La ENIGH 2024 llegó para poner las cosas en su lugar. Frente a quienes miran el vaso medio lleno y quienes solo ven retrocesos, los datos del INEGI no opinan: documentan. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, elaborada cada dos años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no predice el futuro ni fabrica esperanzas. Lo que hace es registrar con rigurosidad lo que ya ocurrió: cuánto ganan las familias, en qué gastan, cómo viven. Y lo que ocurrió en este país en los últimos años no se puede negar.
Aunque todavía falta que el CONEVAL publique los datos oficiales de pobreza el próximo 13 de agosto, las estimaciones preliminares ya muestran una tendencia inconfundible: entre 2022 y 2024 habría disminuido tanto la pobreza como la pobreza extrema. Pero el dato más potente es el acumulado: casi 10 millones de personas habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2024. Sería la reducción más importante en décadas. Décadas de una larga noche neoliberal en la que la pobreza parecía parte del paisaje. Décadas de precariedad normalizada, de salarios pisoteados y derechos marginados. Para dimensionarlo: entre 2008 y 2018, la pobreza apenas se redujo en 2.5 puntos porcentuales. Entre 2018 y 2024, se habría reducido cerca de 10 puntos. Y todo esto, logrado a pesar de la pandemia global, de la crisis económica internacional y de haber recibido un Estado despedazado por la corrupción y el abandono.
Esta transformación tiene nombre: salario. El aumento sostenido del salario mínimo, el fortalecimiento de los derechos laborales y una reforma profunda en la materia, que va recuperando el poder de negociación de las y los trabajadores, cambiaron la lógica del país. A diferencia de las advertencias catastróficas de quienes defendieron el viejo régimen, no hubo inflación descontrolada, no hubo fuga de inversiones, no hubo desempleo masivo. Al contrario: hoy, el ingreso por trabajo representa más del 65 por ciento del ingreso de los hogares mexicanos. Es falso que este país se mantenga con programas sociales. Lo que sostiene a las familias es su trabajo, y lo que sostiene al trabajo es un gobierno que decidió dejar de castigar a su pueblo. En la frontera norte, por ejemplo, los ingresos se triplicaron respecto a 2018. Esa es la prueba concreta de que subir salarios no espanta a nadie. Lo que espanta es seguir condenando a la mayoría a la pobreza permanente.
Las transferencias sociales, pensiones, becas y apoyos a grupos históricamente marginados han contribuido a mejorar el bienestar. Pero también han permitido corregir fallas estructurales que durante décadas dejaron fuera a millones. Eso no quiere decir que todo esté resuelto. Persisten desafíos reales: la mitad del decil más pobre aún no accede a programas sociales. La identidad jurídica (tener CURP, acta de nacimiento, identificaciones) sigue siendo una deuda para muchas personas, y sin ella no hay derechos garantizados. También subsisten brechas importantes entre hombres y mujeres, tanto en ingresos como en trabajo de cuidados.
No se debe ignorar que la pobreza extrema sigue afectando a millones. Aunque se redujo, erradicarla requiere mucho más. Requiere una política pública de Estado, activa y territorial, que llegue hasta las comunidades más alejadas, con soluciones reales y sostenidas. Hoy, quienes siguen en pobreza extrema no son los olvidados de este gobierno, sino los más difíciles de alcanzar. Y por eso mismo, lo que viene exige más presencia estatal, más inversión y más compromiso.
Pero los datos están ahí. No son promesas ni discursos. La ENIGH muestra que hoy hay más alimentos en la mesa, el gasto promedio en alimentos fuera del hogar aumentó más de mil pesos mensuales, más transporte, más educación, más consumo digno. Incluso en los hogares con menos ingresos. La pobreza se mide también por carencias, y en casi todos los rubros, salvo salud, hay mejoras. Eso es resultado de una política económica distinta. Una que puso a las personas en el centro. No al mercado. No al déficit. No a la obsesión por las buenas calificaciones de las calificadoras internacionales, esos añejos gurús que justificaron medidas despiadadas contra las clases más bajas. Esta nueva política tiene nombre: humanismo mexicano.
Durante años nos dijeron que el crecimiento económico era el único indicador que valía. Que si el Producto Interno Bruto subía, todo estaba bien. Pero el PIB no mide hambre ni mide justicia. Hoy sabemos que se puede crecer poco y redistribuir mucho. Que el desarrollo no es acumulación, sino bienestar. Que cuando la riqueza se reparte, la vida mejora. No hay mayor prueba de salud económica que una mesa servida, una casa en pie, una niña con mochila nueva.
La derecha insiste en que esto es temporal. Que ya veremos. Que el populismo pasa factura. Pero lo que muestran los datos es otra cosa: el camino de la transformación no solo es justo, también es eficaz. Funciona. Cambia vidas.
En los próximos días vendrán más cifras, más interpretaciones, más ruido. Pero no perdamos de vista lo esencial: los millones de historias concretas detrás de cada número. Gente que hoy come mejor, vive mejor, decide mejor. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que estamos defendiendo.
