Pluma Patriótica

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Lucha de narrativas por el control de la información

Con el viento en contra, el gobierno tiene prisa por cumplir sus compromisos. Trabaja a marchas forzadas en medio de la adversidad. La pandemia global hace más daño cuando la oposición local es incapaz de extender una tregua para que México se vea menos afectado por un virus que la ciencia no ha podido vencer. Apostar al fracaso de una administración que se declara del lado de los pobres, revela una distorsión enraizada décadas atrás desde la perspectiva del privilegio, que entendió el reparto de riqueza como derecho de un pequeño club cuya membresía ha sido la complicidad en las aguas de la corrupción.

La clave para que un gobierno tenga éxito es que trabaje para incluir a todos los sectores. Son ciudadanos con los mismos derechos, pero cuando se trata de quienes son vulnerables, les fueron arrebatados; son derechos de papel. Desde la óptica del exceso no se comprende que la desigualdad no es obligación ni destino de nadie. Nadie debería ser forzado a ser pobre y la convenenciera excusa de no repartir porque primero iban a crear la riqueza y después compartirla es un mito perverso que reiteraron durante más de treinta años. La riqueza se generó y se quedó en las mismas manos. Este es el mensaje que no se ha contado a ciertos sectores de la clase media, agobiada ella misma por no seguir descendiendo en la escalera del bienestar al que tanto les costó llegar.

La narrativa principal de la resistencia es diluir la incapacidad de los últimos gobiernos y adjudicársela al actual. Si la crítica fuera incisiva, pero cierta, se debería tomar en cuenta. Pero la oposición se ha dedicado a editar de manera falaz la realidad de los temas más sensibles. No se trata de endosar culpas al pasado, pero es innegable que se enfrentan consecuencias heredadas de una guerra no justificada que obliga a mantener una no deseable militarización incluso demandada por los afectados. Cruzar la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, por ejemplo, es un grave riesgo ante la ausencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Tamaulipas es un foco rojo. Nadie pretende que exista un gobierno perfecto; sin embargo, regatear sus avances es mezquino. Inventar lo que no ocurre conduce a la interrogante del subrepticio interés detrás de una campaña mediática de alcance sexenal.

Pocas plumas, pero las hay, sin ser para nada afines al proyecto actual reconocen una exitosa recaudación fiscal, sin aumentar las tasas del IVA ni del ISR y exhibir con pruebas algunas de las muchas huellas de la corrupción. Pero la mayoría sitúan al gobierno como un adversario al que hay que derrotar con armas no permitidas. El sensible caso de las medicinas para los niños que padecen cáncer es posiblemente el más manipulado. No es solo lo que dicen, sino todo lo que editan para, por ejemplo, circular —sin ningún respeto por los enfermos y sus familias— que Hugo López Gatell llamó “golpistas” a los niños con cáncer y a sus padres en su conversación con los moneros de El Chamuco TV.  Alguien es responsable de la edición de lo expresado en ese programa para difundirlo distorsionado en las redes y en los medios.

¿Quién tiene en sus manos la narrativa de la realidad nacional, el Presidente o los medios de comunicación? ¿Qué papel juega parte del capital con capacidad de financiamiento en la campaña nacional del desprestigio presidencial? La presidencia ha sido cercada desde que asumió el poder el nuevo jefe del Ejecutivo. El antiguo coro elogioso de los gobiernos anteriores continuó su camino, pero cambió la tonada al pasar de la lisonja a la crítica construida desde la mentira.

¿Alguien, el gobierno, los medios o el mismo capital, está autorizado a mentir impunemente? ¿Es ético editar o alterar una declaración en un video, en un audio o en un texto? Se entiende y se respeta la defensa de la libertad de expresión, pero, como sociedad, habría que plantear si el despropósito es más bien dar a conocer mentiras como si fuera información veraz, desde cualquier ámbito -incluso el del poder- pero también el de los propios medios. La difusión de lo inexacto o lo distorsionado no debiera tener cabida. Quién es capaz de definir si la libertad de expresión deba abarcar cualquier cosa que se quiera decir incluso cuando sea falsa, o si la libertad de expresión exige que toda declaración tenga el sustento de la prueba. Porque ahora mismo hay algo compartido. Algunos medios han puesto en el banquillo al Presidente y ahora la presidencia ha puesto en el banquillo a las mentiras difundidas. Es un debate necesario. La búsqueda de qué intereses apuntalan qué información es relevante para que el ciudadano esté al tanto y no caiga en el engaño. Si gracias el abasto de medicamentos durante los gobiernos del PRI y el PAN hubo funcionarios que se enriquecieron controlando este mercado, hay claro interés de parte en el patrocinio de falsedades que algunos medios retoman, que luego permean a la conversación en redes abiertas y cerradas como el whatsapp, haciéndose parte de la difamación social en un tema por demás sensible al tratarse de la salud.

