Si bien la corrupción es un lastre de larga data en nuestro país, no fue sino hasta el salinismo que se institucionalizó dando origen a lo que conocemos como neoporfirismo. Este fenómeno conllevó a la creación de una nueva clase política: el PRIAN, una nueva clase “empresarial”, compuesta por quienes se beneficiaron de la privatización de empresas paraestatales, bancos, televisoras, etc.; y una nueva clase de “intelectuales”, los voceros en medios de comunicación tanto en televisión, radio, periódicos, revistas y libros. La premisa de acción de los neoporfiristas es hacer negocios a costa del Pueblo.
La clase política neoporfirista, o sea el PRIAN, el 6 de mayo de 1992 cambió la Ley Minera para entregar concesiones a particulares —hasta por 50 años— para la explotación del oro, la plata y el cobre; eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Asimismo, el 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, ha permitido a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad el cincuenta por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos, al mismo tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Y cada año, las compañías extranjeras (españolas, sobre todo) reciben 80 mil millones de pesos del presupuesto público. (No decir adiós a la esperanza, AMLO 2012).
Este despojo a la nación continuó durante 36 años. Pero gracias al triunfo del Pueblo con la Cuarta Transformación en 2018 se logró que los negocios neporfiristas se truncaran, y ha sido tanto el daño, que aún no hemos acabado de revertir muchas de las llamadas “reformas estructurales”. Pero estamos a buen tiempo, estamos a la mitad del camino. Por ello el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello, la CFE ahora será un organismo con “personalidad jurídica propia”. Se trata de rescatar y fortalecerla, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a menor costo para las y los mexicanos, que todes podamos tener acceso a electricidad y a mejores precios. Desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía. No más sociedades de autoconsumo.
Asimismo, los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, por lo que será el Estado quien intervendrá en su exploración y producción. El litio, que algunas personas llaman el oro blanco del siglo XXI y otros tantos conocen como “el nuevo petróleo”, se utiliza para la manufactura de baterías; es decir, lo encuentras en tu celular, laptop, etc., también se utiliza para aires acondicionados y hasta medicamentos. Nuestro país tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo, localizado en Sonora. Claramente este yacimiento representa una palanca para el desarrollo del país, por eso tenemos que proteger este mineral: que la explotación de este recurso sea de la nación y beneficie a todo el Pueblo. Por eso es tan importante la reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Está en juego garantizar el servicio eléctrico con tarifas justas. Que se acabe de una vez y para siempre el negocio de unos cuantos, que se equilibre la privatización de sectores estratégicos como la generación de energía y extracción de minerales. Cuidemos las riquezas de la nación con la Reforma Eléctrica.
