La oposición y sus demás componentes mediáticos están volcados en la campaña contra la designación legal de diputados plurinominales que tiene que llevar a cabo inicialmente el Consejo General del INE. Su nueva disputa sigue el mismo tenor de las demás, partiendo de falsas premisas, difundiendo que habría una sobrerrepresentación legislativa si se aplican las fórmulas que durante décadas se han aplicado y que anteriormente beneficiaron al PRI y PAN principalmente.
Han salido al debate juristas y académicos del viejo régimen a dar una explicación (según ellos con tecnicismos jurídicos) para justificar que la Constitución y la ley deben asignar plurinominales a coaliciones y no a partidos políticos, argumentando que deben darse diversas interpretaciones para construir un imaginario jurídico en abstracto para concluir que el legislador y el espíritu de la norma dicen lo contrario a lo que redactaron, aún y cuando eso fue contrario a lo que argumentaban cuando la misma fórmula de asignación les benefició cada elección antes de 2018.
El debate realmente es muy simple, aunque lo quieran hacer complejo: la lógica impera cuando se analizan los números en frío, Morena y sus aliados ganaron 258 distritos electorales de 300, lo que representa el 85% de las curules de mayoría relativa. La oposición en su conjunto ganó solo 42, lo que representa el 15%. En el caso del Senado, Morena y aliados ganaron 30 de 32 estados de la República, así de abrumador fue el resultado que refleja una representación genuina de la voluntad popular manifestada en las urnas,
Ahora bien, el reparto de diputaciones por el principio de representación proporcional es a partir de resultados por partido político, así lo establece (expresa y literalmente) la Constitución federal en su artículo 54. En la etapa de estas designaciones dejan de existir las coaliciones que surgieron y se mantuvieron para confluir fuerzas y liderazgos sociales y políticos en las campañas (para que en suma arrojen resultados con mayor expectativa); dichas coaliciones para hacer cálculos de asignaciones a partidos en lo individual e incluso para ver si los partidos alcanzan el mínimo suficiente para conservar el registro.
Sin embargo, la oposición y sus agentes llegan a la irracionalidad alegando que debe entenderse que partido es lo mismo que coalición para efectos de reparto de plurinominales, incluso cuando la Constitución y la ley derivada refiere expresamente que aplica para partidos políticos. Sostienen que ellos obtuvieron arriba del 40% de votos y eso se tiene que reflejar en el Congreso, así de simplista es su ocurrencia, como si la ley y la Constitución no regularan todo este proceso de conformación de las Cámaras.
En esas mismas líneas discursivas, piden a consejeros del INE y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que asuman las fórmulas planteadas por ellos porque, de lo contrario, si aplican como debe ser la Constitución y la ley, Morena y aliados tendrían la mayoría calificada y con ello las reformas constitucionales para quitarles el trabajo y con ello los privilegios que este conlleva. A ese nivel de argumento llegan sin el mínimo de pudor ético y político.
El debate realmente está en las élites políticas, la gran mayoría de mexicanos que participan en los asuntos públicos respaldan más que nunca a la Cuarta Transformación, así que por más que convoquen a movilizarse (que es con lo que amenaza la oposición), no va más allá que algunos cuantos. Es más, mejor que exhiban su disminución porque quienes acudieron en su momento a aquella marea rosa era gente en su mayoría clasista, engañada y desinformada que hoy en su generalidad está desanimada, decepcionada y sin ganas de participar.
Un argumento jurídico contra sus falacias de juristas que insisten en hacer diversas interpretaciones para llegar a una conclusión que les permita no aplicar la fórmula de reparto de plurinominales es que no debe de recurrir a interpretaciones cuando la norma es clara (como es el caso). Ellos quieren forzar en sustituir el concepto partido por coalición para que solo sea un 8% en su conjunto como coalición a Morena y sus aliados y no un 8% a cada uno de los partidos que conformaron la coalición ganadora, lo cual es un absurdo jurídico, pues quieren inventar o sustituir conceptos que están fijados en la constitución y la ley, cuando precisamente separadas y diferenciadas están las figuras de coalición y de partido.
