Desde que la Cuarta Transformación recuperó el control de la política energética, México ha comenzado a superar décadas de desinformación y fragmentación en su sistema eléctrico. El gobierno combinó la resolución urgente de cuellos de botella estructurales con la construcción de un proyecto de largo plazo que garantiza el abasto nacional, promueve la justicia social y refuerza la resiliencia ante el cambio climático.
La modernización de la red de transmisión en el Bajío y el centro del país, con la instalación de nuevos circuitos de alta tensión, ha eliminado puntos críticos que amenazaban el suministro en áreas industriales y urbanas. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de las nuevas plantas de ciclo combinado en Salamanca y San Luis Potosí reforzó la capacidad de generación, aliviando la presión sobre las antiguas centrales de ciclo abierto. Estas acciones han contribuido a estabilizar el sistema ante los picos de demanda, elevar la calidad del suministro y optimizar los costos operativos.
En una reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos avances desmienten los señalamientos sobre la supuesta falta de infraestructura eléctrica. Con ello, demostró que México dispone de la capacidad para atender sus necesidades presentes y proyectar su crecimiento futuro.
El Plan Nacional de Energía 2024–2030, desarrollado por la Secretaría de Energía, la CFE y el CENACE, establece metas concretas que lograrán potenciar parques solares, eólicos e hidroeléctricos de pasada, y se desplegarán nodos inteligentes y centros regionales de almacenamiento basados en baterías y sistemas digitales. Estos centros gestionarán la intermitencia de las renovables y asegurarán la estabilidad ante variaciones bruscas de generación.
La justicia social es pilar fundamental de esta estrategia. Con la transmisión y distribución bajo control público se han eliminado prácticas de “bypass” que encarecían el servicio, y los recursos adicionales se han destinado a tarifas subsidiadas para comunidades rurales, pymes, hospitales y escuelas. Hoy, cientos de miles de hogares en zonas vulnerables cuentan con suministro confiable, mejorando la calidad de vida y fomentando proyectos productivos locales: sistemas de riego, pequeñas industrias y servicios básicos que generan empleo y bienestar.
La creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos como las sequías en el norte, lluvias torrenciales en el sur y huracanes en la costa, impulsan un enfoque de resiliencia. Se han establecido protocolos de restablecimiento en menos de 48 horas tras cualquier contingencia, instalado aisladores especiales, desplegado unidades móviles de generación de respaldo y habilitado sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar y aislar fallas con agilidad. Así se minimizan apagones prolongados y se protege la seguridad y la economía de las comunidades.
Para financiar esta transformación, se impulsa un mercado de financiamiento verde donde la banca de desarrollo y la iniciativa privada compartan riesgos y beneficios. Así, la inversión en energías limpias crecerá sin comprometer el carácter público de la infraestructura crítica.
El gobierno de la Presidenta Sheinbaum ha demostrado que es posible atender con eficacia las urgencias inmediatas mientras se edifica un proyecto estratégico de largo plazo. Fortalecer a la CFE, coordinar al CENACE y consolidar a la Secretaría de Energía como eje rector ha puesto a México en la ruta de una verdadera soberanía eléctrica. Mantener el rumbo fijado en el Plan Nacional de Energía asegurará un legado de energía abundante, limpia y asequible, capaz de sostener el bienestar y el desarrollo sostenible de las próximas generaciones.
