Hasta antes de la reforma constitucional al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024, los mexicanos únicamente podíamos ser partícipes de manera directa en la elección de las mujeres y hombres que tendrían bajo su responsabilidad el ejercicio del poder público en sus aristas legislativa y ejecutiva, es decir, de las personas servidoras públicas encargadas, entre otras cuestiones, de crear y reformar las leyes vigentes en el país, así como de garantizar su estricta aplicación.
En este sentido, y a pesar de que nuestro máximo ordenamiento establece que todo poder público dimana del Pueblo y se instituye para beneficio de éste, el hecho es que hasta antes de la citada reforma, la ciudadanía se mantenía totalmente ajena a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, situación que propició diversos problemas en su operación, pues desgraciadamente la impartición de justicia fue tomada por pequeños grupos que vieron en la función judicial un gran botín, contaminándola de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.
Es así que, con la reforma el Poder Judicial en todos sus niveles, se puso en el ojo público, como nunca antes la ciudadanía pudo conocer de primera mano cuáles son las funciones de una Ministra o Ministro, Magistrada o Magistrado, o de una Jueza o Juez; asimismo, las personas que aspiraron a formar parte de la transformación del nuevo Poder Judicial, tuvieron la oportunidad de acercarse al pueblo, conociendo sus necesidades y experiencias, además de compartir sus proyectos en torno a los cargos para los que se postularon.
De tal forma que, ante esta inigualable oportunidad, el pasado 01 de junio millones de mexicanos salimos a democratizar el Poder Judicial, acudimos a las urnas a expresar nuestro sentir y deseo de transformar la manera en que se venía impartiendo justicia en el país, pues lejos de cualquier prejuicio que pudiese tenerse en torno a la reforma judicial, no puede desconocerse que un cambio en aquel era necesario, ya que respondía a una demanda de la ciudadanía que durante años fue testigo de casos que exponían una situación que necesariamente debía atenderse en la impartición de justicia, ejemplos de liberaciones indebidas, redes de influencias, gastos excesivos, insensibilidades judiciales, entre muchos otros aspectos que marcaron la decisión del pueblo mexicano.
Es indudable que, como en todo proceso democrático, existen elementos a perfeccionar en este nuevo paradigma en el que se desenvolverá la función jurisdiccional, lo cual es normal dada su importancia y trascendencia. Ante esto, no queda más que unir esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad, pasando desde la academia, medios de comunicación, organizaciones civiles, empresarial y Gobierno, con el objetivo de consolidar la transformación de nuestro sistema de impartición de justicia, es momento de unirnos, de dejar atrás recelos y prejuicios, y trabajar por el bien de México.
Finalmente, es trascendental referir que queda bajo la responsabilidad de las 881 personas electas para ocupar los cargos de Ministros, Magistrados y Jueces Federales, no defraudar la confianza y esperanzas de los millones de mexicanos que participaron en este acontecimiento, deben ser conscientes de su compromiso con el pueblo de México de impartir justicia sin mirar a quién, sin importar niveles socioeconómicos, ideas o posturas políticas, confiamos en que la transformación del Poder Judicial es posible.
