La masacre de los miembros de la familia LeBarón le abre al presidente Andrés Manuel López Obrador una oportunidad única para recibir ayuda del gobierno de Donald Trump, pero no necesariamente con el envío del Ejército estadounidense a tierras mexicanas para enfrentar a cárteles de la droga –algo que ya se hace con la Iniciativa Mérida–, sino para detener el tráfico de armas, hacerlo en forma seria, no con discursos.
De hecho, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio un paso importante sobre el tema, pues en medio de la crisis migratoria, puso sobre la mesa la creación de un grupo de trabajo binacional para detener el tráfico de armas.
El plan es liderado por Fabián Medina, jefe de Oficina de la oficina del canciller, quien logró sus primeras reuniones con autoridades estadounidenses, las cuales tienen una presión alta de productores de armas, ya que –legal o ilegalmente—ese mercado representa miles de millones de dólares. En el terreno del tráfico de armas, el negocio se estima en $1,000 millones de dólares, la tercera parte del comercio de armamento (pistolas, rifles, metralletas, principalmente), estipulado en unos $4,000 millones de dólares.
La pregunta es si los productores de armas están dispuestos a deshacerse de ese mercado negro, porque la producción es legal, pero su distribución no lo es. Los grupos criminales encuentran caminos para mandar el armamento a cárteles sin mayor problema.
Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Nueva York, Édgar Iván Galván, originario de Ciudad Juárez, contó cómo se dedicaba a comprar armas para ocultarlas en una casa en Texas, luego cruzarlas a México. Estaba coordinado con Antonio Marrufo, alias “El Jaguar”, extraditado en mayo pasado a Estados Unidos. Esa es una “pequeña perla” del nivel de tráfico de armas que hay en México.
El periodista Ion Grillo, experto en narcotráfico, escribió en el The New York Times que entre 2007 y 2018, “más de 150,000 armas de fuego fueron rastreadas definitivamente desde criminales mexicanos hasta tiendas de armas y fábricas en los Estados Unidos”. El negocio es de cientos de millones de dólares.
El tema es prioridad para México, pero el presidente Trump y sus aliados republicanos tienen problemas para atacarlo de frente, debido a la cercanía con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con el Partido Republicano, al ser una de las organizaciones que más aportan a candidatos de ese partido, incluso al mandatario, a cuya campaña de reelección han donado –hasta el momento– alrededor de $16,800 dólares, según registros de la organización Open Secrets.
Ahora bien, el tema resulta más complejo porque el tráfico de armas es un asunto multinacional y reducir su mercado implica frentes de diversos gobiernos, pero un avance con EEUU ayudaría a atacar al 60% del mercado negro, pues el resto corresponde a equipo importado ilegalmente desde Europa (Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia y Rumania), incluso un porcentaje de Brasil y otro en ascenso de China. Los cárteles conocen su negocio y están abiertos a nuevas opciones para mantenerlo.
El canciller Ebrard afirma que el objetivo es que las administraciones mexicana y estadounidense logren el “congelamiento” del tráfico de armas y hacer un rastreo mensual de cómo se avanza. Las negociaciones para lograr un acuerdo son en privado y hay poca información al respecto, dada su complejidad y delicadeza, pero hay que estar atentos, porque tras bambalinas el presidente Trump y su gente aceptaron crear las mesas de trabajo, pero en medio de la campaña electoral para el 2020 las prioridades pueden cambiar.
Jesús García. Periodista de El Diario NY (eldiariony.com), exeditor de Reforma, y exbecario de ICJF, WSJ y el Instituto de las Américas y excolaborador de El Financiero.
Twitter: @jesusgar
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