Pluma Patriótica

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Las falacias sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

Todo el país se está haciendo partícipe, en estos momentos, de la discusión acerca de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Los adversarios del actual Gobierno de México han fabricado y promovido una serie de mitos acerca de la mencionada reforma, enviada por el Presidente en la modalidad de iniciativa preferente, los cuales vale la pena desmontar: 

“La iniciativa de reforma es anticonstitucional…”

Desde que el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la ‘Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica’, una vez más, quedaron al desnudo dos proyectos de Nación, dos posiciones políticas, dos visiones de vida. Una de ellas prioriza la ganancia privada a toda costa, incluidas la dignidad, la vida y el entorno donde éstas se desarrollan. La otra, a la que millones de mexicanos nos sumamos y luchamos por mantenernos en ella día a día, prioriza la vida en común, la preocupación por el entorno, el bienestar social y también considera la participación de empresas privadas en el proyecto, pero sin que la ganancia de éstas quede por encima de la vida o de los derechos.

En esta polémica, se desnudan y definen las posiciones de una manera muy clara, porque la industria eléctrica, actualmente, se constituye como vital para todos los campos de la humanidad: es parte central de la vida cotidiana de la gran mayoría y, por esa importancia económica y social, también representa un negocio muy rentable. Es pertinente, entonces, formular la pregunta: ¿rentable para quién? O con más precisión: ¿mayoritariamente para quién debe ser rentable la industria eléctrica de un país? En la historia de México, la respuesta la han dejado plasmada los patriotas participantes en la construcción de la Nación, en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en los cuales está explícitamente basada la ‘Iniciativa’ enviada por el Presidente en su exposición de motivos. 

Estos artículos otorgan al Estado Mexicano “la rectoría del desarrollo nacional, para que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático…” (art. 25) además dicen que el “sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas… manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado…Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos…” (Art. 25). Es decir, el Estado tiene el control, por ley, de áreas productivas que son necesarias (“estratégicas” dice la ley) para la vida de los ciudadanos, quienes ya han decidido ‒a través de su participación política y su voto‒ las bases y las necesidades sobre las que se debe manejar la industria eléctrica. Entonces, definir la prioridad de esta industria ‒así como qué se hace con sus posibles ganancias y rentabilidad‒ es un tema que debe definir el Pueblo mexicano en general y no los dueños de una empresa en particular. En efecto, esto lo debemos decidir única y exclusivamente los mexicanos. Así se fortalece la soberanía nacional y eso es plenamente constitucional. 

Lo anterior se refuerza en el artículo 27 Constitucional, el cual otorga exclusividad a la Nación para planear y controlar el sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Este artículo dice que no habrá concesiones en estas actividades, pero el Estado buscará que la planeación no perjudique a particulares, los cuales podrán participar en actividades relacionadas con la industria eléctrica en los términos que establezca la ley. Es claro: se ha otorgado la posibilidad de participar a los privados en una industria tan importante y la ley protege ese derecho, siempre y cuando se mantenga por encima el deber de satisfacer de la mejor manera las necesidades del Pueblo mexicano en materia de energía eléctrica y entendiendo que la prioridad del Gobierno de México son las necesidades de ese Pueblo. Los privados deben sujetarse a la planeación que éste defina. 

En la modificación propuesta por el Presidente al artículo 12, Fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica se reconocen estos preceptos constitucionales al incluir que los permisos otorgados a privados deben considerar la planeación del Sistema Eléctrico Nacional hecha por la Secretaría de Energía, la cual fue designada por el Poder Ejecutivo, electo por el Pueblo de México. Es decir: la modificación ratifica a la Constitución para proteger las necesidades del Pueblo. 

“La iniciativa está contra el libre mercado y las empresas privadas…”

Uno de los puntos que más ataques ha provocado esta iniciativa ‒por parte de la derecha protectora de sus compromisos con empresas privadas‒ es la modificación en el mecanismo de despacho; es decir, a quién le va a comprar primero CFE la energía para suministrar a los hogares e industria. Este cambio se hace efectivo en las modificaciones propuestas al artículo 3, fracciones V, XII y la creación de la fracción XII bis; así como las modificaciones a los Artículos 26 y 108 Fracciones V y VI de la Ley de la Industria Eléctrica. Estas modificaciones básicamente permitirán que se logre el despacho contemplado en la Nueva Política Energética de la Secretaría de Energía que definió como prioritario el compromiso de la entrega física de la energía, y que considera tanto los costos fijos (instalación para producir energía), como los costos variables (mano de obra y materias primas energéticas) para determinar el orden del despacho.

Actualmente, para determinar qué energía eléctrica se compra primero para suministrarla al Sistema Eléctrico Nacional, solo se consideran los costos variables (mano de obra e insumos), lo que provoca que lo generado por CFE en sus plantas quede al último y muchas veces no se despache. Asimismo, los contratos se establecen con las empresas de manera previa a la entrega de la energía y sin obligación a que esta entrega se dé físicamente, trayendo como consecuencia que en ocasiones se pague a las privadas de eólica y solar por energía que no entregan físicamente. Esa pérdida la asume CFE, sumado a la imposibilidad de venta de la energía que genera por ser considerado únicamente el costo variable y no el total. Así, CFE no solo está en desventaja por un criterio que considera de manera parcial y simulada los costos, sino que también debe pagar por lo que no le proveen las empresas privadas. Entonces, la iniciativa del Presidente no atenta contra el libre mercado. Lo que atenta contra el libre mercado es la dinámica actual. Esto sin considerar que a la CFE, siguiendo con los lineamientos constitucionales, no se le debe tratar como cualquier otra empresa, pues es la empresa del Estado que atiende un área considerada estratégica ‒aunque los abusos leguleyos de administraciones y legislaciones pasadas, hayan logrado modificar tramposamente el marco legal para que sea tratada igual o, en realidad, peor que las empresas privadas‒. 

