrados como la Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos que favorecieron a las empresas extranjeras a través de contratos con el propósito de que disminuyera la participación de la CFE y Pemex en zonas estratégicas del sector energético.
No podemos olvidar que, de acuerdo con los datos de la empresa del Estado, se pronosticaba que para finales de 2024 la CFE se quedaría con el 16% de la generación y así progresivamente hasta llegar a su desaparición.
Dicho lo anterior, el concepto de soberanía fue perdiendo su fuerza en el periodo neoliberal, a pesar de que las potencias en el mundo le dan una gran importancia a esta palabra a tal grado que a su sector energético lo consideran de seguridad nacional.
Con la llegada del expresidente López Obrador, se comenzó con una estrategia de rescate a Pemex y a la CFE con el objetivo de que se tuvieran precios accesibles en la tarifa eléctrica, así como en las gasolinas que consumimos diario.
Asimismo, recuperó las ventas en el mercado interno, por ejemplo, la venta de gasolinas aumentó el 87 por ciento en 2023, mientras que en 2020 estaba en 81 por ciento.
Incluso en 2023 se abrieron 214 gasolineras nuevas de Pemex y 2024 se han inaugurado otras 51 nuevas, llegando a 7,252 en México. No olvidemos que con la reforma de 2013 las gasolineras de la paraestatal fueron opacadas por las empresas privadas que ofrecían costos excesivos.
Esto se debe a la construcción de la nueva refinería “Olmeca” en Tabasco, la cual está funcionando actualmente al 80 por ciento de su capacidad. Adicionalmente, se compró la refinería Deer Park, ubicada en Texas, que tiene la capacidad de procesar 340 mil barriles por día y posee una utilidad adicional de $584 millones de dólares.
En cuanto al sector eléctrico, en el sexenio pasado se realizó una inversión histórica de $19,992 millones de dólares en proyectos de generación, transmisión y distribución.
En 2021, el Presidente AMLO mandó una iniciativa para fortalecer la industria eléctrica que fue declarada inconstitucional por el poder judicial, pues algunos ministros protegen los intereses de las empresas extranjeras.
Sin embargo, en 2024 se logró hacer realidad el “Plan C” con el cual se puede hacer modificaciones a la Constitución política y así desmantelar las reformas neoliberales que perjudicaron —y siguen perjudicando— a los mexicanos, incluyendo la reforma energética de 2013.
Ahora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está continuando con la política nacionalista del Obradorismo en el sector energético, por lo que se espera que con el tiempo se siga reformando la constitución para desmantelar por completo la reforma peñista.
Aún queda un pendiente importante, pues actualmente se tienen más de 8,000 empresas privadas contratistas que le cuestan a la CFE $237 mil millones de pesos, un precio elevado en áreas que podría hacer la propia empresa pública.
Es más: la Presidenta aseguró que Pemex y CFE comenzarán a jugar un papel en la transición energética, al igual, el gobierno está diseñando un plan para fortalecer las finanzas de ambas.
