A 72 años del derecho al voto de las mujeres mexicanas
El 17 de octubre de 1953, se reconoció en México el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas: un triunfo histórico tras décadas de organización, resistencia y reclamos públicos que abrió la puerta para que las mexicanas comenzáramos a disputar, paulatinamente, los espacios de decisión pública, de representación popular. “No llegamos solas” es la constatación de que el acceso a la vida política y social que hoy disfrutamos —y que todavía estamos construyendo— fue posible gracias a la acumulación de lucha colectiva, reformas legales y políticas públicas orientadas a ampliar la inclusión. En ese sentido, la llegada de la primera Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, es un hito simbólico y práctico: simboliza el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para gobernar al más alto nivel y conlleva la posibilidad real de que las prioridades y los lentes con perspectiva de género se integren de forma sistemática en la agenda pública. Al mismo tiempo, y tal como la misma Presidenta lo ha demostrado, la Presidencia no sustituye las demandas históricas, las potencia.
En los primeros meses de esta administración se han impulsado iniciativas y programas concretos que deben reconocerse: la creación o fortalecimiento de programas del Bienestar orientados a mujeres, como Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Universal “Rita Cetina” para educación básica, el programa Salud Casa por Casa y Tejedoras de la Patria, entre otras acciones dirigidas a garantizar servicios, ingresos y protección social para sectores femeninos vulnerables. Estas medidas buscan incidir en condiciones materiales que históricamente han limitado la autonomía de muchas mujeres.
A nivel constitucional y legislativo hubo movimientos relevantes: en 2024-2025 se promovieron reformas y paquetes de iniciativas para blindar la igualdad de género en normas superiores, y para ampliar obligaciones del Estado en materia de protección a las mujeres; varias de estas propuestas implican cambios en artículos fundamentales de la Constitución. Sin embargo, la diferencia entre enviar iniciativas y verlas convertidas en políticas efectivas, es mayor de lo que quisiéramos. El ritmo legislativo ha mostrado cuellos de botella: pese a la agenda presentada por la Presidencia, sólo un número reducido de iniciativas con perspectiva de género había sido aprobado en el primer tramo de la gestión, lo que evidencia la necesidad de urgencia política y capacidad para traducir propuestas en leyes y recursos… y en ello se está trabajando.
No se debe minimizar, además, el valor de la paridad y de la presencia femenina en los parlamentos y gobiernos locales. Las elecciones recientes y las reformas de paridad pusieron a México en una situación inédita: la Cámara de Senadores/as y Diputados/as alcanzó una conformación paritaria e incluso mayoritaria en mujeres, lo que demuestra que la igualdad formal puede generar cambios estructurales, pero también pone sobre la mesa la responsabilidad de transformar esa representación en acciones públicas concretas y en sororidad institucional.
Tampoco podemos ignorar que existen pendientes urgentes en materia legislativa y de políticas públicas, pero debemos asumir que muchas de estas tareas requieren no sólo reformas legales, sino presupuesto, coordinación interinstitucional y vigilancia ciudadana. El paquete de iniciativas enviado por la Presidencia y los nuevos programas sociales van en la dirección correcta… su impacto dependerá de la velocidad y calidad con que el poder Legislativo, los Estados y Municipios los traduzcan en derechos tangibles.
La participación de las mujeres en la vida pública transforma prioridades, mejora la provisión de servicios públicos y tiende a incrementar la transparencia y la sensibilidad hacia problemáticas sociales olvidadas. La igualdad no es un asunto exclusivo de las mujeres; es una condición para sociedades más sanas, más justas y más prósperas. Invertir en igualdad es invertir en bienestar ciudadano: mejores políticas de salud, educación, cuidado y seguridad benefician a los hogares enteros, a la economía y a la cohesión social.
Hoy podemos celebrar el camino recorrido —72 años desde el reconocimiento del sufragio femenino— y al mismo tiempo ser exigentes y redoblar compromisos con nuestro género y con toda la nación. Que la llegada de una Presidenta mujer no sea el punto final de una historia, sino un impulso para acelerar transformaciones estructurales. No llegamos solas: nos traen las generaciones que nos antecedieron, nos acompaña la agenda feminista y nos obliga la urgencia de justicia social. Cuando las leyes, las políticas y la cultura se ponen al servicio de la igualdad y la justicia, gana la sociedad entera. Esa es la tarea —y la promesa— que nos corresponde cumplir.
