El Banco Nacional contra la Violencia Hacia las Mujeres, conocido como BANAVIM, fue creado en 2007 a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Inició su operación en 2008, siendo administrado inicialmente por la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hace cinco años, propusimos que fuera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), adscrita a la Secretaría de Gobernación, la responsable de administrarlo, lo que hoy ya sucede.
Esta instancia virtual nos permite conocer los datos y cifras sobre las violencias contra las mujeres y, según el Artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es alimentado por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). A raíz de las modificaciones de la estructura de la Administración Pública Federal, el BANAVIM quedó en la SEGOB, primero en la Dirección General de Estrategias de Derechos Humanos y actualmente en CONAVIM.
El BANAVIM es la instancia que debe realizar el registro estadístico para identificar las violencias en todas sus modalidades y tipos, como la feminicida, y que los datos permitan identificar y diseñar políticas públicas para prevenirlas.
El Banco es alimentado por una diversidad de instancias, pero no las mismas en todas las entidades federativas. Hasta 2020, solo 17 entidades -Colima, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Nayarit, Estado de México y Yucatán- proporcionaban datos de manera constante a partir instituciones tales como las fiscalías estatales, las instancias de las Mujeres, ya fueran Secretarías o Institutos, las Secretarías de Seguridad Pública, los Centros de Justicia para las Mujeres y los Tribunales Superiores de Justicia.
Una preocupación real que mostramos fue que la captura de la información la realizara personal altamente profesionalizado, que fuera precisa y con tiempos periódicos que permitieran identificar las violencias, así como registrarlas como un insumo para diseñar la política pública, dar seguimiento a los casos de violencia e identificar a l@s actores que intervienen en la prevención, atención y sanción de la misma.
Actualmente no se cuenta con los elementos necesarios para asegurar la trazabilidad en los datos y rastrear a las víctimas a través de los distintos servicios de atención y procuración de justicia. Es notable que las variables de captura no están homologadas, por ejemplo, en el catálogo de autoridades emisoras de órdenes de protección se tenían a 2,514 y se registraron de manera indistinta a las instituciones y personas; esos elementos diluyen la responsabilidad de quien está a cargo de las políticas en materia de violencia contra las mujeres.
A 16 años de la aprobación de la Ley que le dio vida, este banco de datos se debe fortalecer para construir un sistema en donde todas las instancias que lo conforman asuman su responsabilidad.
Desde CONAVIM, propusimos utilizar una metodología para la captura de datos que minimizara errores estadísticos; la homologación conceptual y de formatos para registros administrativos, las variables de captura, generar reportes homologados comparables (por ejemplo, la categoría etnia, “habla indígena”, escolaridad, datos de personas pertenecientes a las mujeres de la comunidad LBTI+, entre otras), garantizar la periodicidad de la información estadística, asegurar la trazabilidad en los datos y poder rastrear los servicios de atención y procuración de justicia que se le otorgaron a las víctimas (la trazabilidad es dar seguimiento a una víctima por los distintos servicios que pasa), asegurar la accesibilidad de los datos para quien debe hacer uso de los mismos, activar medidas de prevención, atención y sanción, crear un sistema en el que usando la CURP se registren los casos de violencia contra las niñas y las mujeres, vincular diferentes ingresos (por el mismo actor o diferente) de la violencia contra una mujer en el sistema y crear un sistema de alertas inmediatas al momento de repetición – sistema de semáforo.
También consideramos de mayor importancia contar con un Consejo Asesor de representantes de instituciones expertas en la materia, a fin de que proporcionaran asesoría técnica, criterios y lineamientos para la evaluación de la consistencia de la información, así como la calidad e idoneidad de los datos que se registran con fines estadísticos.
La Dra. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ha insistido en generar políticas públicas con perspectiva de género, por ello consideramos que deben encaminarse a revertir las condiciones de desigualdad que vivimos mujeres, hombres y personas de la diversidad. El punto de partida es una política institucional, intencionada y planeada para enfrentar las violencias y las desigualdades.
Actualmente, la violencia más denunciada es la familiar y psicológica y sin embargo, ésta no ha disminuido. Estoy convencida que los datos actualizados, homologados y generalizados por todas las entidades federativas, nos permitirán re-diseñar los programas sociales en materia de igualdad, no discriminación y derecho a una vida libre de violencia mediante la reconstrucción de un andamiaje institucional que se proponga la transversalidad, la interculturalidad y la interseccionalidad, que sea efectivo, coordinador, promotor y vigilante de la arquitectura institucional y política, porque los datos sí importan.
