La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada por Carlos Salinas de Gortari en 1992 mediante una reforma constitucional que la reconocía como una agencia descentralizada del gobierno federal. La entidad que alguna vez fue parte de la Secretaría de Gobernación, a finales de 1999, adquirió autonomía presupuestaria y de gestión, para emprender la encomienda de procurar y promover los derechos humanos en el territorio nacional.
Los últimos tres presidentes han sido todo menos imparciales e institucionales. José Luis Soberanes (1999-2009), promovió junto a Medina-Mora, una acción de inconstitucionalidad para invalidar las reformas al Código Penal del entonces Distrito Federal que despenalizaban el aborto en la capital. Más recientemente, ha atosigado a vendedores ambulantes en redes sociales y, con una acrobacia de alta dificultad, defendió los plagios de la tesis de Peña Nieto. Raúl Plascencia Villanueva (2009-2014), construyó una casa de 20 millones de pesos en el Pedregal mientras estuvo al frente de la Comisión, la cual estaría lista para estrenarse días después de dejar el cargo en noviembre de 2014 y dos meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por último, el actual presidente, Luis Raúl González López (2014-presente), quien investigó el asesinato de Colosio como subprocurador especial de 1996 a 2001 y tuvo varios cargos en gobiernos priistas, ha tenido múltiples diferencias públicas con el presidente López Obrador, incluyendo aquella derivada de los recortes en el presupuesto.
La oficina de ombudsman más cara de Latinoamérica y una de las más caras del mundo —con un presupuesto de más de dos mil millones de pesos en 2018, el cual fue reducido más de 6% en 2019—, a pesar de estar formado por personas genuinamente interesadas en la misión del organismo, sus dirigentes han hecho poco por impulsar cambios estructurales en materia de derechos humanos.
Por otro lado, han hecho mucho énfasis en señalamientos francamente ridículos, como las supuestas violaciones a los derechos humanos de los y las trabajadoras de las estancias infantiles privadas a las que se les quitó presupuesto público, argumentando que el Gobierno Federal estaba atentando en contra de su derecho al trabajo. Además, durante los 11 meses de este sexenio, han promovido 81 acciones de inconstitucionalidad, comparado con las 154 que promovieron durante todo el sexenio de Peña Nieto y las 28 durante el de Calderón.
Sobran ejemplos para argumentar que la CNDH —como muchas otras agencias autónomas— hacen política disfrazada de imparcialidad institucional. Y más que criticar su forma de hacer política, se critica su falta de transparencia, pues constantemente se arropan en supuesta indignación cuando se les hace notar.
AMLO y la 4T están estableciendo una verdadera democracia, con diálogos circulares y rendición de cuentas, y donde hacer política desde las instituciones ya no es un ejercicio unilateral, sin vigilancia ni contrapesos. Como la misma CNDH declaró cuando pidió derecho de réplica, luego de que se publicó noticia de la nueva casa de Plascencia Villanueva: “En la CNDH se considera más que bienvenida la crítica, el análisis y la evaluación que conlleva el libre ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y que alimenta los principios de respeto recíproco entre instituciones y medios en un país democrático y de libertades, visto el respeto recíproco como principio de convivencia política civilizada.”
Renata Turrent. Maestra en políticas públicas por UCLA con especialidad
en trabajo social y licenciada en economía por el Tecnológico de Monterrey.
Profesora de desarrollo económico y género en la UNAM y experta
en políticas públicas con enfoque feminista. Ha trabajado
en el desarrollo e implementación de programas
de reinserción para jóvenes privados de su libertad.
@rturrent
Otros textos de la autora:
