Hoy 01 de septiembre comienza un capítulo inédito en el sistema judicial de nuestro país: con la designación del nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, la Suprema Corte rompe con la herencia del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, cuando se impuso un Poder Judicial sometido a la hegemonía de las élites, distante de las mayorías y sin respaldo popular. Hoy, esa misma institución se transforma en lo que siempre debió ser: la Suprema Corte del Pueblo.
Su nombramiento ha estado envuelto en cuestionamientos profundamente ideológicos y racistas: algunos han intentado desacreditarlo por el solo hecho de ser indígena, como si su origen fuera sinónimo de incapacidad. Otros impugnan la legitimidad del proceso, calificándolo de irregular, sin reconocer que ese mismo proceso ahora responde al mandato de millones de personas. Se trata de un avance frente a siglos de exclusión, donde los pueblos originarios fueron sistemáticamente apartados de las instituciones de poder y reducidos a la condición de subordinados. Hoy, su presencia en el máximo tribunal de justicia, simboliza una ruptura con esa herencia y abre la posibilidad de una justicia que por primera vez se acerque territorial y simbólicamente a quienes históricamente fueron marginados. Lo histórico no es únicamente que un abogado mixteco presida hoy la Corte, sino que en su designación se reconozca a los más de 23 millones de personas indígenas que habitan en México.
Durante décadas, la Corte fue ese órgano intocable donde se protegían los privilegios de clase, mientras las mujeres eran víctimas de violencia y revictimizadas en tribunales, los pueblos originarios veían sus derechos anulados y miles de indígenas eran encarcelados sin comprender por qué, pues la falta de intérpretes de lenguas indígenas no fue un detalle técnico, sino una barrera estructural que sostuvo la opresión del Estado. Por ejemplo, en Oaxaca, el 60 % de la población indígena en prisión no tuvo acceso a intérprete, y de quienes sí lo tuvieron, el 46 % no entendió la información que se les dio. En Chiapas, el 42 % de los detenidos indígenas no recibió asistencia lingüística, y 9 de cada 10 no tuvieron intérprete ni durante su detención ni en el juicio, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hablamos de personas sometidas a un proceso de dominación, privadas de su libertad bajo un sistema desigual que las redujo a cifras.
Casos emblemáticos como el de Jacinta Francisco Marcial en 2006, una mujer hñähñú del estado de Querétaro, condenada por presunto secuestro sin pruebas sólidas, muestran hasta dónde llegó la justicia selectiva: fue liberada años después, al confirmarse que se trató de una detención arbitraria. O el de Pablo López Alavez, defensor zapoteco de Oaxaca preso hace casi 15 años por proteger el agua de su comunidad: el sistema lo privó de su libertad en 2010, pese a fallas graves en el proceso, y organismos internacionales han denunciado su detención como arbitraria. Estos dos casos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático de injusticia. Forman parte de los 5,880 expedientes de detenciones arbitrarias documentados durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, periodo que registró el mayor número de casos de este tipo, particularmente en contra de personas indígenas, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos .
Ese muro de exclusión, ese sistema de dominación que relegaba, desacreditaba y encarcelaba injustamente, comienza a resquebrajarse. La llegada del nuevo ministro presidente a la SCJN no es un simple relevo administrativo: es la prueba de que la justicia puede empezar a convertirse en un terreno de lucha de clases, al servicio del pueblo y no de los poderosos.
La transformación de la justicia supone romper con la desigualdad estructural y saldar una deuda histórica: con mujeres, con pueblos indígenas y con todos aquellos que fueron vulnerados por un sistema corrupto y clasista. Decir que su designación pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial es un argumento insostenible; en realidad, la autonomía verdadera se funda en una justicia con el pueblo, no contra él. El pueblo tomó la palabra y la Corte tuvo que escuchar.
La justicia se mide no en palabras, sino en la dignidad conquistada por los pueblos. Hoy, la Suprema Corte del Pueblo está llamada a convertirse en un instrumento de justicia de clase y de emancipación social, porque sin justicia no hay democracia, y sin democracia no hay transformación.