¿Cuántas personas lo creen? Quizá los funcionarios a cargo del abasto de medicamentos no hayan sabido ser eficientes, pero esto no justifica que, si ha faltado operación para conseguirlos, se omita el propósito de romper un monopolio que controlaba el mercado de las medicinas. Utilizarlo en el sentido de callar la corrupción de ese mercado y dirigirlo contra los pacientes infantiles está muy lejos de ser ético ni responsable. 

Mientras se acude como testigo a la confrontación de narrativas de la realidad nacional, hay que rescatar lo valioso del cambio en marcha. Los mexicanos realmente quieren despachar a la corrupción no solo de los asuntos públicos sino de todos los sectores.

La contienda por la presidencia no fue contra Ricardo Anaya o José Antonio Meade, sino contra un afianzado régimen, y esto no es poca cosa. Pero la hazaña se puede diluir si no se afianzan los cimientos del nuevo sistema político y distinto modelo económico. Cuando los votos se unificaron en el mismo deseo de cambio entre —los que nada tenían, los que perdían el fruto de su esfuerzo y los que teniendo mucho estaban cansados de la corrupción— sabían que su sufragio era necesario y el voto aceptó estar ahí.  Ahora el proyecto necesita tomar distancia para calibrar sus próximos pasos. Las decisiones que se tomen hoy incidirán en la ruta hacia el 2024. 

El adverso resultado en Ciudad de México es clave. Visto de cerca, la derrota asumida como inesperada tragedia electoral aún no se asimila. No hay tiempo que perder. Si se mira desde una perspectiva amplia de lo que dijeron las urnas es oportunidad no para traducirlas, sino para entender lo que expresaron. El carro completo local que no se obtuvo en una intermedia no bien dimensionada en relación con lo que quería el elector, permite evaluar y corregir el rumbo hacia la batalla electoral del 2024. Bajo otra óptica, la coyuntura abre posibilidades que permiten refrendar el resultado de 2018. Se reconozca o no, la batalla que definió la resistencia, la Cámara de Diputados, la perdió. Los estados apoyaron al gobierno. El sabor agridulce del componente electoral capitalino tiene remedio.

Desde su inicio, este gobierno habilitó cambios que no se creyeron posibles. En sectores del club del privilegio no podían gustar. Lo que hay que desnudar es a los intereses que siguen operando para hacer fracasar la voluntad ciudadana. El objetivo de la oposición es reinstaurar el pasado contra el que los ciudadanos votaron para rescatarse a ellos mismos. Es una distorsión que los cambios que benefician mayorías provoquen enojo en minorías.

El viejo sistema político no fue solo enviado a la banca. No ha querido entender que la gente ya no lo quiere en la cancha, sino fuera del juego. La legitimidad es una prenda que no pudieron presumir ni Carlos Salinas ni Felipe Calderón. Del fraude a la democracia el trecho es enorme.

El gobierno tiene muchos asuntos que resolver y entre todos está el de refutar una narrativa empeñada en distorsionar. México votó por un cambio de sistema: en seis años es imposible desmontar treinta y seis años del desmantelamiento del Estado, de la depredación neoliberal del bienestar, de la cotidianeidad de la violencia y la normalización de la corrupción. Del otro lado parecen luchar para retomar el retroceso que significa aquel insostenible estado de las cosas. 

Una mayoría sigue con la esperanza de que el cambio se afiance. Pese a todas las presiones de las que es objeto, el Presidente requerirá de todo su talento y experiencia y de ese olfato político que lo ha caracterizado para definir cómo conducirá su gobierno después de la elección de medio término. Es una oportunidad que antes nunca tuvo México. No se vale desperdiciarla cuando millones de mexicanos quieren acceder a los beneficios de ese cambio. La responsabilidad está en todos los actores: en los ciudadanos, en la resistencia, en los partidos, en los medios, en el capital y, desde luego, en el Presidente. 

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