A principios de enero de 2026 entrará en vigor diversas reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida como Ley Arancelaria, la cual introduce nuevos esquemas comerciales dirigidos principalmente hacia Asia. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, México importa de la región asiática hasta diez veces más de lo que exporta, lo que ha sido el argumento central del gobierno federal para justificar la medida, bajo la premisa de fortalecer la recaudación aduanera y reducir el déficit comercial.
Entre los países potencialmente más afectados se encuentran China, Corea del Sur, Tailandia e India, impactando sectores estratégicos como el automotriz, textil, de muebles, plásticos, acero y aluminio. Resulta particularmente relevante el caso de China, país con el que México no mantiene un tratado de libre comercio y que, sin embargo, se ha convertido en el segundo mayor exportador hacia el mercado mexicano, solo por debajo de Estados Unidos, con quien México sí mantiene un acuerdo comercial formal.
Si bien es cierto que México enfrenta un importante déficit comercial con China, la imposición de aranceles no puede analizarse únicamente desde una lógica económica. La medida parece responder también a factores de carácter político y geoestratégico, particularmente en el marco de la relación bilateral con Estados Unidos. En este sentido, la reforma adquiere tintes proteccionistas que se alejan de la tradición comercial mexicana y se aproximan más a la visión estadounidense. De ahí que pudiera parecer que Libre comercio mexicano, se encuentra bajo supervisión extranjera.
Esta postura se refuerza al observar que, en meses recientes, el presidente Donald Trump impuso aranceles a productos mexicanos que incorporan componentes de origen chino, lo que ha obligado a una reconfiguración de las cadenas de suministro. A ello se suma la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que busca reducir de manera sistemática la presencia económica y tecnológica de China, no solo dentro de su territorio, sino también entre sus principales socios comerciales, como lo es México.
Para México, esta coyuntura resulta particularmente delicada. Estados Unidos y Canadá continúan siendo sus principales socios comerciales, lo que ha llevado al país a adoptar una postura de cooperación para salvaguardar el T-MEC. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que el ritmo y la dirección de la política arancelaria regional han sido marcados, en gran medida, por Estados Unidos. México se ha visto atrapado en una disputa entre potencias globales, enfrentando presiones comerciales que se intensificaron conforme Washington endureció sus restricciones.
En este contexto, todo apunta a que México ha optado por alinearse con la estrategia estadounidense. Más que una decisión autónoma de política económica, la reforma arancelaria parece reflejar nuestro país una toma de partido hacía su vecino del norte.
En mi opinión, lo verdaderamente preocupante es que las decisiones de política comercial mexicana parecen estar siendo tomadas desde la urgencia y bajo presión de externos. Resulta evidente para cualquier mínimamente informado que su estrategia ha sido abiertamente proteccionista, utilizando de manera sistemática el chantaje y castigo comercial. Frente a este escenario, México no puede limitarse a reaccionar ni a ceder por inercia. El país requiere una política exterior y comercial más pragmática, estratégica y autónoma, capaz de defender sus propios intereses sin supeditarse permanentemente a las presiones de Estados Unidos.
