Pluma Patriótica

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Lawfare: Latinoamérica en disputa

Las tensiones políticas que se han generado en América Latina desde inicios del siglo XXI han venido enfrentando a proyectos políticos disimiles y contradictorios; los unos, apegados a los dictados del Consenso de Washington y siguiendo los preceptos del programa neoliberal; los otros, esfuerzos soberanistas, populares y progresistas que han ganado terreno con contundencia y con un amplio apoyo de la base social.

Las tensiones han sobrepasado a la esfera política y se vuelcan en el ámbito social, cultural, identitario, mediático, entre otros; nadie escapa de asumir partido o filias y fobias ante la inminente transformación de la región; esta dinámica ha generado que la conflictividad encuentre nuevos derroteros en la construcción de una realidad pujante y en la resistencia a la modificación del estado actual de las cosas.

La lucha política ya no solo se libra en la arena electoral, exaltado escenario de la democracia procedimental, que ya no es suficiente para dar cause a las contradicciones y desencuentros que conflictúan a los países de nuestra América; nuevos actores intervienen y se posicionan como protagonistas en el ejercicio del poder, la influencia y la orientación del devenir de las naciones del continente.

El espíritu republicano que invadió nuestro continente durante el siglo de su emancipación encontró en el ejemplo de la Asamblea Nacional Francesa (1789) la división de poderes como la forma de establecer un equilibrio en el que se impidiera el abuso del poder y la paulatina implantación de una tiranía; en los hechos, los poderes de Estado han funcionado mayormente subordinados a los designios de quien ostenta el poder ejecutivo, máxime en los capítulos más oscuros del autoritarismo de nuestro continente.

Sin embargo, el siglo XXI ha modificado esta tendencia dando un viraje no necesariamente optimista, ya que los poderes del Estado han servido en muchas ocasiones de caldo de cultivo para conspiraciones y esfuerzos golpistas, operados desde cuestionables marcos de institucionalidad; así Tribunales y Legislaciones han prestado sus esfuerzos, recursos y poder para deponer a los proyectos progresistas de la región.

El lawfare es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a la lucha política llevada al campo legal, en el que los poderes legislativo y judicial operan desde “arriba” con amplio margen de maniobra y recursos para violentar el equilibrio de poderes y entorpecer, perseguir o deponer a los gobiernos populares.

Hace uso faccioso de la ley, estableciendo un doble racero para amigos y enemigos, se esfuerza por judicializar a la política violentando la voluntad popular, impone, sanciona y modifica leyes que ponen en riesgo a la democracia, criminaliza y persigue líderes políticos y populares, se allega y fortalece de medios de comunicación masiva afines, expertos locales y extranjeros, noticias falsas, linchamientos mediáticos y casi siempre, se apoya de organizaciones supranacionales, lideres de opinión u organizaciones afines al gobierno de los Estados Unidos.

Se utiliza a todo el aparato para condenar y señalar a quienes serán la o las víctimas de la persecución, se reproduce el mensaje hasta que logre permear en la opinión pública y solo hasta que eso ocurra, se comienza la búsqueda de pruebas —las cuales son intrascendentes—; el linchamiento ya está en curso y la condena —judicial, política, mediática o moral— será ejecutada de cualquier modo, sin importar que nada pueda ser probado, que no haya nada que condenar, el aparato se echa a andar para aniquilar la credibilidad del adversario, tarea fácil en comparación con la titánica que resulta desmentir y reparar el daño que persigue por años y estigmatiza a las víctimas.

Como prueba, está el caso el Lava Jato en Brasil, encaminado a destruir el gobierno de Dilma Rousseff, desprestigiar a Luis Ignacio Lula da Silva y minar al Partido de los Trabajadores; un escándalo altamente mediatizado pero carente de pruebas y testigos contundente que, no obstante, fue suficiente para deponer a la Presidenta y llevar preso 580 días a Lula, impidiendo su candidatura presidencial en 2017.

El más visible operador de esta maquinación fue el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Fernando Moro, quien fue evidenciado posteriormente por el periodista Glenn Greenwald y su medio The Intercept como autor de un montaje maquinado con fines puramente políticos y golpistas.

En el Ecuador de Lenin Moreno, el expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política, tiene más de 40 procesos judiciales abiertos y ha sufrido persecución ante la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones.

En Argentina, se culpó en 2015 a Cristina Fernández de Kirchner, sin pruebas, del asesinato del Fiscal Alberto Nisman; cuando el caso fue desestimado por las autoridades los medios de comunicación no replicaron el veredicto con la misma virulencia con la que habían difundido el señalamiento.

En Bolivia, la OEA realizó un informe que daba cuenta de supuestas irregularidades durante la elección presidencial de 2019; medios nacionales e internacionales magnificaron el documento provocando una crisis política y el posterior golpe parlamentario que depuso al MAS y a Evo Morales del poder.

En México, recordamos el caso del desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien entre 2004 y 2005 fue sometido a un proceso legislativo para retirar su fuero constitucional; la operación se realizaba desde la oficina presidencial de los Pinos, a cargo de Vicente Fox y tenía como objetivo minar las aspiraciones presidenciales de AMLO para 2006.

Hay muchas y claras señales que los países de Nuestra América han sufrido en los últimos años en las que se puede advertir el uso de los poderes para la ejecución de lawfare con fines golpistas y de sabotaje ante los proyectos progresistas; debemos ser observadores de la correlaciones de fuerzas, movimientos y acciones del Legislativo, el Judicial, el INE y demás actores de la alta política del país ante el triunfo de la Cuarta Transformación, no podemos desoír los llamados de alerta que desde el sur del continente nos ponen en antecedente.

Justo a respecto de la elección de la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lucía Piña Hernández, habrá que observarse la orientación que este poder va tomando con respecto a su relación con el Ejecutivo; sin dejar de destacar la importancia de que una mujer con sus años de trayectoria asuma el máximo cargo del poder judicial en su historia, sin menoscabo de sus relevantes y progresistas posiciones ante la despenalización del aborto, los derechos de la comunidad LGBTTTI y el uso recreativo de la marihuana, no podemos dejar de observar que su llegada a la Suprema Corte de Justicia fue a propuesta del entonces Presidente Enrique Peña Nieto y que en su paso por este poder ha votado 3 de 18[1] veces a favor de proyectos impulsado por el Gobierno Federal.


[1] Según el periódico Reforma.

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