El pasado 3 de octubre el pleno de la Suprema Corte de la Nación discutió y resolvió por mayoría darle entrada a una petición consulta de jueces y magistrados para que revisara la viabilidad de someter a control constitucional la reciente reforma constitucional en materia judicial basándose en la ley orgánica del poder judicial para que en términos prácticos, se invente un mecanismo de control aunque no esté previsto en la constitución y pueda revisar la constitucionalidad de las reformas a la constitución por posible violaciones a derechos laborales, autonomía e independencia judicial.
Durante estos días se han estado emitiendo suspensiones provisionales y definitivas por diversos jueces de distrito en tramites de juicios de amparo, que por todas las vías se les ha dicho expresamente su improcedencia por la materia que se trata relativo a reformas a la constitución, aun así han sido insistentes y no se han detenido en promover y resolver entre ellos mismos como si no hubiese aparte de la improcedencia legal, un impedimento por ser juez y parte por su manifiesta y pública expresión de oposición a la reforma, ya que tienen un abierto interés en el asunto y con ello se irrumpe la imparcialidad del juzgador
La propia constitución establece cuales son los diferentes mecanismos o procedimientos que se llevan en forma de juicio para revisar normas generales emitidas por alguna autoridad (no necesariamente el legislativo) o actos de autoridad para revisar su concordancia con la constitución, son bastos y amplios que prevén todas las posibilidades acotando a que cuando la propia norma constitucional es reformada bajo el procedimiento y los órganos legislativos facultados para ello, no existe poder revisor que pueda evaluar y revocar dichas reformas, pudiera ser que sea evaluado el procedimiento legislativo que es fuera de lo ordinario para reformar la constitución y eventualmente ordenar su reposición pero jamás la sustancia de la reforma es sujeta de impugnación.
Hay un trasfondo político porque era el último reducto de la oposición, la renovación del poder judicial los pulveriza y desaparece, por eso la reacción desesperada e irracional inventando argumentos absurdos y en abstracto que se violenta la división de poderes y la independencia del poder judicial sin aportar en lo concreto el razonamiento jurídico que tenga una explicación lógica de sus afirmaciones, al punto en que surgen voces que señalan que tienen el monopolio del conocimiento y la preparación.
Como el amparo es improcedente y la acción de inconstitucionalidad no reúne el mínimo de legisladores para su procedencia, la Suprema Corte se inventa que a partir de un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial puede asumir una facultad inexistente para darle entrada a una consulta encaminada a arengar a que ese mismo tribunal constitucional pueda eventualmente hacer consideraciones sobre la constitucionalidad de las reformas constitucionales lo cual es totalmente una aberración jurídica que no corresponde a las facultades de la Corte.
Esta petición de jueces y magistrados fue hecha al pleno de la Corte el 11 de septiembre, días antes al proceso legislativo que fue completado y en consecuencia se promulgó lo cual lleva a un estado de hechos consumados e irreparabilidad de derechos lo cual también dejan de lado los ministros que le dan entrada a este procedimiento de consulta y que quieren transformar en un mecanismo de control constitucional hecho exclusivamente para esta eventualidad y explorar y tratar de construir la determinación más absurda y aberrante para pretender invalidar una reforma constitucional.
No puede derivarse de una norma secundaria como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial una interpretación con la que emerja un mecanismo de control constitucional, todos estos mecanismos están expresamente anclados en la propia norma constitucional y cada uno tiene su reglamentación en leyes secundarias, por eso cae en el absurdo que la Corte hoy se esté inventando a partir de una burda e inadecuada interpretación un mecanismo de control, están cayendo en el ridículo absurdo estos ministros que defienden a como de lugar su cargo y privilegios que éste conlleva.
