La LXV legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados, que inició el 1 de septiembre, estará conformada por 250 mujeres y 250 hombres. La integración paritaria de la Cámara baja sin duda es un gran avance para la representación política en México, en una esfera en la que históricamente los hombres han tenido más espacios y oportunidades. Sin embargo, cabe analizar las asignaturas que continúan pendientes en esta materia.
Se trata de un proceso que inició en 1993, cuando en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se recomendó a los partidos políticos la participación de las mujeres. Posteriormente, en 1996, en el artículo 175 del COFIPE se estableció que las candidaturas no debían exceder el 70% para un mismo sexo. En 2002, se modificó este artículo para establecer que la representación máxima por sexo fuera del 70%; es decir, pasó de hacer obligatorias las candidaturas a garantizar espacios en los órganos legislativos para las mujeres. En 2007 y 2008, el porcentaje máximo pasó de 70% a 60% para representantes del mismo sexo. En 2014, la paridad en representantes para el congreso federal y los legislativos estatales llegaría a rango constitucional. Adicionalmente, en 2019, la aprobación de la Reforma Constitucional de Paridad de Género (Paridad en Todo) extendió este principio a todos los cargos de decisiones públicas.
Así, la brecha de género en la composición de la Cámara baja fue cerrándose paulatinamente en las últimas tres décadas: pasó de tener 8.8% de mujeres en la legislatura LV (1991-1994) a 50% en la LXV (2021-2024). Sin embargo, al analizar solamente la integración general de los cuerpos legislativos ignoramos algunos aspectos que son fundamentales sobre su funcionamiento, las responsabilidades de las y los legisladores, su capacidad de incidir en la toma de decisiones y la perspectiva incluida en la legislación.
Si bien en la medida en que haya más mujeres en las cámaras legislativas será más probable que ocupen cargos donde tengan mayor incidencia, esto no se ha reflejado en todos los órganos internos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque en la LXIV legislatura, concluida recientemente, 48.2% de las curules fueron ocupadas por mujeres, el porcentaje se redujo al observar las comisiones legislativas presididas por personas de este sexo (43.5%). En lo que respecta a los órganos de gobierno, dos mujeres presidieron la Mesa Directiva durante dos de los tres años; no obstante, llama la atención que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), integrada por las coordinaciones parlamentarias y que constituye el principal órgano de decisiones políticas, no haya tenido a una sola representante mujer. Lo mismo pasará durante los próximos tres años, salvo que algún partido decida cambiar a su actual coordinador parlamentario.
De acuerdo con ONU-Mujeres, el principio primordial de la paridad es redistribuir el poder público entre hombres y mujeres. En este sentido, aunque se han dado pasos en la dirección correcta, aún queda mucho por hacer: además de lo ya mencionado sobre la integración de la JUCOPO, habrá que prestar atención a la distribución de las presidencias de las comisiones legislativas en esta legislatura que apenas inicia, las cuales serán fundamentales en la legislación que se apruebe durante los próximos tres años y en la posibilidad de que ésta incluya la perspectiva de las mujeres.
