En días recientes, la declaratoria de validez de la elección de personas magistradas y juezas federales marcó el cierre de una etapa clave en el proceso electoral extraordinario mediante el cual se renovó la mitad del Poder Judicial de la Federación.
Este hito, protagonizado por el Instituto Nacional Electoral, representa mucho más que un simple trámite: simboliza la conclusión de la intervención de la autoridad administrativa electoral en un proceso inédito, complejo y profundamente aleccionador para todas y todos los actores involucrados.
Sin embargo, el desarrollo de la elección judicial no se agota con la conclusión de la fase administrativa.
Lo que sigue es, quizás, el episodio más delicado: la resolución de los múltiples medios de impugnación interpuestos por personas candidatas y actores de la sociedad civil.
Resulta especialmente llamativo que muchas de estas impugnaciones provienen de quienes, sin acreditar un interés legítimo, buscan descarrilar un proceso que, si bien es perfectible, arrojó resultados claros y reconocibles.
Sin embargo, no podemos permitirnos la comodidad del autoengaño.
Fingir que la elección judicial fue perfecta equivale a ignorar los “elefantes blancos en la habitación”—esos problemas estructurales y omisiones que, por incómodos que resulten, es indispensable identificar y discutir.
Como advirtieron algunos consejeros electorales, la madurez democrática exige asumir que la primera elección judicial por voto popular nos dejó valiosas lecciones y desafíos insoslayables.
Por ello, en esta serie de colaboraciones me propongo examinar, desde una perspectiva crítica y propositiva, las principales áreas de oportunidad que han quedado al descubierto y que, sin duda, requieren no sólo ajustes legislativos, sino también voluntad política para su transformación antes de la próxima gran cita electoral en 2027.
En particular, propongo cinco ejes que, a mi juicio, deben repensarse a fondo para garantizar que la siguiente elección judicial esté a la altura de las expectativas ciudadanas y de los estándares democráticos de nuestra realidad electoral:
- El procedimiento de selección de candidaturas.
- El modelo de fiscalización electoral.
- Las reglas de campaña y propaganda.
- Los mecanismos de cómputo y asignación de cargos.
- Las omisiones legislativas y normativas.
Hoy me detengo en el primer eje: el procedimiento de selección de candidaturas, cuya revisión resulta prioritaria de cara a una eventual reforma del modelo de elección judicial.
La reforma judicial vigente instauró un diseño híbrido, donde no sólo los tres poderes de la Unión, sino también las autoridades electorales, asumieron funciones sustanciales para dar cauce al proceso de elección de juzgadoras y juzgadores federales.
El desarrollo de la elección se articula en tres grandes momentos: la postulación de candidaturas, la organización de la jornada electoral y la definición de resultados.
De estos, la etapa de postulación representa un auténtico momento cumbre. Aquí, los Comités de Evaluación —uno por cada Poder de la Unión— asumen la compleja tarea de seleccionar a quienes competirán por cargos de elección popular en el Poder Judicial.
No obstante, es en este punto donde emerge el primer “elefante blanco” que debemos atender sin titubeos.
La actuación de los Comités de Evaluación, en esta elección judicial, evidenció vacíos normativos y logísticos difíciles de ignorar.
Por ejemplo, el procedimiento de postulación recayó en equipos reducidos —apenas cinco integrantes por Comité— obligados a procesar miles de solicitudes en plazos sumamente acotados, filtrando expedientes, verificando documentación, evaluando la idoneidad de perfiles y aplicando entrevistas en tiempo récord.
El resultado de esta sobrecarga fue predecible: expedientes incompletos, errores en la transcripción de datos, postulaciones duplicadas, omisión de información clave e, incluso, casos donde la revisión de requisitos de elegibilidad fue insuficiente.
Estas deficiencias, lejos de ser anecdóticas, ponen en entredicho la solidez del proceso de selección de candidaturas y abre pauta a una serie de impugnaciones en cascada.
De ahí que resulte urgente repensar el modelo.
La primera propuesta es aprovechar la experiencia técnica y operativa del INE en materia de recepción y revisión de candidaturas para marcar la diferencia en futuras elecciones judiciales.
No se trata de sustituir a los Comités de Evaluación, sino de promover una colaboración efectiva en la integración de expedientes y la verificación de requisitos, sumando capacidades para garantizar el rigor en esta etapa.
Esta propuesta, lejos de ser exhaustiva, constituye apenas el primer ajuste indispensable si queremos que la elección judicial de 2027 sea no sólo legítima, sino también ejemplar.
La democracia no es un sistema acabado, sino un proyecto en constante perfeccionamiento. Reconocer y debatir los “elefantes blancos” en la elección judicial es el primer paso.
