Por: Pablo Quiroga Adame
Allá por 2012, cuando colaboré en una ONG bastante combativa dedicada a la defensa de los derechos humanos, aprendí de una compañera una lección que me acompaña hasta hoy: Nos debe de quedar claro que, pese a nuestras convicciones, visiones y creencias, constantemente jugamos en la cancha del adversario. Es decir, bajo reglas y formalidades con las que no necesariamente coincidimos, pero que constituyen un andamiaje que, lejos de ignorar, debemos de usar a nuestro favor.
Trasladando esto a algo concreto que he tenido en mente últimamente. Desde un análisis personal, creo que existe una resistencia natural por parte de los gobiernos de izquierda – sobre todo en países con estructuras administrativas relativamente jóvenes, como el nuestro- a utilizar herramientas de diseño y evaluación de políticas públicas, probadas en múltiples contextos, que han demostrado su utilidad en distintas latitudes, más allá de su origen. Y justo en el origen es donde aparece la penitencia.
La intuición me dice que este escozor podría estar íntimamente vinculado con quién emite estas directrices. Muchas las metodologías para estructurar y medir los resultados de un gobierno fueron desarrolladas por organismos consagrados para la promoción de la integración global, que, como dice Dani Rodrik en su libro The Globalization Paradox, profundizan las dinámicas de dependencia entre las naciones industrializadas y periféricas. Me refiero a espacios como la OCDE, el FMI o el BID, que, a lo largo de las últimas décadas, han dedicado parte de su trabajo a la construcción de herramientas de diseño y evaluación de política pública que permiten conocer con mayor profundidad los resultados de las decisiones gubernamentales y, a partir de ello, determinar si una iniciativa debe continuar, ajustarse o desaparecer.
Madurez es reconocer que estas metodologías existen y son utilizadas por razones positivas para el Estado y la construcción de ciudadanía, pues permiten sistematizar la efectividad de un gobierno bajo parámetros estandarizados y comparables. De igual manera, ofrecen información a las y los ciudadanos para exigir la permanencia o demandar la modificación de políticas de gobierno. Incluso, viéndolo desde un punto de vista práctico, es un instrumento idóneo para responder a las críticas de oposición -muchas veces infundadas y basadas en prejuicios- con datos concretos, más allá de las cifras generales que ofrece el INEGI.
Esta sistematización y, sobre todo, metodología de evaluación, ha sido utilizadas ampliamente por gobiernos que buscaban legitimar la continuidad de la política social en sus países. Por ejemplo, en 2018, un riguroso estudio del Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs), vinculado al Ministerio de Salud brasileño, demostró que en ciudades con una cobertura de entre 30% y 70% de Bolsa Familia, las tasas de homicidio se redujeron en 16% y las hospitalizaciones por violencia en10%. De igual manera, en 2022, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CONITEC) del gobierno argentino divulgó una rigurosa evaluación de la Asignación Universal por Hijo, en la que, desde una perspectiva crítica, analiza los aciertos y errores de esta iniciativa instrumentada por el peronismo, la cual redujo brechas de pobreza, no obstante, incumplió algunos de sus objetivos en materia educativa y de salud.
Como experiencia personal -sin el rigor científico requerido, claro está- en 2022 realicé un análisis sobre la efectividad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) en la reducción de la incidencia delictiva. Para ello, consideré 5 municipios con una alta participación en el programa, en contraste con 5 municipios con baja participación. Los resultados demostraban que, en 3 de los 5 municipios con alta participación en el programa, había una reducción en delitos como homicidio o robo, en contraste con el grupo control, en el que se mantenía o elevaba la incidencia delictiva. Sin duda, este tipo de evaluaciones contribuyen a validar la continuidad y utilidad de esta exitosa iniciativa de la Cuarta Transformación que resinifica el papel de la juventud en la sociedad.
La política social, sobre todo en una administración progresista, es un blanco constante de ataques por parte de la oposición formal-partidista, así como el establishment mediático, académico y los grupos de interés detrás de ellos. Esa es una realidad, pero la respuesta no debería ser desconfianza hacia la técnica, sino apropiación de ella. Usarla para demostrar, con evidencia, que un Estado comprometido con la justicia social también puede ser un Estado eficiente y transparente.
En otras palabras, la técnica no sustituye al proyecto político, lo robustece. Bien empleada, es una herramienta para legitimar la profundización de la construcción de condiciones de bienestar en nuestro país.
@PabloQUA
Comunicólogo enfocado en mercadotecnia y políticas públicas. Economista en formación. En mis ratos libres me leo, reflexiono y toco el piano.
Comencé esta aventura entre la política estudiantil y los Derechos Humanos en Nuevo León. Lo mío es la construcción de una mejor realidad para el beneficio colectivo.
