La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de retirar la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, es un acto que refleja sensibilidad política y compromiso con las demandas del magisterio mexicano. Este paso, anunciado el 18 de marzo de 2025 tras intensas jornadas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demuestra que el gobierno prioriza la justicia social sobre imposiciones legislativas. La reforma, presentada el 7 de febrero, había generado rechazo por la falta de claridad y el temor a que afectara derechos laborales, como las pensiones y el acceso a vivienda digna, pilares históricos de la lucha obrera
Aunque el retiro de la iniciativa fue un triunfo, la permanencia del magisterio en la plaza evidencia que las demandas van más allá: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, pensiones justas en pesos y no en UMAs, y un sistema de jubilación que respete los 28 y 30 años de servicio. En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con la CNTE, ha delineado decretos internos específicos para el ISSSTE. Por ejemplo, se condonarán deudas del FOVISSSTE que afectan a más de 120 mil derechohabientes, como los casos de créditos indexados impagables que triplicaron su monto original desde 2007. También se congelará la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres, evitando el aumento bianual que imponía la reforma calderonista. Otro decreto permitirá al FOVISSSTE construir 50 mil viviendas sociales en el próximo bienio, priorizando zonas cercanas a centros urbanos, como el proyecto piloto en Iztapalapa, que arrancará en junio de 2025 con 2 mil unidades. El establecimiento de un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas impagables del FOVISSSTE es un paso crucial hacia la justicia económica. Durante décadas, los trabajadores de la educación han cargado con el peso de créditos predatorios que los han asfixiado financieramente.
La reforma educativa neoliberal y punitiva de Enrique Peña Nieto, promulgada en 2013 como parte del «Pacto por México», se presentó como una iniciativa para mejorar la calidad educativa, pero más bien fue una expresión clara de las políticas neoliberales que buscaban desmantelar los derechos laborales del magisterio y someter la educación pública a lógicas de mercado. Su eje central fue la evaluación docente obligatoria, vinculada a la permanencia laboral, lo que la convirtió en un instrumento punitivo más que pedagógico.
En ese carácter punitivo y autoritario se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo autónomo y la implementación de evaluaciones estandarizadas fueron percibidas por los maestros como una afrenta directa a su dignidad profesional. No se tomaron en cuenta las condiciones desiguales del sistema educativo mexicano —escuelas sin infraestructura básica, falta de materiales y contextos de pobreza extrema, especialmente en zonas rurales e indígenas—. En lugar de fortalecer la formación docente o mejorar las condiciones de trabajo, la reforma culpó exclusivamente a los maestros de los rezagos educativos, ignorando las responsabilidades estructurales del Estado. La reforma se alineaba con intereses de organismos internacionales como la OCDE y empresarios como Claudio X. González (a través de Mexicanos Primero), quienes promovían un modelo educativo basado en la competitividad y la precarización laboral, alejado de los principios de gratuidad, equidad y universalidad que debería tener la educación pública.
Con la llegada de López Obrador al poder en 2018, se prometió derogar la «mal llamada reforma educativa» de Peña Nieto, un compromiso que resonó con las demandas históricas del magisterio tales como: Derogación del INEE y fin de la evaluación punitiva, basificación de cerca de un millón de maestros, Aumento salarial, Fondo de Pensiones para el Bienestar, Condiciones laborales y de infraestructura y Fondo de Pensiones.
La reforma de Peña Nieto fue un ataque frontal al magisterio y a la educación pública como derecho social, mientras que los cambios del entonces expresidente Andrés Manuel López Obres y lo que intenta implementar la Presidenta Claudia Sheinbaum representan un avance significativo en términos de justicia laboral y reconocimiento a los docentes. La basificación, el aumento salarial, el Fondo de Pensiones, fortalecimiento del FOVISSSTE. Son pasos hacia la desneoliberalización del sistema educativo, alineados con una visión progresista que busca fortalecer lo público frente a lo privado.