Dado lo anterior, con la modificación propuesta por el Presidente se logrará que el despacho de la energía eléctrica sea, habitualmente: primero, la energía producida en las hidroeléctricas; segundo, lo generado en otras plantas de CFE y posteriormente las centrales de ciclo combinado de las productoras independientes de energía amparadas por la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE); tercero, la energía eólica o solar de particulares, y al final la energía de ciclo combinado de empresas privadas. Si desmenuzamos este orden, las empresas privadas aparecen en todo el despacho, desde el primero hasta el último lugar, pues según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de los 100 permisos otorgados para centrales hidroeléctricas ‒ puestas en primer lugar‒ 40 corresponden a empresas privadas. En segundo lugar están consideradas las Productoras Independientes de Energía de ciclo combinado ‒empresas privadas protegidas por la abrogada LSPEE‒ que, según datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, producen el 66% del total de generación privada en el país; los dos últimos consideran en su totalidad a las empresas privadas. 

Precisando con mayor detalle sobre la situación actual de la industria y mercado “libre” de la energía eólica en México, se debe señalar que al ser muy altos los costos fijos respecto a los variables, su rentabilidad es muy baja, tanto por su generación intermitente de energía (pues solo funcionan cuando existen corrientes de aire que muevan las turbinas, lo que no les permite ser suministradoras constantes en el mercado), como por el tiempo en que regresa lo desembolsado en su instalación para la reinversión. Desde luego, ellas no asumieron dicho problema, sino que éste fue resuelto mediante el mecanismo de subvención al que sometieron a la CFE, para que subsidie ‒de distintas maneras‒ la inversión en energía eólica, como: precios preferenciales, coberturas y respaldos de préstamos recibidos por las empresas privadas; la obligación de subastas para que la CFE adquiera suministros de energía extras y no por sus filiales; los contratos pactados para ser cumplidos por años, lo que garantiza a estas empresas privadas tener un mercado cautivo que les asegure la compra sin tener que competir en un mercado abierto, entre otras. Dichos privilegios industriales y mercantiles han llevado a que, en México ‒según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)‒ haya concentración del 90% en la construcción de parques eólicos en tres empresas: Siemens Gamesa, Nordex-Acciona y Vestas. En términos de los permisos otorgados para la tecnología de generación de este tipo de energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) arroja que, de 53 permisos que están en operación, 28 pertenecen a 9 empresas dominantes, entre las que están las españolas Acciona e Iberdrola. Datos que muestra una situación muy cercana a un oligopolio, dentro del tan defendido por la derecha, “libre mercado en México”. 

Viendo esto, la iniciativa del Presidente Andrés Manuel no atenta contra el libre mercado, sino que apenas logra establecer condiciones para que deje de haber desventaja entre las empresas de generación de energía eléctrica y ahora sí, se puede hablar de competencia en condiciones mínimamente justas. 

“La iniciativa atenta contra el medio ambiente…”

Actualmente, solo se puede utilizar una parte de la energía que proviene de las hidroeléctricas de la CFE, lo cual es una aberración que se resolverá con esta reforma; pero, además, muestra el falso supuesto interés por el medio ambiente de la oposición. En la actual Ley de Industria Eléctrica se discrimina a la energía hidráulica como renovable, pues coloca en primer término a las energías eólicas y solares por el modelo de negocios que representan, y a la hidráulica la pone solo como limpia y no como renovable, siendo que ‒por la condición geográfica y natural de nuestro país‒ es la que más ha aportado y puede aportar al desarrollo de la industria eléctrica nacional. Desecharla perjudica al país, en tanto se desperdicia el principal recurso natural del que se dispone y de infraestructura ya instalada.

Por otro lado, la generación de energía que el neoliberalismo ha priorizado ‒como la eólica‒ poco aporta a la conservación del ambiente por sus requisitos permanentes de respaldo y los perjuicios que ocasiona son muy grandes. Tal es el caso ejemplar del Istmo de Oaxaca: las empresas privadas pasaron por encima de las comunidades para instalar las plantas de energía eólica, dividieron a las comunidades y tienen ganancias enormes a costa de las tierras comunales; energía limpia, prácticas sucias. 

No hay que equivocarnos en los argumentos: la derecha no está haciendo una crítica a supuestos errores de la Iniciativa con carácter preferente del Presidente, sino que está defendiendo intereses de quienes se han constituido como sus patrones históricamente. La pugna que se da en este terreno es entre la preservación de un país soberano, como México, y las ganancias empresariales de enormes emporios de la energía a costa de la CFE, las finanzas públicas y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Mexicano. 

Por eso no nos cansaremos de repetir, que, en la defensa de esta iniciativa, está la defensa de la Nación, está la defensa del pueblo de México a quien le debemos todo y junto al que seguiremos luchando. 

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